El Gobierno actualizó el régimen de inversiones mineras y simplificó trámites para el sector
La nueva reglamentación digitaliza procedimientos, agiliza beneficios fiscales y amplía a 500 kilómetros la integración entre minas y plantas.
La mina Veladero, en San Juan.
El Gobierno nacional avanzó con una reforma integral del Régimen de Inversiones para la Actividad Minera, con el objetivo de simplificar trámites, reducir costos administrativos y adecuar una normativa que tiene más de tres décadas de vigencia a las necesidades actuales de una industria que se perfila como una de las principales receptoras de inversiones del país.
La medida fue oficializada este martes mediante el Decreto 482/2026, publicado en el Boletín Oficial, que reemplaza de manera integral la reglamentación vigente desde 1993 y actualiza aspectos vinculados a la gestión administrativa, los beneficios fiscales, el comercio exterior y los requisitos ambientales de la actividad.
Según argumentó el Ejecutivo, la reforma busca fortalecer la competitividad del sector mediante la reducción de cargas burocráticas, la modernización de los mecanismos de control y la incorporación de herramientas tecnológicas que agilicen la relación entre las empresas y el Estado.
Digitalización
Uno de los principales cambios es la digitalización de los procedimientos. A partir de ahora, todas las empresas inscriptas en el régimen deberán constituir un domicilio legal electrónico, que será el canal oficial para las notificaciones administrativas. Además, las declaraciones juradas anuales y los informes económico-financieros deberán presentarse exclusivamente a través de la plataforma Trámites a Distancia (TAD).
La normativa también incorpora al régimen minero dentro de la Ventanilla Única de Comercio Exterior Argentino (VUCEA) y del Sistema Malvina, permitiendo automatizar validaciones y agilizar las gestiones vinculadas a importaciones de bienes destinados a la actividad.
Integración regional
Otro de los puntos destacados es la redefinición del concepto de integración regional. El nuevo texto amplía hasta 500 kilómetros la distancia permitida entre un yacimiento y una planta de beneficio para que ambos puedan ser considerados parte de una misma unidad productiva. Desde el Gobierno sostienen que la modificación refleja situaciones que ya venían siendo autorizadas de manera excepcional y permitirá una mejor articulación de las cadenas de valor, especialmente en proyectos de gran escala vinculados al cobre y al litio.
La reforma también incorpora un régimen específico para los prestadores de servicios mineros. Las empresas que busquen acceder a determinados beneficios, especialmente los vinculados con importaciones contempladas en la ley, deberán acreditar que una proporción mínima de su facturación anual proviene efectivamente de actividades relacionadas con la minería.
Devolución del IVA
En materia fiscal, el decreto introduce cambios destinados a agilizar la devolución anticipada del IVA correspondiente a la etapa de exploración. El nuevo esquema reduce la documentación requerida y elimina la obligación de informar determinados trabajos exploratorios previos, una demanda que el sector venía planteando desde hace años.
La actualización normativa también busca brindar mayor certeza respecto del régimen de estabilidad fiscal, uno de los principales incentivos para las inversiones mineras de largo plazo. En ese sentido, se aclara que el certificado de estabilidad fiscal por 30 años tiene carácter declarativo y que el beneficio se considera vigente desde la fecha de presentación del estudio de factibilidad original del proyecto.
En el plano ambiental, el decreto armoniza los requisitos de la Ley de Inversiones Mineras con los establecidos por la Ley General del Ambiente. Como novedad, se establece que la acreditación del Seguro Ambiental Obligatorio podrá utilizarse para cumplir con las exigencias de previsión destinadas a la remediación de eventuales impactos ambientales, reemplazando mecanismos basados exclusivamente en registros contables.
El ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger, destacó que las modificaciones apuntan a reducir costos y generar mayor previsibilidad para las empresas. “Estas modificaciones permiten simplificar, reducir costos y bajar la incertidumbre asociada a cada intervención estatal. Menos trámites es menos riesgo”, afirmó.
Las nuevas disposiciones comenzarán a regir desde este miércoles 24 de junio. No obstante, la Secretaría de Minería contará con un plazo de 60 días corridos para dictar las normas complementarias necesarias para la implementación plena del nuevo esquema.
La reforma llega en un momento de fuerte expectativa por el desarrollo de grandes proyectos de cobre en San Juan y de litio en el norte argentino, sectores que concentran buena parte de las inversiones proyectadas para los próximos años y que el Gobierno busca potenciar mediante un marco regulatorio más ágil y adaptado a las necesidades actuales de la industria.