Federico Sturzenegger cuestionó el "compre local" y abrió un debate clave para la minería y la energía
El ministro advirtió que los cupos provinciales pueden impedir que los proveedores alcancen escala. Las provincias buscan asegurarse empleo local.
Sturzenegger sufrió una pausa en la velocidad de sus reformas
NAEl ministro de Modernización, Federico Sturzenegger, se metió este martes en uno de los debates que comienza a ganar intensidad a medida que crecen las inversiones en minería y energía: hasta dónde deben llegar las provincias para garantizar que una parte del negocio quede en manos de proveedores locales.
“Si en cada provincia vamos a acotar la provisión a pequeñas empresas locales no vamos a poder desarrollar una economía de escala y vamos a hacer que los beneficios de energía y minería no se distribuyan más equitativamente”, afirmó durante la apertura del Foro “Vientos de Cambio”, organizado por la Fundación Libertad y Progreso.
El funcionario apuntó específicamente contra las leyes provinciales de “compre local” que establecen porcentajes mínimos de contratación de empresas radicadas en cada jurisdicción para las compañías mineras, petroleras y de otras actividades económicas.
El planteo introduce una discusión que será cada vez más relevante. Con proyectos mineros que demandarán miles de millones de dólares y una Vaca Muerta que continúa ampliando producción e infraestructura, el desarrollo de una cadena argentina de proveedores aparece como una de las principales oportunidades para multiplicar el impacto económico de las inversiones.
El riesgo de crear mercados demasiado pequeños
La objeción de Sturzenegger apunta a que una excesiva fragmentación provincial podría producir el efecto contrario: en lugar de crear grandes proveedores argentinos capaces de abastecer proyectos en distintas jurisdicciones e incluso exportar sus servicios, podría consolidar pequeñas empresas dependientes de la actividad existente dentro de los límites de una provincia.
El problema no es solamente teórico. Las grandes inversiones mineras y energéticas demandan crecientemente proveedores capaces de ofrecer escala, tecnología, financiamiento, certificaciones internacionales y capacidad para cumplir contratos de gran volumen.
Si cada proyecto debe alcanzar porcentajes rígidos dentro de su propia jurisdicción, el incentivo para que una empresa de San Juan pueda abastecer una mina de Salta, una firma neuquina prestar servicios en Mendoza o un proveedor santacruceño competir fuera de su provincia puede reducirse.
Es allí donde aparece la advertencia del ministro: que la búsqueda de mayor contenido local termine fragmentando el mercado nacional y reduzca las posibilidades de construir compañías argentinas con escala suficiente para competir con grandes proveedores internacionales.
El argumento de las provincias
Del otro lado existe una preocupación igualmente concreta. Las provincias productoras quieren evitar que las grandes inversiones se conviertan en enclaves que extraigan recursos pero generen poco empleo, actividad empresarial o valor agregado en los territorios donde se desarrollan.
Por eso distintas jurisdicciones adoptaron mecanismos de contratación local. Santa Cruz, por ejemplo, establece mediante la Ley 3616 que las empresas alcanzadas deben contratar con proveedores santacruceños al menos el 50% del monto anual destinado a obras, bienes, insumos y servicios. La norma contempla además una preferencia para firmas locales aun cuando sus cotizaciones sean hasta un 15% superiores.
La minería ofrece otros ejemplos. Las regulaciones provinciales históricamente llegaron a establecer participaciones mínimas del 40% al 70% en Salta, 70% en Catamarca y porcentajes todavía mayores en San Juan, aunque las normativas y mecanismos fueron evolucionando con el tiempo.
En hidrocarburos ocurre algo similar. Neuquén desarrolló diferentes instrumentos para favorecer la contratación provincial y llegó incluso a incorporar el porcentaje de compre local como una de las variables utilizadas para otorgar puntaje a proyectos dentro de programas de estímulo a la producción.
Entre eliminar los cupos y cerrar las fronteras
El debate, sin embargo, no necesariamente tiene que resolverse entre dos extremos: eliminar cualquier herramienta de desarrollo local o reservar compulsivamente determinados porcentajes del mercado a empresas provinciales.
Una alternativa es reemplazar los cupos rígidos por objetivos progresivos de contratación y programas concretos de desarrollo de proveedores, condicionados además a que exista oferta local disponible, competitiva y con capacidad técnica para prestar el servicio requerido.
San Juan avanzó precisamente en esa dirección en su nuevo esquema de desarrollo minero. El régimen establece un Plan de Desarrollo de Proveedores Locales que debe proponerse como objetivo alcanzar contrataciones equivalentes al 60% de las adquisiciones directas e indirectas, pero sólo contabiliza aquellos bienes y servicios cuya oferta esté disponible en la provincia y en condiciones de mercado. Cuando esa oferta no existe, esos montos quedan fuera de la base de cálculo.
La diferencia no es menor. El porcentaje deja de funcionar exclusivamente como una obligación aislada y pasa a formar parte de un proceso que exige a las empresas informar contrataciones, avances y estrategias para desarrollar capacidades locales.
También Neuquén modificó recientemente criterios de uno de sus programas de reactivación hidrocarburífera: dejó atrás un ranking que asignaba puntaje directamente según el porcentaje de inversión destinado a proveedores neuquinos y pasó a priorizar variables vinculadas con el sostenimiento del empleo, los proveedores y el impacto sobre la producción convencional.
El desafío que deja el boom de inversiones
La discusión llega en un momento particularmente sensible. La minería argentina se prepara para una nueva generación de proyectos de cobre, oro y litio, mientras Vaca Muerta avanza hacia una escala de producción y exportación muy superior a la actual.
El desafío será conseguir que ese crecimiento desarrolle proveedores argentinos sin transformar las fronteras provinciales en barreras internas.
Sturzenegger ubicó su planteo dentro de la estrategia general de desregulación del Gobierno. “Una regulación limita el uso de los derechos de propiedad”, sostuvo, y aseguró que la administración de Javier Milei buscará mantener ese rumbo durante los próximos años.