San Juan, Vicuña y las mineras: una negociación contrarreloj por la energía del cobre

En San Juan, antes de extraer una tonelada de cobre, hay que resolver algo más urgente: quién tiene derecho a la electricidad que va a necesitar la próxima década de minería cuyana. Esa pelea, que lleva meses escalando, entró en su tramo más sensible. Tras la audiencia pública del 3 de junio y la tensión que desató que se le concediera a la minera Vicuña la prioridad de uso de la línea de 500 kV, las negociaciones entre el gobierno provincial -a través del EPRE- y la compañía están a pleno, con un plazo que vence a comienzos de julio para que la Nación emita su decisión final.

El conflicto nació de una resolución bastante específica. El debate se intensificó tras la Resolución ENRE N° 79/2026, del 4 de marzo, que estableció un régimen de prioridad a favor de Vicuña sobre el corredor Nueva San Juan-Rodeo en 500 kV, la única línea de extra alta tensión que conecta esa zona productiva con el resto del sistema. Según el cálculo de Cammesa, esa prioridad equivale al 71% de la capacidad total de la línea operando en 500 kV, con una capacidad total de 854 MVA, y aplica tanto al tramo existente como a una futura ampliación entre las estaciones Rodeo y Chaparro.

El número que mejor explica por qué nadie se quiere quedar afuera es la brecha entre lo reservado y lo que realmente se va a usar. La prioridad concedida a Vicuña equivale a unos 568 MW reservados, mientras que la demanda prevista para Josemaría en su etapa inicial ronda los 260 MW, y las proyecciones para 2035, cuando se incorpore Filo del Sol, alcanzarían unos 400 MW. Esa diferencia entre los 400 MW que la empresa va a usar y los 568 MW que tiene reservados es, hoy, el corazón de la negociación.

Una resolución que encendió la mecha

El malestar no se limitó a un solo organismo. Por la resistencia que generó la medida, el ENRE convocó a una audiencia pública para el 3 de junio para tratar la solicitud de acceso a la capacidad de transporte eléctrico y las obras de ampliación que requiere el complejo Josemaría, en su primera fase. Se presentaron ocho oposiciones formales: dos organismos provinciales -el EPRE de San Juan y la Secretaría de Energía de La Rioja-, tres mineras -Los Azules, Casposo y Hualilán- y tres municipios -Jáchal, Iglesia y Calingasta-.

Cada actor llegó con un reclamo puntual. El EPRE sostuvo que Vicuña es un "beneficiario no iniciador" de la línea y que debe adquirir los Derechos Financieros de la Ampliación antes de usarla; los municipios pidieron mano de obra local y monitoreo participativo; y varias mineras cuestionaron que la reserva del 90% del excedente de uso consumiría, en la práctica, el 84,6% de la capacidad real del corredor. Vicuña, por su parte, denunció que la medida ignora su propia inversión de US$2.672 millones ya protegida por el RIGI, y calificó de irrazonable el plazo de 25 años otorgado sin cláusulas de liberación de capacidad no utilizada.

La audiencia, además, se desarrolló en medio de un escándalo paralelo. Días antes de la convocatoria, renunció Néstor Marcelo Lamboglia, titular del flamante ente que unificó a ENRE y Enargas, en medio de una interna que generó dudas sobre si la audiencia se iba a sostener en pie. Finalmente se realizó según lo previsto.

Quién dijo qué en la audiencia

Trece expositores se anotaron para hablar: representantes de Vicuña, de Transener, del EPRE, de la Secretaría de Energía de La Rioja, de Naturgy, de los intendentes de Jáchal e Iglesia, del Instituto Argentino de la Energía y de las mineras Gualcamayo, Los Azules, Barrick/Minera Andina del Sol y Golden Mining. Llamó la atención que se sumaran dos mineras que no habían figurado entre las opositoras iniciales: Gualcamayo y Veladero.

Vicuña abrió la audiencia defendiendo su posición: explicó que el tramo Nueva San Juan-Rodeo no se financió solo con fondos públicos -las empresas aportaron US$55 millones para la obra-, reclamó que se respete el derecho de Barrick a una capacidad de 250 MW como "beneficiario iniciador" desde 2006, y pidió un plazo de 30 días para coordinar soluciones técnicas que evitaran congestiones en la red. Por su parte, Gualcamayo, ya en producción, precisó que tiene una planificación de demanda de 15 MVA para 2028 y 40 MVA para 2030, con un cronograma de conexión anterior al de Vicuña.

Cerrada la audiencia, el expediente pasó a su etapa más decisiva. Las fuentes consultadas describen que la postura de Vicuña es que su proyecto eléctrico se ajusta estrictamente a la ley argentina y que no tendría nada que modificar en su plan de inversión, aunque están abiertos a escuchar propuestas; mientras que el EPRE intenta encontrar una salida que calme a las otras mineras competidoras, con Los Azules a la cabeza. El resultado de esa negociación va a definir no solo cómo se abastece Josemaría, sino las condiciones de acceso para toda la próxima ola de inversiones mineras que San Juan tiene en cartera. El reloj sigue corriendo, y nadie en la provincia habla mucho del tema en público.