San Juan aprobó el acuerdo con Vicuña y recibirá US$250 millones para obras de infraestructura
La Legislatura ratificó por 27 votos contra 9 el convenio firmado por el gobierno de Marcelo Orrego con la minera controlada por BHP y Lundin Mining.
La Cámara de Diputados de San Juan convirtió en ley el acuerdo entre la provincia y Vicuña Argentina que contempla un aporte anticipado de US$250 millones para financiar obras de infraestructura, uno de los puntos centrales de la negociación entre el gobierno de Marcelo Orrego y la compañía que desarrolla uno de los mayores proyectos de cobre del país.
La aprobación llegó durante una sesión especial y con un respaldo amplio: 27 diputados votaron a favor y nueve en contra, sin abstenciones. De esa manera quedó ratificada el Acta Compromiso que la provincia y Vicuña habían firmado el 5 de agosto y cuya entrada en vigencia estaba condicionada al aval legislativo.
El acuerdo establece que Vicuña realizará un aporte extraordinario, único, anticipado y no reembolsable de hasta US$250 millones. Los recursos llegarán antes de que el proyecto comience a producir y serán administrados mediante un fideicomiso para ejecutar infraestructura estratégica.
El gobernador Orrego celebró la aprobación y remarcó precisamente ese aspecto: la provincia podrá disponer de recursos para realizar obras antes de que empiece la producción minera. El mandatario calificó la decisión como un paso histórico para San Juan.
La Ruta 40 Norte, entre las prioridades
El destino de los US$250 millones fue uno de los principales ejes de discusión desde que se conoció el acuerdo. Entre las obras consideradas aparece la Ruta Nacional 40 Norte, particularmente el tramo entre Albardón y Jáchal, una infraestructura clave tanto para las comunidades de la zona como para la logística vinculada con los grandes proyectos mineros de la cordillera.
También se contemplan intervenciones viales, hídricas y de saneamiento. La definición concreta de las obras adquiere relevancia porque los recursos no ingresarán a Rentas Generales sino que estarán afectados al esquema de infraestructura previsto en el convenio.
La aprobación coincidió además con otro movimiento de San Juan sobre su infraestructura vial. La Legislatura respaldó el convenio con Vialidad Nacional mediante el cual la provincia asumirá durante 20 años responsabilidades sobre distintas rutas nacionales, entre ellas las 40, 20, 153, 150 y 149.
Un anticipo sobre los futuros aportes de Vicuña
Los US$250 millones forman parte de un esquema más amplio. El convenio consolida las contribuciones para infraestructura vinculadas con la Declaración de Impacto Ambiental en un aporte equivalente al 1,5% de los ingresos brutos durante la vida de la operación.
A cambio del desembolso anticipado, la empresa tendrá una moratoria de cinco años desde el comienzo de la producción para esos pagos al fideicomiso. El entendimiento establece además un techo del 3% de los ingresos brutos para las regalías mineras provinciales durante la vida útil del emprendimiento.
El mecanismo busca resolver una cuestión temporal que resulta central para San Juan: buena parte de la infraestructura necesaria debe estar disponible antes de que Vicuña genere producción y, por lo tanto, regalías e ingresos asociados a la explotación.
De esta forma, la provincia adelanta recursos que de otro modo comenzarían a percibirse cuando la mina estuviera operativa y los utiliza durante la etapa previa de desarrollo y construcción.
El peronismo se dividió en la votación
La discusión también tuvo una derivación política. El oficialismo provincial consiguió el respaldo de sus aliados, pero además logró quebrar la posición que inicialmente había mostrado el justicialismo durante el tratamiento en comisión.
Entre los legisladores vinculados al peronismo que acompañaron el acuerdo estuvieron Eduardo Cabello, Cristina López, Jorge Castañeda y Miguel Vega. Este último justificó su voto específicamente por las obras previstas para la Ruta 40 Norte.
La oposición había planteado cuestionamientos sobre las condiciones económicas del convenio, el destino de los fondos y aspectos ambientales. El vicegobernador Fabián Martín salió posteriormente a responder esas críticas y sostuvo que asociar el acuerdo con un riesgo para el agua afecta la licencia social de la actividad minera.
El debate legislativo demandó cerca de cinco horas. Como se trataba de la ratificación de un convenio ya firmado entre el Ejecutivo y la empresa, los diputados debían aprobarlo o rechazarlo sin introducir modificaciones en su contenido.
“Aunque algunos quieran dejar a la provincia en el atraso, la mayoría eligió acompañar este paso histórico. ¡San Juan sigue avanzando hacia el futuro!”, afirmó Orrego tras la aprobación.
El respaldo institucional que esperaba Vicuña
La sanción despeja una de las definiciones institucionales que acompañan el avance del Distrito Vicuña, controlado en partes iguales por BHP y Lundin Mining y conformado principalmente por Josemaría y Filo del Sol.
Los dos depósitos, separados por unos 10 kilómetros, están siendo evaluados como un desarrollo integrado, con infraestructura compartida y una ejecución por etapas. Josemaría aparece como la puerta de entrada al distrito, mientras Filo del Sol representa una segunda instancia de enorme escala y con mineralización que se extiende hacia la frontera con Chile.
El acuerdo provincial se suma al avance regulatorio conseguido por Vicuña a nivel nacional bajo el Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI), una pieza determinante para la planificación de un proyecto que requerirá inversiones de varios miles de millones de dólares.
La magnitud del desarrollo también explica la preocupación de San Juan por anticipar infraestructura. Además de caminos, el distrito necesitará nuevas instalaciones energéticas, sistemas hídricos, logística y una cadena de proveedores capaz de responder a una operación minera de una escala que la Argentina todavía no tiene.
San Juan se prepara para el salto del cobre
La aprobación llega mientras la provincia busca anticiparse al impacto que tendrá la construcción de los grandes proyectos cupríferos. Vicuña es el caso más avanzado y de mayor escala, pero forma parte de una cartera que puede modificar profundamente la estructura productiva y exportadora sanjuanina.
El desafío ya no pasa únicamente por conseguir que los proyectos avancen. La discusión comienza a trasladarse hacia cómo preparar rutas, energía, agua, proveedores y servicios para absorber inversiones de varios miles de millones de dólares sin que los cuellos de botella locales terminen limitando su impacto.
En ese contexto, los US$250 millones tienen una particularidad que explica buena parte del interés provincial: llegarán antes que la producción. Con el respaldo de la Legislatura, San Juan aseguró una primera masa de recursos para comenzar a resolver esa infraestructura mientras Vicuña avanza hacia las próximas etapas de desarrollo.