Atucha I entra en una nueva etapa: la apuesta para sumar 20 años más de operación

La primera planta nucleoeléctrica de la región cerró en 2024 su primer ciclo de 50 años y ahora busca extender su operación dos décadas más.

La posibilidad de captar inversiones privadas podría fortalecer la capacidad tecnológica nuclear.

La posibilidad de captar inversiones privadas podría fortalecer la capacidad tecnológica nuclear.

Atucha I, la central que en 1974 convirtió a la Argentina en el primer país de América Latina con energía nucleoeléctrica, atraviesa el tramo más intenso de su historia reciente. Tras cerrar en septiembre de 2024 su primera etapa operativa de 50 años, la planta bonaerense —ubicada en la localidad de Lima, partido de Zárate— se encuentra fuera de servicio mientras avanzan las obras que buscan extender su vida útil hasta 2047, es decir, 20 años más de generación eléctrica a partir de la reactivación prevista.

El proceso está a cargo de Nucleoeléctrica Argentina (NA-SA), la empresa estatal que opera las tres centrales nucleares del país, con la fiscalización de la Autoridad Regulatoria Nuclear (ARN), presidida por Emiliano Luaces Rudyj, y la participación de la Comisión Nacional de Energía Atómica (CNEA) y de CONUAR en la fabricación de componentes de precisión. En 2025, NA-SA firmó el Acuerdo Marco de Licenciamiento que habilita la operación a largo plazo de la central, un paso administrativo clave para que la ARN otorgue la nueva licencia una vez terminadas las obras.

Atucha I es una central de 362 MW con tecnología PHWR (reactor de agua pesada presurizada), que utiliza uranio natural con un leve enriquecimiento como combustible. Según trascendidos del sector, aún no confirmados oficialmente con una cifra cerrada, su reactivación permitiría un ahorro cercano a los 500 millones de metros cúbicos de gas natural por año, en la medida en que reemplaza generación térmica que hoy depende de ese combustible.

Un cronograma que ya sufrió un retraso

El plan original preveía que la central volviera a generar energía en marzo de 2027, pero el cronograma se corrió hacia julio de ese año, una demora de alrededor de cinco meses. Según información difundida por Nucleoeléctrica Argentina, el avance físico de las obras alcanzaba en agosto de 2026 el 52%, con el objetivo de concluir las tareas principales el 31 de diciembre de 2026. Recién después de esa fecha comenzarían los procedimientos de carga de combustible y arranque, previos a la reactivación comercial.

El proyecto de extensión de vida contempla 41 subproyectos obligatorios para obtener la nueva licencia de operación, a los que se suman otras 251 tareas adicionales, de carácter optativo, orientadas a mejorar el factor de capacidad de la central hasta el 88%. Entre las razones del atraso, fuentes oficiales mencionaron cambios en la política de compras durante la gestión de Demian Reidel al frente de Nucleoeléctrica, quien renunció a la presidencia de la compañía en febrero de 2026.

Federico Ramos Napoli, secretario de Asuntos Nucleares de la Nación, sostuvo que el presupuesto del proyecto está garantizado y confirmó que la previsión oficial es que la planta reinicie su operación comercial en la segunda mitad de 2027. Sobre el costo total de la obra circulan estimaciones del sector que rondan los US$700 millones, aunque no se trata de una cifra oficializada con precisión por el Gobierno. En paralelo, distintos medios especializados señalaron que la ANSES aportaría financiamiento por unos US$450 millones para estas obras, un dato que conviene tomar como no confirmado en su totalidad hasta que existan precisiones oficiales sobre cómo se distribuye ese aporte dentro del costo global del proyecto.

Por qué importa esta obra para la matriz energética

La relevancia de Atucha I excede lo simbólico. Junto a Atucha II y Embalse, la central integra un parque nuclear que, según datos oficiales, generó el 7,35% de la electricidad del país durante 2024, muy por encima de su participación en la potencia instalada total (4,1%). Esa eficiencia relativa —generar más energía de la que su capacidad instalada sugeriría— es uno de los argumentos que el sector energético utiliza para defender la continuidad de la energía nuclear como fuente de base, es decir, aquella que opera de manera constante independientemente de las condiciones climáticas, a diferencia de la eólica o la solar.

La Argentina ya tiene un antecedente reciente de este tipo de proceso: la central de Embalse, en Córdoba, obtuvo hace siete años su licencia de operación para extender su vida útil, un antecedente que el propio organismo regulador toma como referencia de gestión para el caso de Atucha I. La diferencia es que Atucha I es una central más antigua y de mayor porte relativo, lo que explica la magnitud de la intervención actual, que incluye el reemplazo y la actualización de sistemas críticos de seguridad, instrumentación y componentes mecánicos.

La decisión de extender la vida útil de una central en lugar de desmantelarla, además, no es una particularidad argentina: es una tendencia consolidada a nivel internacional. Numerosos países con parques nucleares maduros vienen optando por prolongar la operación de sus reactores más antiguos antes que construir nuevas centrales desde cero, dado que modernizar una planta existente suele resultar significativamente más económico que levantar una nueva instalación. Atucha I, con las obras actualmente en curso, se suma a esa lógica que hoy predomina en buena parte de la industria nuclear mundial.

El proyecto CAREM, que es la construcción de un reactor modular pequeño (SMR) aún sufre marchas y contramarchas de los gobiernos de turno en la Argentina.

El proyecto CAREM, que es la construcción de un reactor modular pequeño (SMR) aún sufre marchas y contramarchas de los gobiernos de turno en la Argentina.

La extensión de vida de Atucha I se da, además, en un momento en el que la actividad nuclear argentina vuelve a tener protagonismo por otro desarrollo que avanza en el mismo predio de Lima, Zárate: el reactor CAREM, un diseño modular de baja potencia desarrollado íntegramente por la Comisión Nacional de Energía Atómica y por INVAP, una de las apuestas tecnológicas más ambiciosas del sector nuclear argentino de las últimas décadas. Se trata de un proyecto distinto, con objetivos y escala propios, pero su convivencia con las obras de Atucha I ilustra una etapa de renovada actividad en un sector que, durante buena parte de los últimos años, quedó relegado en la discusión energética pública frente al protagonismo de Vaca Muerta y de la minería.

Qué sigue y qué preguntas quedan abiertas

De cara a los próximos meses, el hito más relevante será el cierre de las tareas principales de obra, previsto para fin de 2026, que habilitaría el inicio de las pruebas de carga de combustible. Ese proceso, en cualquier central nuclear, es gradual y está sujeto a controles estrictos de la ARN antes de autorizar la reconexión a la red.

Quedan, de todos modos, algunos interrogantes que conviene seguir de cerca: la consolidación de una cifra oficial y definitiva sobre el costo total del proyecto, el rol final que tendrá la ANSES en su financiamiento y si el cronograma de julio de 2027 se sostiene o sufre nuevos ajustes, algo que ya ocurrió una vez en el último año. Para un sector que necesita previsibilidad —tanto para la programación de la demanda eléctrica como para la planificación de inversiones asociadas—, la extensión de vida de Atucha I funciona como un caso testigo de la capacidad del Estado argentino para sostener y modernizar infraestructura estratégica de alta complejidad técnica, en un contexto en el que buena parte del debate energético nacional está puesto en los hidrocarburos de Vaca Muerta y en la minería. La energía nuclear, más silenciosa en la agenda pública, sigue siendo una pieza estructural de la matriz eléctrica argentina.

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