Con el crudo otra vez en alza, el Gobierno frena otra suba de impuestos a los combustibles
El Ejecutivo postergó hasta octubre los incrementos pendientes del impuesto a los combustibles y al CO2 para aliviar, aun sin garantizar, la presión sobre los surtidores.
El Gobierno volvió a intervenir sobre uno de los componentes que determinan el precio de las naftas y el gasoil y postergó hasta el 1° de octubre la aplicación de los aumentos pendientes en los impuestos a los combustibles, justo cuando el petróleo internacional volvió a superar la barrera de los US$90 por barril.
La decisión fue oficializada este lunes mediante el Decreto 829/2026 y alcanza al Impuesto sobre los Combustibles Líquidos (ICL) y al Impuesto al Dióxido de Carbono (IDC) aplicables a la nafta sin plomo, la nafta virgen y el gasoil.
De esta manera, septiembre comenzará sin el incremento tributario que estaba previsto para este martes. Eso no significa, sin embargo, que los precios en los surtidores queden congelados: las petroleras mantienen la posibilidad de modificar sus valores en función del petróleo, el tipo de cambio, los biocombustibles y el resto de los componentes de su estructura de costos.
Y el escenario internacional volvió a complicarse. El Brent recuperó este lunes la zona de los US$90 por barril después de la nueva escalada militar entre Estados Unidos e Irán y la creciente preocupación por el tránsito de petróleo a través del estrecho de Ormuz.
Una deuda impositiva que sigue creciendo
La particularidad de la nueva postergación es que el monto pendiente de actualización continúa acumulándose. El Gobierno ya no arrastra solamente incrementos correspondientes a períodos anteriores.
El Decreto 829 establece que desde el 1° de octubre deberían comenzar a tener efecto los remanentes correspondientes a las actualizaciones de todo 2024, todo 2025 y del primer y segundo trimestre de 2026.
El sistema establece montos fijos por litro para ambos impuestos y contempla su actualización trimestral de acuerdo con la variación del Índice de Precios al Consumidor (IPC). Sin embargo, el Ejecutivo viene aplicando sucesivas postergaciones y aumentos parciales para evitar que toda la inflación acumulada se traslade de una sola vez a los combustibles.
El propio Decreto 829 muestra la extensión de esa política: desde agosto de 2025 se sucedieron modificaciones prácticamente mensuales del cronograma, con decretos publicados en septiembre, octubre, noviembre y diciembre del año pasado y en enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio, julio y ahora agosto de 2026.
La decisión oficial vuelve así a correr hacia adelante un problema que deberá resolverse más adelante: si el Gobierno aplicará finalmente el incremento acumulado desde octubre o volverá a dividirlo en cuotas para evitar un salto significativo en los surtidores.
El Brent vuelve a cambiar la ecuación
La postergación cobra mayor relevancia por el momento en que se produce. Con un petróleo internacional en retroceso, el atraso tributario podía funcionar como una herramienta para administrar una eventual reducción de los precios locales sin resignar completamente recaudación.
Pero con el Brent nuevamente por encima de US$90, el escenario cambia. La referencia internacional vuelve a ejercer presión en sentido contrario y achica el margen para cualquier reducción de las naftas y el gasoil.
Durante los últimos meses, las compañías absorbieron parte de la fuerte volatilidad internacional sin trasladarla de manera automática a los consumidores. Los precios de los combustibles acumulan en 2026 un incremento promedio cercano al 25%, luego de la escalada que llevó al petróleo internacional a superar los US$120 durante los momentos más críticos del conflicto entre Estados Unidos e Irán.
Posteriormente, la caída del crudo abrió la posibilidad de una recomposición de esa ecuación. Sin embargo, las refinadoras todavía vienen recuperando márgenes después de haber amortiguado parte de los valores internacionales más elevados registrados entre abril y julio.
Septiembre, sin presión impositiva pero con presión externa
El resultado es que el Gobierno elimina para septiembre una de las fuentes de aumento, pero no todas. La actualización impositiva queda neutralizada durante un mes, mientras que la evolución del Brent vuelve a transformarse en el principal interrogante para los precios internos.
La medida también tiene una lectura inflacionaria. Aunque el Decreto 829 sostiene formalmente que la postergación busca “continuar estimulando el crecimiento de la economía a través de un sendero fiscal sostenible”, evitar un salto en uno de los precios de mayor visibilidad y capacidad de propagación sobre transporte y logística contribuye a moderar la presión sobre el índice de precios.
El costo es seguir acumulando una actualización tributaria que, de acuerdo con la normativa vigente, debería comenzar a aplicarse el 1° de octubre.