El agua vale más que el oro: Andalgalá, el pueblo que lleva 838 marchas, frenó la megaminería y da pelea
Desde 2010, los vecinos de este pueblo catamarqueño salen a caminar todos los sábados contra el proyecto Agua Rica. Ganaron batallas judiciales, resistieron represiones y hoy enfrentan una crisis hídrica mientras la mina sigue esperando en el cerro.
Una postal de Andalgalá, en Catamarca.
Todos los sábados a las 19, pase lo que pase, los vecinos de Andalgalá salen a caminar. Lo hicieron durante la pandemia, ajustando el horario al toque de queda. Lo hicieron en verano e invierno, con viento catamarqueño y con lluvia de montaña. Lo hicieron cuando había represión policial esperándolos en la plaza y cuando no había nadie. Llevan, al cierre de esta nota, más de 838 caminatas. Una por semana, sin interrupción, desde febrero de 2010. Es probablemente la movilización ambiental más sostenida en el tiempo de la historia argentina, y ocurre en una ciudad de 20.000 habitantes en el oeste de Catamarca que la mayoría del país solo conoce cuando el conflicto escala.
La consigna que empuja esas marchas es directa: no a la megaminería, no al proyecto Agua Rica. Y detrás de esa consigna hay una historia larga, una crisis de agua concreta y una pregunta que Andalgalá no termina de resolver: qué hace un pueblo cuando la única promesa de desarrollo que llega desde afuera es la misma que amenaza con destruir lo que ya tiene.
Un oasis con historia y con agua propia
Andalgalá es, antes que nada, un oasis. Está ubicada a 248 kilómetros al norte de la capital catamarqueña, al pie de las estribaciones más meridionales de la Sierra de Aconquija, regada por el río que lleva su mismo nombre y rodeada al norte por el desértico Salar de Pipanaco. En ese entorno árido, el agua no es una metáfora: es la diferencia entre vivir y no vivir.
El territorio fue habitado por las naciones diaguitas y calchaquíes, que retardaron la conquista hispánica durante décadas. La fundación formal del fuerte de San Pedro de Mercado ocurrió el 12 de julio de 1658, durante la Segunda Guerra Calchaquí. De ese fuerte tomó el nombre la ciudad. Con el tiempo, Andalgalá se convirtió en un oasis agrícola especializado en duraznos, vid, nogales, olivos y maíz, con un clima que mezcla la influencia de la selva subtropical del Aconquija con la aridez del altiplano. Fue, durante siglos, un lugar que vivía de lo que la tierra y el agua le daban.
La minería llegó antes de que el conflicto tuviera nombre. En 1994 comenzó la instalación de Bajo la Alumbrera, primer proyecto de megaminería a cielo abierto de Sudamérica, en el departamento de Andalgalá. La empresa llegó con promesas de trabajo, bienestar y desarrollo local. Lo que vino después fue otra cosa.
La lección de La Alumbrera
Los andalgalenses no rechazan la minería por desconocimiento. La conocen de cerca, y eso es exactamente el problema. A poco de funcionar La Alumbrera, la población comenzó a denunciar el incumplimiento de las promesas y, sobre todo, los casos de contaminación y afecciones en la salud. "No sólo la contaminación y las enfermedades, sino que además no generaron trabajo ni riqueza", resumieron los vecinos.
La experiencia con La Alumbrera dejó una marca que no se borró. Cuando a mediados de los 2000 comenzó a hablarse del proyecto Agua Rica —un yacimiento de oro, cobre, plata y molibdeno ubicado a apenas 17 kilómetros del centro de la ciudad, en la cima del Nevado del Aconquija— la comunidad tenía un marco de referencia concreto para evaluar las nuevas promesas. El proyecto planea procesar 70.000 toneladas de roca por día durante una vida útil de 30 años, y su tamaño triplica al de Bajo la Alumbrera.
El punto crítico es el agua. De las cumbres del Aconquija donde se emplaza el yacimiento nacen los ríos Blanco, Candado y Minas, que alimentan a Andalgalá y a casi un cuarto de la provincia de Catamarca. La Fundación Ambiente y Recursos Naturales (FARN) advirtió que el desarrollo del proyecto podría afectar el ambiente glaciar y periglaciar de la zona, con graves consecuencias para los ríos que abastecen a la población. Para los vecinos, el argumento es simple y contundente: ninguna comunidad puede sobrevivir sin agua.
El Andalgalazo y las marchas que no paran
El quiebre llegó en febrero de 2010. La policía reprimió a los vecinos que bloqueaban el camino de acceso al yacimiento en el paraje Chaquiago. Unos 300 integrantes de la Asamblea El Algarrobo fueron reprimidos por las fuerzas del orden mientras cortaban el camino hacia la minera. La respuesta de la comunidad fue masiva: miles de personas salieron a las calles en lo que se conoció como el Andalgalazo, que logró paralizar las obras por más de una década.
De esa resistencia nació la Asamblea El Algarrobo, que tomó su nombre de un árbol joven que había en el lugar donde comenzaron los primeros bloqueos. La asamblea construyó una radio comunitaria para hacer frente al lobby que las empresas mineras ejercen en otras emisoras locales, y estableció la caminata semanal como forma de presencia permanente en el espacio público. "Por más de que nos intenten imponer protocolos, nadie nos va a decir por dónde hacemos nuestras caminatas o de qué manera luchamos. Ya nos hemos ganado ese lugar a lo largo de los años. Todos los sábados esa plaza es del pueblo", sostuvo uno de sus referentes.
La resistencia no fue sin costos. A lo largo de los años hubo represiones, amenazas de muerte a periodistas locales, hostigamiento policial y presiones de grupos pro-mineros sobre los asambleístas. Cinco integrantes de la asamblea caminaron desde Andalgalá hasta Buenos Aires para exigir a la Corte Suprema que prohíba el avance de la minera. En 2024, la causa contra el Estado argentino por violaciones a los derechos humanos fue presentada ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. En octubre de 2025, la CIDH intimó formalmente al Estado argentino a dar respuesta, reconociendo la legitimidad del reclamo tras estudiar el expediente.
El agua que no llega y la mina que no se va
La paradoja más dura que vive Andalgalá hoy es esta: la ciudad que durante 16 años peleó por proteger su agua tiene problemas cotidianos y graves de acceso al agua potable. El chorro a veces sale turbio por la canilla. Otras, arrastra palitos y basura. Otras, sale con poca presión. Y muchas veces no sale nada. Estos no son problemas de los meses de más calor: son parte de la vida diaria de los vecinos de Andalgalá.
La ironía tiene una explicación concreta. En 2024, el gobierno de Catamarca autorizó a la empresa minera Agua Rica el uso de 100.000 litros de agua por día durante seis meses —el equivalente a 18 millones de litros en 180 días— a cambio de un canon de 13.000 pesos, algo así como 15 dólares a la cotización de entonces. El mismo recurso que los vecinos reclaman para uso doméstico se concede a la industria extractiva por una cifra simbólica.
El proyecto nunca llegó a la fase de explotación, pero tampoco desapareció. Hoy opera bajo el nombre MARA, fusión de los proyectos Agua Rica y La Alumbrera, controlado por las canadienses Yamana Gold y la suiza Glencore. En marzo de 2025 se presentó ante la comunidad el último Informe de Impacto Ambiental correspondiente a la exploración 2024-2025. Los asambleístas lo analizaron con lupa y encontraron que el apartado sobre el uso del recurso hídrico en la cuenca de Andalgalá ocupaba poco más de un renglón. El conflicto, en su fase actual, es de tensa calma: la mina sigue explorando, la asamblea sigue caminando y el gobierno provincial sigue movilizando fuerzas de seguridad cada vez que la tensión sube.
Una comunidad dividida, una economía sin alternativas
Hablar de Andalgalá como un bloque monolítico contra la minería sería inexacto. La ciudad está dividida. Hay vecinos que apoyan el proyecto y que ven en él la única posibilidad real de empleo en una región con escasas alternativas económicas. Hay comerciantes que consideran que la actividad minera dinamizaría una economía local que hoy depende del empleo público y de una agricultura que no escala. Y hay quienes simplemente están hartos de un conflicto que lleva más de una década sin resolución y que consume energía colectiva sin resultado visible.
Esa división es el terreno donde el conflicto se vuelve más complejo. Porque el rechazo a la megaminería no es idéntico al rechazo al desarrollo: muchos de los que marchan los sábados tienen hijos que emigraron a Catamarca capital o a Tucumán en busca de trabajo que Andalgalá no ofrece. La pregunta que la asamblea nunca termina de responder del todo es qué modelo de desarrollo propone para reemplazar al que rechaza.
Algunas respuestas empiezan a insinuarse. En 2025 llegó a Andalgalá MSU Green Energy, empresa de energía renovable que busca desarrollar proyectos en la región, abriendo una posibilidad de generación de empleo por fuera de la lógica extractiva. El turismo de montaña, la agroindustria y la valorización de los productos locales son otras líneas que los sectores opositores a la minería mencionan como alternativas posibles, aunque ninguna con la escala económica que el proyecto MARA prometería en términos de regalías e inversión.
Lo que Andalgalá le dice al resto del país
El caso de Andalgalá tiene una dimensión que excede al pueblo. Es uno de los conflictos socioambientales más largos y documentados de la Argentina, y plantea preguntas que el país no terminó de responder: quién decide sobre los recursos naturales de un territorio, cómo se pondera el derecho al agua frente al derecho al desarrollo, qué pasa cuando la licencia social no existe y el Estado avanza de todas formas.
La Asamblea El Algarrobo lleva 838 marchas. Una resistencia que no bajó los brazos pese al hostigamiento y la violencia institucional de todos estos años. Cada sábado a las 19, Andalgalá sale a la calle a recordarle al resto del país que hay pueblos dispuestos a pagar el costo de decir que no. Que el agua, para ellos, no es un recurso: es la razón por la que el pueblo existe. Y que mientras esa convicción se sostenga, la mina en el cerro seguirá esperando