Los Nihuiles reavivó la guerra por el Atuel: duro cruce entre Cornejo y Ziliotto por regalías y agua

La decisión del Gobierno nacional de otorgar a Mendoza la totalidad de las regalías correspondientes al complejo hidroeléctrico Los Nihuiles volvió a encender una disputa de más de medio siglo por el Río Atuel. Esta vez, el enfrentamiento tuvo como protagonistas directos a Alfredo Cornejo y Sergio Ziliotto, que cruzaron acusaciones públicas sobre el reparto de los recursos, los fallos judiciales y las inversiones realizadas por cada provincia.

El origen inmediato del conflicto es el Decreto 982/2026 firmado por Javier Milei, que derogó el régimen establecido en 1973 y determinó que Mendoza pase a percibir el 12% correspondiente a las regalías hidroeléctricas de Los Nihuiles. Hasta ahora, ese porcentaje se repartía por mitades: 6% para Mendoza y 6% para La Pampa.

Ziliotto rechazó la decisión y anunció que La Pampa volverá a recurrir a la Justicia. Cornejo salió entonces a defender la medida nacional y cuestionó el argumento pampeano de vincular las regalías con el carácter interjurisdiccional del Atuel.

Cornejo: “Son dos cuestiones distintas”

“Gobernador, mezclar la interjurisdiccionalidad del Río Atuel con el origen de las regalías hidroeléctricas es confundir dos cuestiones distintas”, respondió Cornejo a su par pampeano.

El mandatario mendocino reconoció que el río pertenece a ambas jurisdicciones, pero sostuvo que eso no determina cómo deben distribuirse los ingresos generados por las centrales.

“El río es interjurisdiccional. La fuente hidroeléctrica que genera la energía de Los Nihuiles está íntegramente en Mendoza. Por eso la legislación, la jurisprudencia y los dictámenes de la Procuración del Tesoro sostienen que las regalías corresponden a la provincia de Mendoza donde está ubicada la fuente hidroeléctrica”, argumentó.

Cornejo resumió su posición con otra frase: “Para generar energía no basta con el agua, necesita pendiente e infraestructura. Y todo eso está en nuestra provincia”.

El razonamiento coincide con el utilizado por el Gobierno nacional para modificar el reparto. El decreto se apoyó, entre otros antecedentes, en pronunciamientos de la Corte Suprema de 2003 y 2009 y en dictámenes de la Procuración del Tesoro que vincularon el derecho a percibir regalías con la ubicación de la fuente hidroeléctrica.

“La Pampa se dedica a judicializar”

Cornejo fue más allá de la discusión jurídica y llevó el enfrentamiento al terreno político.

“Mientras La Pampa se dedica a judicializar cada decisión, Mendoza planifica, ejecuta e invierte en obras para aprovechar mejor sus recursos hídricos y mejorar la infraestructura que los sostiene”, sostuvo.

Y agregó: “Es muy fácil hacer política con un río y convertirlo en slogan de gestión. Lo difícil es invertir, hacer obras y construir acuerdos”.

El gobernador mendocino cerró el cuestionamiento reclamándole a La Pampa que detalle qué inversiones realizó sobre los recursos cuya defensa reivindica.

“Sería bueno que La Pampa también mostrara qué inversiones realizó para mejorar el aprovechamiento de los recursos que dice defender”, lanzó.

Ziliotto: “Que se cumplan las leyes y los acuerdos”

Ziliotto respondió colocando en el centro de su argumento un antecedente diferente: el acuerdo firmado en 1992 entre Nación, Mendoza y La Pampa, posteriormente homologado por la Corte Suprema.

“Más allá de opiniones subjetivas, nuestro reclamo es simple y objetivo: que se cumplan las leyes, los acuerdos y los fallos de la Corte Suprema de Justicia”, señaló.

“Que Mendoza honre su compromiso y cumpla el acuerdo que firmó en 1992, junto a Nación y La Pampa —homologado por la CSJN— por el que nos reconocen a los pampeanos nuestro derecho a cobrar regalías por Los Nihuiles”, agregó.

Ese convenio es uno de los argumentos centrales de La Pampa. Mendoza y el Gobierno nacional, en cambio, sostienen que la jurisprudencia posterior modificó el criterio aplicable para determinar qué provincia tiene derecho a cobrar las regalías hidroeléctricas.

Del dinero al agua

El intercambio terminó desplazándose desde las regalías hacia la disputa histórica por el propio Atuel.

Ziliotto recordó el fallo de la Corte Suprema de 2020 que ordenó a ambas provincias trabajar para garantizar un caudal permanente hacia territorio pampeano.

“Aunque para usted sea mezclar temas, cumplan con el fallo de 2020 de la propia Corte Suprema, por el que ordena garantizar el ingreso de agua del Río Atuel en forma permanente a nuestra provincia”, respondió.

Según el gobernador pampeano, Mendoza lleva seis años incumpliendo esa obligación “a pesar de que, como usted bien lo dice, el Río Atuel es interprovincial y sus aguas, abundantes o escasas, también nos pertenecen”.

Y contestó directamente el reclamo de Cornejo por las inversiones: “Resulta inviable invertir para potenciar ese recurso, ya que Mendoza mantiene cortado el Río Atuel hace casi 80 años”.

“Solo pedimos que se cumplan las leyes y se respeten nuestros derechos”, concluyó.

Dos disputas que vuelven a cruzarse

El intercambio deja expuesta una característica central del conflicto: Cornejo intenta separar jurídicamente la discusión por las regalías de la disputa por el agua, mientras Ziliotto considera que ambas forman parte de un mismo problema histórico entre las provincias.

Para Mendoza, que el Atuel sea interjurisdiccional no implica que La Pampa tenga derecho a percibir regalías de centrales cuya infraestructura y fuente de generación están ubicadas íntegramente en territorio mendocino.

La Pampa responde que existe un acuerdo específico que reconoció su participación en esos ingresos y que el conflicto no puede analizarse al margen de los pronunciamientos de la Corte sobre el carácter interprovincial del río y la obligación de garantizar el ingreso de agua.

El Decreto 982 resolvió administrativamente hacia adelante uno de esos capítulos al otorgarle a Mendoza el 100% de las regalías. Pero estuvo lejos de cerrar la pelea.

La Pampa ya anticipó que llevará nuevamente el asunto a la Justicia y el cruce entre Cornejo y Ziliotto muestra que la discusión por Los Nihuiles terminó reabriendo la disputa mucho más profunda por el Atuel: quién puede aprovecharlo, quién debe invertir y cómo se reparten tanto el agua como los recursos económicos que genera.