Nucleoeléctrica, en el freezer: el plan de privatización que Milei no prioriza por ahora
La venta del 44% de la empresa, habilitada en 2025, no avanzó por la discusión sobre su valuación mientras el Congreso debate blindar los activos nucleares.
La privatización parcial de Nucleoeléctrica Argentina (NA-SA), la empresa estatal que opera las tres centrales nucleares del país, quedó en pausa y no figura entre las prioridades inmediatas del Gobierno de Javier Milei, según pudo reconstruirse a partir de la información disponible sobre el estado del proceso. La decisión de avanzar con la venta de una porción minoritaria de la compañía había quedado habilitada en septiembre de 2025 a través del Decreto 695/2025, pero a casi un año de su firma, la operación no logró destrabarse.
El decreto estableció que el 51% de NA-SA permanecerá bajo control estatal, repartido entre la Secretaría de Energía y la Comisión Nacional de Energía Atómica (CNEA), mientras que un 44% del capital se ofrecería en una licitación pública nacional e internacional y un 5% adicional quedaría reservado para los trabajadores de la compañía a través de un Programa de Propiedad Participada. Antes de la firma del decreto, la composición accionaria de NA-SA estaba repartida entre el Ministerio de Economía (79%), la CNEA (20%) y Enarsa (1%). Un dato relevante del proceso es que la versión final del decreto eliminó una exigencia que figuraba en borradores previos: que la CNEA transfiriera su participación del 20% a la Secretaría de Energía antes de la subasta, un cambio que se introdujo después de que esa idea generara controversia, ya que hubiera implicado que la CNEA perdiera su representación en el directorio de la compañía.
La valuación, el nudo que frena la operación
De acuerdo con la información disponible, el principal punto de discusión que frena el avance de la privatización es la valuación de la empresa y la viabilidad comercial de colocar una participación minoritaria del 44% entre inversores privados, en un momento en que el Gobierno evalúa distintas alternativas para obtener recursos y sostener su programa de privatizaciones en otros frentes, como el energético y el de transporte. Vender una porción minoritaria de una empresa que administra activos estratégicos como centrales nucleares no es una operación sencilla desde el punto de vista financiero: un inversor privado que ingresa sin control de la compañía enfrenta condicionamientos regulatorios y de seguridad nuclear que reducen el universo de interesados dispuestos a pagar un precio elevado por esa porción del capital.
La implementación operativa del proceso quedó a cargo de una agencia especial transitoria dependiente del Ministerio de Economía, liderada por Diego Martín Chaher, encargada de definir los procedimientos concretos de la licitación. Sin embargo, esa instancia no logró, hasta el momento, traducirse en un cronograma concreto de venta, lo que explica por qué el propio proceso quedó, en los hechos, congelado.
Un Congreso que discute blindar el sistema nuclear
En paralelo a la pausa del proceso de privatización, ingresó al Congreso un proyecto de ley denominado "Protección y Desarrollo Estratégico del Sistema Nuclear Argentino", que propone declarar estratégicos a distintos activos del sector nuclear y limitar la posibilidad de transferirlos, o de que el Estado pierda el control sobre ellos, sin una autorización legislativa expresa. La sola existencia de esta iniciativa, impulsada desde sectores de la oposición, funciona como una señal de la sensibilidad política que rodea a cualquier intento de privatizar activos nucleares en la Argentina, un sector que históricamente contó con consensos transversales sobre su carácter estratégico, más allá de las diferencias ideológicas entre gobiernos.
Nucleoeléctrica opera las centrales Atucha I, Atucha II y Embalse, que en conjunto suman 1.763 MW de potencia instalada —equivalentes al 4,1% de la capacidad total del sistema eléctrico argentino— pero que, gracias a su alto factor de uso, aportaron el 7,35% de la generación eléctrica real del país durante 2024, y más del 7% durante el primer semestre de 2026. Esa desproporción entre potencia instalada y generación efectiva es, justamente, uno de los argumentos que utilizan quienes cuestionan la conveniencia de privatizar total o parcialmente una empresa que administra una fuente de generación de base tan eficiente y, a la vez, tan sensible en términos de seguridad y de política exterior, dado que la actividad nuclear argentina está sujeta a controles y acuerdos internacionales específicos.
El freno en la venta de Nucleoeléctrica no parece un caso aislado dentro del amplio plan de privatizaciones de la gestión Milei. Otros procesos de venta o apertura de capital de empresas con participación estatal en el sector energético también avanzaron con ritmos dispares en el último año, lo que sugiere que el Gobierno prioriza, dentro de su programa de desinversión de activos públicos, aquellos casos en los que existe mayor certidumbre sobre el interés de los inversores privados y menor sensibilidad política, una condición que Nucleoeléctrica, por tratarse de un activo nuclear, difícilmente cumple en el corto plazo.
Esa cautela oficial también responde a una tendencia internacional: en la enorme mayoría de los países con parques nucleares activos, la operación de las centrales permanece bajo control estatal directo o bajo esquemas de propiedad mixta con fuerte injerencia pública, dado el nivel de sensibilidad regulatoria, de seguridad y de política exterior que conlleva la actividad nuclear. La Argentina, en ese sentido, no sería una excepción si finalmente desiste de avanzar con la privatización parcial de NA-SA.
Qué puede pasar de acá en adelante
El escenario más probable, a partir de la información disponible, es que la privatización de Nucleoeléctrica permanezca en un compás de espera mientras el Gobierno resuelve, por un lado, cómo destrabar la discusión sobre la valuación de la empresa y, por otro, cómo se resuelve en el Congreso la suerte del proyecto que busca blindar los activos nucleares frente a futuras ventas. Ninguno de los dos frentes muestra, por ahora, señales de resolución inminente.
Para el sector energético, el caso de Nucleoeléctrica ilustra una tensión que atraviesa buena parte del programa de privatizaciones del Gobierno: la diferencia entre habilitar jurídicamente una venta —algo que ya ocurrió con el decreto de 2025— y encontrar las condiciones de mercado, políticas y regulatorias para concretarla. Mientras esa definición no llegue, la empresa que opera las tres centrales nucleares del país seguirá funcionando bajo control estatal, con la incógnita abierta sobre si, en algún momento del mandato de Milei, la venta del 44% de sus acciones finalmente se concreta o si el debate legislativo en curso termina por sepultar esa posibilidad de manera definitiva.