El Súper RIGI llega al Senado con una carta de más de 1.000 académicos en contra
Firmantes de CONICET, CNEA e INTI piden mayores contraprestaciones en empleo y transferencia tecnológica.
La Cámara alta trata el acuerdo Mercosur/UE y los cambios a la Ley de Glaciares
NAMás de 1.000 académicos, científicos, investigadores y referentes del campo tecnológico de todo el país enviaron una carta abierta a los senadores de la Nación para expresar su preocupación por el proyecto conocido como Súper RIGI. La iniciativa ya cuenta con media sanción de la Cámara de Diputados y atraviesa un tratamiento cada vez más trabado en el Senado, donde el oficialismo todavía no logró reunir los apoyos necesarios para firmar el dictamen que le permitiría avanzar hacia el recinto.
El documento, titulado "La impunidad artificial avanza", cuestiona los beneficios fiscales y la estabilidad regulatoria previstos para las grandes inversiones tecnológicas. Entre los organismos representados figuran investigadores y trabajadores de CONICET, la Comisión Nacional de Energía Atómica, el Instituto Nacional de Tecnología Industrial, la Comisión de Investigaciones Científicas de la provincia de Buenos Aires y la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales, entre otras instituciones.
El proyecto busca atraer inversiones de al menos US$ 1.000 millones mediante un régimen de beneficios fiscales, cambiarios y aduaneros, estabilidad regulatoria por 30 años y mayor seguridad jurídica para empresas tecnológicas transnacionales. Para el oficialismo, esas condiciones permitirán captar capitales de grandes compañías —entre los inversores que se menciona con mayor insistencia figura Peter Thiel— y desarrollar nuevas cadenas de valor vinculadas a la economía digital. Para los firmantes de la carta, en cambio, el esquema resigna herramientas de regulación estatal sin exigir a cambio contraprestaciones equivalentes.
Qué cuestiona la carta
Uno de los ejes centrales del documento apunta al costo de los incentivos previstos. Los firmantes sostienen que la magnitud de las exenciones resulta injustificada frente a la evidencia internacional, que —según argumentan— muestra que los beneficios impositivos no son el principal factor que determina dónde las empresas deciden instalarse. El planteo choca de lleno con el diseño del régimen, que ofrece privilegios fiscales, protección jurídica excepcional y estabilidad normativa de largo plazo sin exigir garantías de empleo local ni transferencia de tecnología.
La carta también establece una comparación entre los beneficios que recibirían las grandes tecnológicas extranjeras y la situación del sistema científico argentino. Los firmantes cuestionan el desfinanciamiento de CONICET y de la Agencia Nacional de Promoción Científica y Tecnológica, la reducción de recursos para las universidades y la pérdida de capital humano especializado, en un contexto que —sostienen— debilita las posibilidades de construir una estrategia tecnológica basada en capacidades propias.
Otro de los argumentos remite al antecedente del litigio por YPF como ejemplo de los costos que puede implicar para el Estado la pérdida de margen de acción frente a mecanismos de arbitraje internacional. Según la carta, ceder competencias regulatorias en sectores estratégicos por un plazo tan extenso podría limitar la capacidad futura de la Argentina para definir políticas públicas propias, incluso ante escenarios que hoy no pueden preverse.
Un tratamiento que se estiró más de lo previsto
El proyecto llegó al Senado con la expectativa oficial de convertirse en ley antes de mediados de agosto, pero el cronograma se fue corriendo sucesivamente. Las comisiones de Presupuesto y Hacienda, Economía Nacional e Inversión y Legislación General —presididas por Agustín Monteverde, Martín Goerling Lara y Nadia Márquez, respectivamente— acumulan ya varias reuniones informativas sin lograr la firma del dictamen. En la última, realizada el 19 de agosto, el secretario de Hacienda, Carlos Guberman, faltó por segunda vez consecutiva —había avisado su ausencia apenas horas antes del encuentro—, mientras se escuchaba a expositores invitados por la oposición que cuestionaron con dureza el impacto ambiental del proyecto.
La demora no es menor: el oficialismo apunta ahora a firmar el dictamen recién el próximo miércoles 26 de agosto, aunque fuentes del propio Senado admiten que ni siquiera esa fecha está garantizada.
A la resistencia ambiental y regulatoria que planteó la carta de los científicos se sumó, esta semana, una traba formal: un grupo de senadores de Unión por la Patria —Juliana Di Tullio, Eduardo "Wado" de Pedro, María Teresa González, Mariano Recalde y Fernando Salino— presentó una nota dirigida al presidente de la comisión de Presupuesto y Hacienda para exigir la convocatoria a audiencias públicas antes de avanzar con el dictamen. El pedido recoge buena parte de los mismos argumentos que atraviesan la carta académica: la falta de contraprestaciones concretas y la preocupación por el impacto territorial y ambiental de los proyectos que podrían acogerse al régimen.
Tampoco los bloques aliados dieron un cheque en blanco. Según trascendió, el radicalismo y otros sectores dialoguistas condicionan su firma a dos cambios puntuales sobre obra pública e industrias, todavía en negociación con el oficialismo al cierre de esta nota.
El proyecto que se discute en el recinto
El texto que avanza en el Senado no es una fotocopia del que salió de Diputados. Incorpora, entre otras novedades, una cláusula de Compre Nacional de carácter flexible y un mecanismo de incentivo indirecto a la investigación y el desarrollo: las empresas que inviertan en I+D o en sistemas de becas locales —como las becas Manuel Belgrano— para promover la transferencia tecnológica podrán computar esos desembolsos al doble de su valor real a la hora de alcanzar el mínimo de inversión exigido por la ley.
Ese mecanismo busca, en teoría, morigerar una de las críticas centrales de la carta: la ausencia de contraprestaciones concretas en materia de desarrollo tecnológico nacional. Resta ver si alcanza para destrabar las objeciones de un sector que, además del reclamo puntual sobre el Súper RIGI, viene de meses de tensión con el Gobierno por los recortes al sistema científico.
Una copia de la carta fue enviada puntualmente a senadores de distintas provincias, entre ellos los representantes de Jujuy, en coincidencia con instancias clave del debate en comisiones. Los firmantes plantean que la decisión final no debería reducirse a una evaluación de corto plazo sobre el volumen de capital que podría ingresar al país, sino contemplar también el impacto sobre los recursos naturales, el empleo y la capacidad del Estado para definir su propio modelo de desarrollo en las próximas décadas.