El RIGI ya moviliza inversiones por US$127.500 millones y el 63% se concentra en minería
El régimen de incentivo para grandes inversiones (RIGI) podría extender su impacto hasta 2035. La consultora Paspartú analiza las implicaciones de estos proyectos y cuestiona la integración local en minería y petróleo.
Obra de infraestructura energética en la Patagonia argentina bajo el RIGI
ShutterstockEl Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI) ya compromete proyectos por US$127.517 millones, entre iniciativas aprobadas y otras que se encuentran en trámite, según un informe de la consultora Paspartú, dirigida por Juan José Carbajales, quien además es director de IGPUBA.
El relevamiento, con datos al 1° de julio de 2026, contabiliza 20 proyectos aprobados y uno rechazado, con una inversión inicial prevista para los primeros dos años de US$11.436 millones. La inversión mínima en activos computables alcanza los US$28.321 millones y la inversión total proyectada llega a US$46.162 millones. A ese universo se suman 23 proyectos en trámite, más una iniciativa cuya información todavía no pudo ser verificada, por un monto anunciado de US$81.355 millones.
Minería y petróleo concentran el desembolso
La minería representa el 63% de los proyectos, mientras que petróleo y gas explican otro 33%. Mucho más atrás aparecen energía, siderurgia e infraestructura, con 2%, 1% y 1%, respectivamente.
Por provincias, San Juan concentra el 43% de las inversiones, seguida por Río Negro, con 21%; Neuquén, con 11%; y Salta, con 9%. Catamarca y Jujuy aportan 4% cada una, mientras que Mendoza concentra el 3%.
En cuanto al origen del capital, el informe destaca inversiones provenientes principalmente de Europa, Canadá, Australia, Suiza y China, mientras que la participación de Estados Unidos aparece como marginal.
El informe pone el foco en la decisión de extender el RIGI al upstream petrolero, particularmente a los proyectos vinculados con Vaca Muerta. Para Paspartú, la medida profundizó el impulso al sector de petróleo y gas, pero también generó interrogantes sobre la necesidad de otorgar beneficios especiales a proyectos que, según su análisis, ya contaban con viabilidad económica antes de ingresar al régimen.
La consultora sostiene que se trata de inversiones con repagos relativamente cortos, orientadas a la exportación y con capacidad para obtener financiamiento en mejores condiciones. Además, señala que muchas de ellas alimentan infraestructura asociada —como ductos y plantas— que también fue incorporada al RIGI.
El reclamo por mayor integración local
Uno de los principales cuestionamientos del informe apunta a la ausencia de mayores exigencias vinculadas con el desarrollo productivo.
Paspartú plantea que el régimen podría haber incorporado compromisos de integración local creciente, desarrollo de proveedores, transferencia tecnológica, inversión en investigación y desarrollo, participación de empresas públicas y creación de empleo de mayor calidad.
También señala como aspecto a revisar la falta de una reducción progresiva de los beneficios fiscales en función del cumplimiento de metas y la necesidad de asegurar un aporte de divisas de largo plazo.
¿Puede un próximo gobierno cambiar las reglas? El informe también analiza uno de los principales interrogantes para los inversores: la posibilidad de que un futuro gobierno modifique las condiciones del RIGI.
La conclusión de Paspartú es que la probabilidad de una ruptura significativa sería baja, debido al peso económico que adquirirían los proyectos en marcha y a las propias garantías de estabilidad del régimen.
Incluso ante un eventual cambio de signo político, la consultora considera que el volumen de inversiones, actividad, empleo y recaudación asociado a la minería y a Vaca Muerta generaría fuertes incentivos para preservar el esquema.
El informe sí identifica un posible terreno de disputa: la participación del entramado productivo local, especialmente a través de las reglas de desarrollo de proveedores y de negociaciones con los grandes vehículos de proyecto vinculados con Vaca Muerta, GNL y el upstream.
El efecto puede extenderse hasta 2035
La dinámica de inversiones, según Paspartú, no terminaría con el próximo mandato presidencial. El régimen podría generar un efecto de arrastre hasta el período 2031-2035, debido a la ejecución de las inversiones comprometidas por los proyectos ya aprobados.
Para los 20 proyectos que cuentan con aprobación, la consultora estima que existe una inversión remanente de entre US$17.000 millones y US$35.000 millones, dependiendo de los montos finalmente computables.
Y ese volumen podría crecer sustancialmente si se aprueban los proyectos que actualmente están en evaluación, además de las nuevas iniciativas que podrían presentarse durante los meses restantes de vigencia del RIGI.
El diagnóstico de Paspartú, en definitiva, plantea que el régimen ya dejó de ser solamente un mecanismo de promoción: se convirtió en una plataforma de inversiones de magnitud que puede condicionar la estructura productiva argentina durante buena parte de la próxima década.