San Juan: Los Azules denuncia "extralimitación" del ENRE y escala la disputa eléctrica por Vicuña
El proyecto formalizó su oposición a la prioridad otorgada a Vicuña sobre el corredor Nueva San Juan–Rodeo. Cuestiona el alcance de la resolución.
La infraestructura eléctrica en disputa en San Juan.
Imagen generada con IALa controversia por el uso de la infraestructura eléctrica de alta tensión en San Juan incorporó nuevos capítulos y actores con peso institucional y empresarial. A la presentación del Ente Provincial Regulador de la Electricidad (EPRE) y al reciente rechazo formal de la Municipalidad de Jáchal, se sumó ahora la confirmación de que el proyecto Los Azules formalizó su oposición ante el Ente Nacional Regulador de la Electricidad (ENRE).
Según publicó Tiempo de San Juan, la compañía controlada por McEwen Copper presentó un escrito cuestionando la resolución que otorga prioridad a Vicuña Argentina sobre la capacidad de transporte vinculada al corredor de 500 kV Nueva San Juan–Rodeo, infraestructura estratégica para el abastecimiento de los proyectos Josemaría y Filo del Sol.
La denuncia de “extralimitación”
De acuerdo al medio sanjuanino, Los Azules sostiene que el ENRE habría incurrido en una “extralimitación” en la interpretación de la Resolución 311/2025. El eje técnico del planteo es que la prioridad prevista por la normativa alcanza únicamente a la capacidad adicional generada por nuevas obras financiadas por un privado, y no a infraestructura ya existente.
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“La discusión es si esa prioridad puede utilizarse para acceder a infraestructura que ya existe. Creemos que hay un desvío, reconociéndole a Vicuña una prioridad sobre obras que no construyó”, señalaron fuentes del proyecto, según el mismo medio.
El punto no es menor. Parte del corredor eléctrico fue financiado con aportes públicos y con pagos realizados por usuarios eléctricos de San Juan, un argumento que también fue esgrimido por el EPRE y que ahora aparece reforzado tanto por Los Azules como por el planteo institucional de Jáchal.
Prioridad del 90% y horizonte de 25 años
Siempre según la publicación citada, la Resolución ENRE 79/2026 -publicada el 20 de febrero- fija un régimen de prioridad de uso a favor de Vicuña Argentina sobre el corredor Nueva San Juan–Rodeo en 500 kV.
El dato que elevó la tensión es que la resolución otorgaría una prioridad del 90% sobre la capacidad remanente del corredor durante al menos 25 años. En la práctica, ello implicaría que otros proyectos interesados en conectarse deberían hacerlo con disponibilidad liberada por el beneficiario principal o proponer ampliaciones propias.
Desde Los Azules advierten que una prioridad de ese alcance podría consolidar una “posición dominante” en el corredor energético en un momento en que varios desarrollos cupríferos avanzan en paralelo en la cordillera sanjuanina.
La respuesta de Vicuña
El mismo artículo de Tiempo de San Juan recoge la respuesta de Vicuña Argentina. La compañía aclaró que la publicación del ENRE “no implica que la empresa tenga control sobre la infraestructura eléctrica de San Juan ni exclusividad sobre el sistema de transporte”.
Según su postura, el sistema argentino se rige por el principio de acceso abierto y la prioridad sólo se limitaría a la capacidad adicional que genere una eventual ampliación financiada por el propio proyecto, sin impedir que otros actores presenten solicitudes o impulsen nuevas expansiones.
No obstante, la tensión interpretativa persiste: mientras la empresa remarca que no existe exclusividad sobre la red, los opositores sostienen que el alcance concreto de la resolución podría, en los hechos, condicionar el acceso futuro.
De controversia técnica a debate estructural
Con la oposición formal de Los Azules, la presentación del EPRE y el rechazo institucional de Jáchal, el conflicto dejó de ser una discusión exclusivamente técnica para convertirse en un debate estratégico sobre cómo administrar una infraestructura clave en un ciclo de expansión cuprífera.
La audiencia pública solicitada por el regulador provincial aparece ahora como el escenario donde se pondrán en juego no sólo argumentos jurídicos y regulatorios, sino también la definición de reglas de acceso para una red que puede marcar el ritmo del nuevo mapa minero de San Juan.