Malvinas, independencia y petróleo: Londres vive otra pesadilla y cada vez está más solo
La cumbre de Cardiff reactivó el reclamo independentista de Escocia, Gales e Irlanda del Norte justo cuando Londres enfrenta otro frente abierto por el petróleo de Malvinas.
Tanques de combustible en el puerto de Aberdeen, Escocia.
ShutterstockPor primera vez en la historia de Gran Bretaña, los tres gobiernos autonómicos -Escocia, Gales e Irlanda del Norte- quedaron simultáneamente en manos de partidos favorables a la independencia o la reunificación. Ese dato, más que cualquier discurso, explica por qué la cumbre celebrada este lunes en Cardiff, anticipada por The Telegraph, generó tanta repercusión en Westminster. El primer ministro escocés John Swinney, el galés Rhun ap Iorwerth y la norirlandesa Michelle O'Neill se reunieron para avanzar en una declaración conjunta que reclama el derecho a celebrar referéndums de autodeterminación en sus respectivos territorios.
La foto tiene un condimento adicional: se conoció apenas un día después de que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dijera durante una visita a Dublín que le "encantaría ver" la reunificación de Irlanda y que "eventualmente va a pasar", un comentario que rompe con décadas de cautela diplomática estadounidense sobre el tema. La coincidencia de fechas alimentó la lectura de que el Reino Unido enfrenta, al mismo tiempo, presión territorial desde dentro y desde afuera.
Pero la cumbre de Cardiff no ocurre en el vacío. Se suma a otro frente que Londres ya venía administrando con dificultad: la disputa por los recursos petroleros de Malvinas, donde la Argentina reclama soberanía y el propio Gobierno británico quedó en una posición incómoda al intentar presionar a las petroleras que operan en el archipiélago sin afectar inversiones que también sostienen el desarrollo de Vaca Muerta. Dos escenarios distintos, pero con un denominador común: el mapa energético de Gran Bretaña se volvió, en los últimos meses, un terreno de disputa política tanto puertas adentro como puertas afuera.
El petróleo que Londres no puede pagar dos veces
Si el debate independentista escocés avanza hacia un desenlace formal, la pregunta que más le interesa al sector energético es cuánto patrimonio productivo se llevaría Escocia consigo. Según un informe del comité de Asuntos Escoceses de la Cámara de los Comunes, la industria petrolera y gasífera aportó £25.000 millones de valor agregado a la economía británica en 2023, de los cuales £14.000 millones -el 56%- correspondieron a Escocia. El mismo trabajo parlamentario ubica en 66.000 los empleos directos e indirectos que el sector sostiene en territorio escocés, sobre un total de entre 115.000 y 120.000 en todo el Reino Unido.
Ese peso económico no es solo una cuestión de reservas geológicas. Aberdeen concentra buena parte del know-how operativo del Mar del Norte, con un ecosistema de proveedores, universidades y centros de formación que también involucra a Edimburgo. Se trata de capacidades técnicas acumuladas durante más de cinco décadas, difíciles de replicar en otro lugar en caso de que la cuenca cambiara de soberanía o que la actividad se retrajera todavía más de lo que ya lo hizo.
Ese último punto es clave para entender la tensión de fondo: mientras el debate político discute quién se queda con el recurso, la política fiscal británica viene erosionando la base productiva que ambos lados del debate dan por sentada.
Un régimen fiscal que ahuyenta lo que quiere retener
El Energy Profits Levy, el impuesto extraordinario introducido en 2022 tras la suba de precios que generó la invasión rusa a Ucrania, llevó la carga tributaria combinada sobre las ganancias petroleras del Mar del Norte al 78%, según confirmó el propio Tesoro británico al anunciar en noviembre que mantendrá el gravamen vigente hasta 2030. Ese nivel —de los más altos entre las principales cuencas productoras del mundo— convive con una caída de producción que, de acuerdo con datos de la Autoridad de Transición del Mar del Norte (NSTA) recogidos por Carbon Brief, ronda el 75% respecto del pico alcanzado en 1999.
La combinación no pasó inadvertida para la industria. Offshore Energies UK, la cámara que agrupa a los operadores del sector, calificó la decisión de mantener el gravamen como un "golpe amargo" y estimó que el país resignó unos US$50.000 millones de inversión potencial. Empresas como Harbour Energy ya redujeron cientos de puestos de trabajo desde la introducción del impuesto, mientras que otras, como Ineos e Serica, evalúan reorientar capital hacia Noruega, donde el régimen fiscal -aunque también elevado- ofrece mayor previsibilidad regulatoria.
El propio comité parlamentario que documentó el peso económico de Escocia en la industria advirtió sobre otro desajuste: los empleos de energía limpia que deberían absorber a los trabajadores petroleros no están apareciendo al ritmo necesario. La transición hacia la eólica offshore, presentada como el reemplazo natural de esas capacidades, todavía no logra sostener el volumen de empleo que el propio Gobierno británico proyectaba cuando diseñó su plan de energía limpia.
Un Reino no tan Unido y con varios frentes abiertos
La lectura política de Cardiff no puede desligarse de este trasfondo energético. Una eventual negociación de independencia escocesa bajo un criterio de equidistancia territorial dejaría del lado de Edimburgo una porción mayoritaria del patrimonio petrolero del Mar del Norte, justo cuando Londres necesita esos recursos -o al menos su recaudación- para sostener las cuentas públicas. La paradoja es evidente: el mismo Gobierno que quiere retener el control sobre esa cuenca es el que, con sus propias decisiones fiscales, acelera su declive productivo.
A eso se suma el frente sudatlántico. La disputa por el petróleo de Malvinas, con la Argentina reclamando soberanía sobre los recursos del archipiélago, expone a Londres a una tensión similar en otra escala: la de sostener un reclamo territorial sobre activos energéticos cuya explotación depende, en gran medida, de inversores y proveedores que también operan en otros mercados de la región, incluida Vaca Muerta. La política exterior británica navega ambos frentes con el mismo problema de fondo: cómo defender el control sobre un recurso estratégico sin desincentivar a quienes deberían desarrollarlo.
A ese cuadro se sumó, en las últimas semanas, un frente inesperado: Israel. En medio de una escalada diplomática con Londres por la política británica hacia los asentamientos en Cisjordania -que incluyó el cierre del consulado británico en Jerusalén y la expulsión de representantes del Reino Unido del centro que supervisa el alto el fuego en Gaza-, el ministro de Seguridad Nacional israelí, Itamar Ben-Gvir, pidió públicamente a Netanyahu que Israel reconozca a las Malvinas como "territorio argentino ocupado" y que se sancione a Gran Bretaña, en referencia directa a la explotación petrolera del proyecto offshore Sea Lion, donde participa la israelí Navitas Petroleum junto a la británica Rockhopper Exploration.
El ministro de Finanzas, Bezalel Smotrich, redobló la apuesta y reclamó la expulsión del embajador británico en Israel, mientras que el propio Yair Netanyahu, hijo del primer ministro, ya había manifestado antes su respaldo al reclamo argentino. El episodio llegó apenas días después de que Javier Milei anunciara, en una cadena nacional, sanciones para las empresas que operen en el archipiélago y la construcción de una Base Naval Integrada en Ushuaia. El resultado es que, en el mismo momento en que Trump sugería la reunificación de Irlanda, Londres quedó expuesto, por un frente completamente distinto, al respaldo explícito de funcionarios israelíes al reclamo de soberanía sobre otro de sus territorios en disputa.
Puertas adentro, el primer ministro británico Andy Burnham ya adelantó que no ve, por ahora, un "consenso claro" que justifique un nuevo referéndum escocés, y remarcó que tampoco hay evidencia de que una mayoría en Irlanda del Norte quiera dejar el Reino Unido. Esa resistencia inicial probablemente frene cualquier desenlace inmediato. Pero la ecuación de fondo —una cuenca petrolera madura, una carga fiscal que desalienta la inversión y una presión territorial simultánea en varios frentes— seguirá ahí, con o sin referéndum, mientras Londres decida qué prioriza: retener el control formal sobre sus recursos energéticos o las condiciones para seguir produciéndolos.