Entre el guiño de Trump y el petróleo de Sea Lion, Milei reabrió reclamo por Malvinas
El Gobierno anunció sanciones más duras para las petroleras que operan sin autorización argentina y una base naval en Tierra del Fuego.
Javier Milei ocupó los canales de aire en cadena nacional para hablar de un tema que su Gobierno había mantenido en un segundo plano durante buena parte del año: la disputa de soberanía por las islas Malvinas. El mensaje, de apenas 15 minutos, llegó después de que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dijera esta semana que su país "está reevaluando" la postura histórica de neutralidad frente al reclamo argentino, en medio de una tensión creciente entre Washington y Londres por los aportes de defensa dentro de la OTAN. "Las Malvinas son argentinas por historia y por derecho, no hay discusión al respecto", arrancó el mandatario, antes de advertir que "en el mundo corren vientos de cambio favorables a nuestro reclamo".
El eje económico del discurso giró casi por completo en torno a un nombre propio: Sea Lion, el yacimiento petrolero que las compañías Rockhopper Exploration (Gran Bretaña) y Navitas Petroleum (Israel) desarrollan a unos 220 kilómetros al norte del archipiélago. "El proyecto Sea Lion implica algo especialmente grave que no había sucedido nunca: la extracción de un recurso no renovable que pertenece a los argentinos", sostuvo Milei, y fue más allá con una frase que buscó instalar urgencia: "Si no actuamos, en pocos meses tendrán la capacidad material de apropiarse de las reservas de petróleo que yacen bajo nuestro mar".
Un combo de medidas con eje en las sanciones
El anuncio central del mensaje presidencial fue un decreto que busca acelerar los procedimientos sancionatorios previstos por la Ley 26.659, la norma que desde 2011 permite penalizar a las empresas que exploten hidrocarburos en la plataforma continental argentina sin autorización. Según detalló el propio Milei, el decreto instruye a los organismos del Estado a derivar a la Cancillería cualquier incumplimiento detectado, reglamenta un procedimiento más ágil para aplicar sanciones y suma declaraciones juradas obligatorias en los trámites hidrocarburíferos y en el RIGI, con el objetivo declarado de impedir que participen del régimen de incentivos empresas vinculadas a explotaciones no autorizadas en la plataforma continental.
A eso se sumó el anuncio de un proyecto de ley de "Defensa de la Soberanía Nacional" que el Ejecutivo enviará al Congreso con carácter urgente, con la intención de modificar la Ley 26.659 para endurecer las sanciones penales y administrativas y extenderlas a las empresas que presten servicios a quienes exploten hidrocarburos en el área en disputa. El paquete se completó con la confirmación de un DNU para financiar la construcción de una base naval integrada en Tierra del Fuego, un proyecto que, según distintas versiones políticas recogidas tras el anuncio, había comenzado en 2022 y quedó luego demorado.
Milei fue explícito sobre el destino de las sanciones: "Procederemos a inhabilitar de operar en territorio argentino a las empresas involucradas, directa o indirectamente, en proyectos en las islas Malvinas sin autorización argentina". Esas empresas, además, no podrán operar en el territorio continental y podrían enfrentar juicios en ausencia, según precisó el propio mandatario durante el mensaje.
Rockhopper y Navitas, ya sancionadas desde antes
La medida no parte de cero. Rockhopper Exploration fue declarada "clandestina" e inhabilitada para operar en la Argentina durante 20 años mediante la Resolución 133/2012 de la entonces Secretaría de Energía, tras detectar que la compañía desarrollaba operaciones hidrocarburíferas en territorio argentino sin autorización de las autoridades competentes. Navitas Petroleum recibió una sanción equivalente en 2022, a través de la Resolución 240/2022. Lo que cambia ahora, según lo anunciado, es la celeridad del procedimiento y el alcance de las consecuencias, que el Gobierno busca extender a accionistas, directivos y proveedores de esas compañías.
El contexto que motiva el endurecimiento tiene fecha reciente: en diciembre de 2025, Navitas y Rockhopper tomaron la decisión final de inversión para la primera fase de Sea Lion, un paso que en la jerga de la industria petrolera marca el punto en el que un proyecto pasa de la evaluación a la ejecución concreta. Según cifras de la propia Navitas, la primera etapa demanda una inversión de unos US$1.800 millones y apunta a la extracción del primer barril en marzo de 2028, con una producción inicial estimada en 50.000 barriles diarios. El resto de la explotación —hasta completar una vida útil proyectada de 30 años— sumaría otros US$2.100 millones, lo que lleva la inversión total estimada a unos US$3.900 millones. Las reservas probadas y probables ascendían, al 31 de julio pasado, a 314 millones de barriles.
La respuesta de las empresas y el mercado
Rockhopper y Navitas no tardaron en salir a minimizar el impacto del anuncio. En un comunicado conjunto emitido este viernes, ambas compañías sostuvieron que las licencias "legalmente otorgadas" por el gobierno local de las islas siguen siendo válidas, que cuentan con "apoyo total y continuo del Gobierno británico" y que no esperan que lo dicho por Milei tenga "efectos materiales" en las actividades del proyecto ni en el cronograma previsto para completar su desarrollo. El mercado, sin embargo, sí tomó nota: hacia media mañana de este viernes, la acción de Rockhopper caía más del 5% en la Bolsa de Londres, mientras que Navitas retrocedía cerca de un 2% en Tel Aviv.
El Gobierno británico también reaccionó. El ministro de Defensa, Wes Streeting, y el canciller Ed Miliband calificaron como "inamovible" la posición de soberanía del Reino Unido sobre las islas, en una respuesta que apeló nuevamente al principio de autodeterminación de sus habitantes. La prensa británica, por su parte, mostró un tono más escéptico hacia el reclamo argentino: medios como Sky News, The Independent, Financial Times y The Guardian coincidieron en describir la posición de Milei como una lectura oportunista del comentario de Trump, más que como un cambio real en el statu quo de la disputa.
Lo que queda por delante
El anuncio deja, de todos modos, más preguntas abiertas que certezas inmediatas para el sector energético. La primera es si el endurecimiento normativo alcanza efectivamente a modificar el cronograma de Sea Lion, un proyecto que ya cuenta con financiamiento cerrado —US$1.000 millones de deuda senior, según los propios balances de Rockhopper— y con contratos firmados para su desarrollo. La segunda es cómo impactará la nueva exigencia de declaraciones juradas en trámites hidrocarburíferos y en el RIGI sobre otros actores de la industria petrolera argentina, que hasta ahora seguían el tema Malvinas más como una discusión diplomática que como una variable operativa. Y la tercera, quizás la más relevante para la política exterior, es si la señal de Trump se traduce en algo más que una frase suelta ante la prensa británica o si, como advirtió una analista consultada por medios argentinos en la previa del discurso, se trata de una jugada de Washington pensada para presionar a Londres por otros motivos, con Malvinas apenas como daño colateral de una disputa que excede por completo al Atlántico Sur.