Petróleo en Malvinas: arranca la obra de Sea Lion en medio del rechazo de Argentina
La israelí Navitas y la británica Rockhopper iniciaron la construcción de la infraestructura para perforar el yacimiento, ubicado a 220 km al norte del archipiélago, sin autorización argentina.
La exploración offshore en el mar argentino por ahora no logró resultados prometedores
Ya comenzó la construcción de la infraestructura necesaria para desarrollar Sea Lion, el yacimiento petrolero ubicado a unos 220 kilómetros al norte de las Islas Malvinas, en la Cuenca Malvinas Norte. El proyecto está operado por la israelí Navitas Petroleum, que posee el 65% de la participación, junto a la británica Rockhopper Exploration, con el 35% restante. Según la información difundida por ambas compañías, se espera el primer barril de petróleo para el primer trimestre de 2028, con un máximo de producción de 50.000 barriles diarios hacia 2032.
Los trabajos en tierra ya están en marcha, con foco inicial en la preparación del muelle y la base costera en las islas. Durante lo que resta de 2026, las compañías prevén avanzar con la construcción de alojamiento para los trabajadores y con infraestructura adicional de cara al inicio de la campaña de perforación, programada para comienzos de 2027. En paralelo, continúa la fabricación de los componentes de largo plazo de entrega para la Fase 1 del desarrollo, que utilizará el buque flotante de producción, almacenamiento y descarga (FPSO) Aoka Mizu, actualmente en proceso de adaptación técnica.
La Fase 1 apunta a recuperar unos 170 millones de barriles de petróleo mediante pozos submarinos conectados al FPSO. Rockhopper informó, además, un memorando de entendimiento —no vinculante, según aclaró la propia empresa— para incorporar un segundo FPSO que podría sumar otros 125.000 barriles diarios de capacidad si el desarrollo avanza hacia fases posteriores.
El rechazo formal de la Argentina
El avance del proyecto choca con un marco legal y diplomático que la Argentina sostiene desde hace más de una década. La Ley 26.659 exige autorización expresa del Estado nacional para toda actividad hidrocarburífera en la plataforma continental argentina, incluida la zona en disputa con el Reino Unido. Rockhopper fue declarada clandestina mediante la Resolución 133/2012 y luego inhabilitada por 20 años a través de la Resolución 456/2013; Navitas recibió sanciones equivalentes en 2022 por operar sin autorización.
En diciembre de 2025, cuando Navitas y Rockhopper anunciaron la Decisión Final de Inversión que dio luz verde al desarrollo, la Cancillería argentina expresó su "enérgico rechazo" y recordó que toda exploración o explotación unilateral de recursos naturales en áreas sujetas a disputa de soberanía contraviene las resoluciones 2065 (XX), 31/49 y concordantes de la Asamblea General de la ONU, que reconocen la disputa entre Argentina y el Reino Unido e instan a ambas partes a abstenerse de modificaciones unilaterales mientras no exista una solución negociada. El comunicado oficial advirtió, además, que toda persona física o jurídica que participe directa o indirectamente en el emprendimiento queda expuesta a medidas administrativas, legales y judiciales, incluyendo restricciones operativas e inhabilitaciones.
Un proyecto con financiamiento cerrado y cronograma sostenido
Del lado de las empresas, el discurso es de normalidad operativa: proyecto en marcha, cronograma sostenido y cierre financiero confirmado para una inversión total estimada en US$2.100 millones hasta su finalización. El propio conflicto en Medio Oriente tuvo un correlato directo en la planificación del proyecto: por la situación de seguridad derivada de la guerra entre Estados Unidos e Irán, Navitas decidió trasladar de Medio Oriente a Asia los trabajos de adaptación del FPSO Aoka Mizu, lo que sumó unos US$45 millones al presupuesto de desarrollo y un incremento neto de US$5,25 millones en los costos de capital de Rockhopper, según informó la propia compañía.
El gobierno isleño, por su parte, ya aprobó aspectos fiscales, la metodología de valuación del petróleo, garantías para inversores y el acceso a tierras necesarias para el programa de desarrollo de las fases 1 y 2, en un respaldo regulatorio que confirma que Sea Lion funciona también como una apuesta de recursos fiscales propios para la administración británica de las islas. Un proyecto avanza en el terreno mientras la disputa de soberanía sigue, como desde 1833, sin resolverse en ningún terreno.