El Gobierno demora la salida de Enarsa del mercado del gas y conserva una herramienta de intervención
La secretaría de Energía extendió hasta fin de año el plazo para transferir contratos del Plan Gas.Ar directamente a productores y distribuidoras.
El Gobierno volvió a extender los plazos para avanzar con la salida de Energía Argentina (ENARSA) como intermediaria en el mercado del gas y mantendrá abierta hasta fin de año una transición que originalmente pretendía resolver en un período mucho más corto.
La Secretaría de Energía prorrogó hasta el 31 de diciembre de 2026 el plazo para que productores y distribuidoras adhieran al nuevo esquema contractual del Plan Gas.Ar, mediante la Resolución 224/2026 publicada este miércoles en el Boletín Oficial.
Detrás de una modificación administrativa aparece una discusión inquietante para el Ejecutivo. El objetivo declarado por el Gobierno es que Enarsa deje de ocupar el lugar de intermediaria y que las distribuidoras compren el gas directamente a los productores. Pero la implementación de ese modelo viene demorándose y el Estado, por ahora, conserva una posición que le permite intervenir en una parte sensible del abastecimiento.
La decisión adquiere además otra dimensión en un escenario internacional nuevamente atravesado por la volatilidad de los precios energéticos. Acelerar la liberalización contractual podría exponer al mercado a nuevas tensiones de precios, justamente cuando el Gobierno busca evitar impactos adicionales sobre las tarifas y, en última instancia, sobre la inflación.
La resolución publicada este miércoles no menciona ese riesgo como fundamento de la prórroga. Formalmente, Energía sostiene que la extensión busca permitir la adhesión de todos los interesados. Sin embargo, el resultado práctico es que la administración libertaria se da otros cuatro meses antes de cerrar una transformación que había presentado como un paso hacia un mercado con menor intervención estatal.
El plan original: sacar a Enarsa del medio
La reforma comenzó a fines de diciembre de 2025. Mediante la Resolución 606, Energía planteó expresamente que, ante el proceso de privatización total de Enarsa, resultaba necesario reorganizar los contratos existentes y evitar lo que definió como “intermediaciones innecesarias”.
El esquema apunta a transformar una relación en la que Enarsa todavía participa como comprador del gas contratado bajo el Plan Gas.Ar.
La intención es que esos contratos sean cedidos y que se establezca una relación directa entre los productores y las distribuidoras y, según corresponda, los generadores eléctricos o CAMMESA. Una vez perfeccionada cada cesión, Enarsa queda liberada de las obligaciones futuras derivadas de esos contratos.
El Gobierno fue todavía más explícito al explicar el objetivo final: reconstruir gradualmente un mercado en el cual las distribuidoras compren directamente a productores o comercializadores y que el precio del gas en el Punto de Ingreso al Sistema de Transporte (PIST) surja de la libre interacción entre oferta y demanda.
La propia Resolución 606 calificó la transferencia de los contratos como un “primer paso” hacia la libre celebración de acuerdos entre privados.
Un proceso que lleva más tiempo de lo previsto
Los tiempos originales eran mucho más ambiciosos. A fines del año pasado se otorgaron 30 días hábiles administrativos para que productores y distribuidoras manifestaran su adhesión.
Desde entonces, el cronograma fue extendiéndose. Hubo una primera modificación en febrero, otra en marzo y ahora una nueva ampliación que lleva la fecha límite directamente hasta el último día de 2026.
Hay una explicación operativa para esas demoras: el Plan Gas.Ar está basado en la adhesión voluntaria y las cesiones requieren el consentimiento de las partes involucradas. No alcanza, por lo tanto, con una decisión unilateral del Estado para reemplazar todos los contratos existentes.
Pero también aparece una cuestión económica. El paso desde un esquema con Enarsa en el medio hacia contratos directos implica acercarse a un mercado donde el precio sea determinado crecientemente por las condiciones de oferta y demanda.
Y el momento para completar esa transición no resulta indiferente.
El riesgo de liberar precios en un mercado tensionado
El Gobierno enfrenta una tensión conocida entre sus objetivos de largo plazo y las necesidades de corto plazo. Su programa energético busca reducir subsidios, retirar al Estado de la intermediación comercial y reconstruir señales de precios. Pero una liberalización acelerada puede tener consecuencias sobre el costo del gas si las condiciones de mercado no acompañan.
La propia estructura del Plan Gas.Ar muestra que la retirada de Enarsa no significa que desaparezca inmediatamente la participación estatal. En los contratos cedidos, los productores cobrarán de las distribuidoras la porción del precio incorporada en las tarifas y continuarán percibiendo del Estado la compensación correspondiente a los volúmenes subsidiados.
Es decir, la reforma separa progresivamente al Estado de la compraventa, pero no elimina de inmediato su participación económica.
En este escenario, conservar temporalmente a Enarsa dentro del circuito también mantiene disponible una herramienta conocida de administración del mercado. Una capacidad que puede resultar incómoda desde la perspectiva desreguladora del Gobierno, pero útil si aparecen desequilibrios de oferta o movimientos de precios capaces de trasladarse a las tarifas.
La inflación vuelve a entrar en la ecuación
La cuestión cobra especial relevancia después de que el Gobierno decidiera moderar para septiembre la reducción de subsidios energéticos ante el aumento de los costos internacionales.
El Ejecutivo viene intentando compatibilizar la normalización tarifaria con aumentos mensuales acotados, evitando movimientos bruscos que puedan impactar sobre el índice de precios. El mismo dilema aparece ahora, aunque de manera indirecta, en la reorganización del mercado del gas.
Un aumento importante del precio mayorista no queda encerrado dentro del sector energético. Puede trasladarse a las facturas residenciales, elevar el costo de generación eléctrica y afectar a la industria, con consecuencias posteriores sobre otros precios de la economía.
Por eso, aun cuando no sea el argumento explicitado en la Resolución 224, la extensión del cronograma le permite al Gobierno ganar tiempo y observar cómo evolucionan el abastecimiento, los precios y las nuevas relaciones contractuales antes de completar la retirada de ENARSA.
La paradoja es evidente. El Gobierno diseñó la reforma para que el precio del gas surja cada vez más de la interacción entre privados y para eliminar la intermediación de una empresa estatal que además se encuentra en proceso de privatización. Pero, llegado el momento de acelerar esa transformación, eligió nuevamente extender los plazos. Es la política, son las elecciones. Aun en las Fuerzas del Cielo, la necesidad tiene cara de hereje.