Data centers deberán generar su propia energía: el cambio que negocia el Gobierno para el Súper RIGI
El oficialismo aceptaría modificar el proyecto para que las grandes inversiones electrointensivas resuelvan su abastecimiento si comprometen las redes locales.
Centro de datos de Inteligencia Artificial.
ShutterstockEl Gobierno se encamina a aceptar un cambio de fuerte impacto energético en el denominado Súper RIGI para conseguir los votos necesarios en el Senado: los grandes proyectos electrointensivos, con los data centers vinculados a la inteligencia artificial como principal ejemplo, deberán contemplar sistemas propios de generación cuando su consumo pueda afectar el abastecimiento eléctrico de la zona donde pretendan instalarse.
La modificación forma parte de la negociación que La Libertad Avanza mantiene con la UCR, el PRO y bloques provinciales para conseguir este miércoles dictamen del Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones en Nuevas Industrias, que ya cuenta con media sanción de Diputados.
El plenario de las comisiones de Presupuesto y Hacienda, Economía Nacional e Inversión y Legislación General fue convocado para las 13. La intención del oficialismo es conseguir despacho y llevar el proyecto al recinto el próximo 10 de septiembre.
El cambio no es menor. Los megacentros de datos aparecen precisamente entre las inversiones que el Gobierno pretende captar con el nuevo régimen, que ofrece beneficios fiscales, aduaneros y cambiarios extraordinarios durante 30 años para proyectos superiores a US$1.000 millones vinculados con industrias que todavía no tienen desarrollo comercial significativo en el país.
El problema de alimentar gigantescos data centers
La instalación de grandes centros de procesamiento vinculados con inteligencia artificial abre una discusión energética que ya atraviesa a numerosos países: cómo abastecer instalaciones que necesitan enormes cantidades de electricidad de manera permanente sin trasladar el costo de las nuevas inversiones en generación y redes al resto de los usuarios.
Los bloques provinciales pretenden que esa cuestión quede resuelta desde el comienzo. El cambio que se negocia establece que, cuando el consumo de un proyecto pueda impactar sobre el servicio energético del municipio o la región donde se instale, deberá contemplar su propio autoabastecimiento.
El planteo busca evitar que una inversión beneficiada con un régimen fiscal excepcional llegue a una determinada región, absorba una porción significativa de la capacidad eléctrica disponible y obligue posteriormente al Estado o al sistema a financiar las obras necesarias para acompañar esa nueva demanda.
Para el Gobierno, en cambio, incorporar nuevas obligaciones implica el riesgo de reducir el atractivo del régimen y encarecer proyectos que compiten internacionalmente por dónde radicarse. Esa diferencia explica por qué la cláusula energética se convirtió en uno de los puntos centrales de la negociación parlamentaria.
Una oportunidad para nueva generación
La exigencia puede tener, al mismo tiempo, una consecuencia relevante para el sector energético argentino.
Si los grandes data centers que busquen ingresar al Súper RIGI deben garantizar su propio abastecimiento, cada nuevo proyecto tecnológico podría venir acompañado por inversiones adicionales en generación eléctrica.
La escala potencial es considerable. A diferencia de otras actividades industriales, los centros de datos requieren electricidad durante las 24 horas y necesitan además altos niveles de confiabilidad y respaldo. Eso obliga a pensar no sólo en capacidad instalada, sino también en disponibilidad permanente de energía.
El modo en que quede redactada finalmente la cláusula será decisivo. La obligación de autoabastecimiento podría abrir oportunidades para nueva generación renovable combinada con almacenamiento, centrales térmicas alimentadas con gas natural e incluso, en una perspectiva de más largo plazo, desarrollos nucleares.
El propio Súper RIGI contempla entre las denominadas “industrias del futuro” actividades que cruzan directamente ambos mundos, como inteligencia artificial, data centers, hidrógeno de bajas emisiones y pequeños reactores nucleares modulares.
El otro cambio: proteger a los proveedores argentinos
La energía no será la única concesión que deberá realizar el oficialismo para conseguir el acompañamiento de sus aliados.
El texto aprobado por Diputados ya establece que los proyectos deberán contemplar la contratación de proveedores locales por al menos el 20% del monto destinado a proveedores, siempre que exista oferta argentina disponible y competitiva en precio y calidad.
Los senadores quieren ahora cerrar una puerta que consideran demasiado amplia: que dentro de ese porcentaje puedan computarse actividades realizadas en el país pero basadas esencialmente en productos importados.
La modificación busca que el requisito alcance efectivamente a bienes producidos en la Argentina, particularmente bienes transables, y no que el porcentaje pueda completarse mediante obra civil u otros gastos que inevitablemente deben realizarse localmente.
El planteo fue llevado al Congreso también por representantes industriales. Durante el debate parlamentario, empresarios reclamaron que el porcentaje reservado para proveedores nacionales genere demanda efectiva sobre la producción argentina y no se convierta solamente en un requisito formal.
Otra concesión para conseguir los votos
Los dos cambios tienen un componente político común. El Gobierno pretendía preservar el texto aprobado por Diputados, pero la necesidad de construir una mayoría en el Senado obligó a flexibilizar esa posición.
La negociación forma parte de una discusión parlamentaria más amplia en la que La Libertad Avanza comenzó a habilitar iniciativas y reclamos de sus aliados para poder avanzar con su propia agenda.
En el caso del Súper RIGI, la consecuencia será además legislativa: si el Senado aprueba las modificaciones, el proyecto deberá regresar a Diputados para que la Cámara baja acepte los cambios o insista con su redacción original.
El régimen ofrece una alícuota de Ganancias del 15%, amortización acelerada, beneficios sobre IVA y contribuciones patronales, exenciones de derechos de importación y exportación y acceso progresivo a las divisas generadas hasta alcanzar el 100% desde el tercer año. La estabilidad comprometida para los proyectos alcanza los 30 años.
Quién paga la energía de la inteligencia artificial
Detrás de la negociación parlamentaria aparece, finalmente, una discusión que excede al Súper RIGI.
La Argentina quiere competir por una nueva generación de inversiones tecnológicas y cuenta con una ventaja que puede resultar determinante: abundancia de recursos energéticos, desde el gas de Vaca Muerta hasta algunos de los mejores recursos renovables del mundo.
Pero atraer grandes consumidores eléctricos también obliga a resolver quién construirá la generación y la infraestructura necesaria para abastecerlos.
La modificación que negocia el Senado ensaya una respuesta: si un megaproyecto demanda tanta electricidad como para comprometer el abastecimiento existente, esa inversión deberá venir acompañada por la energía necesaria para sostenerla.
El Súper RIGI dejaría así de ser solamente un régimen para atraer data centers. Si prospera el cambio, cada uno de esos grandes proyectos podría convertirse también en un nuevo demandante —y potencial desarrollador— de generación eléctrica en la Argentina.