Privatización de AySA: sólo dos consorcios ofertaron y deberán comprometer más de US$2.000 millones
Rowing-Transclor, de Mauricio Filiberti y José Luis Manzano, y el Grupo Roggio se disputan el suministro de agua para 14 millones de personas en el AMBA.
La privatización de Agua y Saneamientos Argentinos (AySA) entró este martes en su etapa decisiva. El Ministerio de Economía abrió las ofertas técnicas para transferir el 90% de las acciones que permanecen en manos del Estado nacional y confirmó que solamente dos consorcios presentaron propuestas para quedarse con el control de la compañía.
El número resulta particularmente significativo porque el proceso había despertado inicialmente el interés de 17 participantes. Sin embargo, al momento de transformar ese interés en propuestas concretas, la competencia quedó reducida a dos grupos, que ahora deberán superar la evaluación técnica, patrimonial, financiera y legal antes de poder presentar sus ofertas económicas.
Uno de los consorcios está encabezado por Rowing S.A. e integrado además por Transclor, Arcos Saneamento e Participações y PHX. Detrás de Transclor aparece el empresario Mauricio Filiberti -socio de José Luis Manzano y Daniel Vila-, mientras que Arcos aporta uno de los componentes técnicos centrales de la propuesta por su experiencia en el negocio brasileño de agua y saneamiento.
El segundo competidor está liderado por Roggio ROAS S.A.U., del Grupo Roggio, acompañado por Hidrosan Capital, Aguas del Plata Participaciones, Benito Roggio e Hijos y Central Buen Ayre. Roggio cuenta además con experiencia directa en el sector a través de Aguas Cordobesas.
Más de US$2.000 millones de inversión
La apertura permitió conocer además uno de los números centrales del futuro contrato. El ministro de Economía, Luis Caputo, aseguró que el operador privado que tome el control de AySA tendrá obligaciones de inversión por más de US$2.000 millones durante los primeros cinco años.
“Con este hito, el sector privado asume la operación y las obligaciones de inversión y expansión previstas en el contrato”, sostuvo el ministro de Economía, Luis Caputo, al anunciar el avance del proceso.
La cifra permite separar dos aspectos de la privatización. Una cosa será cuánto pagará el ganador por el 90% de las acciones estatales y otra, mucho más importante para la prestación del servicio, cuánto deberá desembolsar posteriormente para mantener y ampliar la infraestructura.
El Gobierno había estimado que la venta podría generar alrededor de US$500 millones, aunque el pliego no establece un precio mínimo. El valor definitivo surgirá de la competencia económica entre los oferentes que logren superar la primera etapa.
Primero deberán pasar el filtro técnico
La apertura realizada este martes no define todavía al comprador. La licitación fue estructurada en etapas y los sobres conocidos corresponden únicamente a la primera.
La Comisión de Evaluación deberá determinar ahora si cada consorcio cumple los requisitos técnicos, legales, patrimoniales y financieros previstos en el pliego. Sólo aquellos que sean precalificados podrán acceder a la apertura de las ofertas económicas.
Las exigencias son importantes. Los participantes deben acreditar al menos cinco años de experiencia, dentro de los últimos diez, operando servicios de agua potable y cloacas en un centro urbano de por lo menos 1,5 millones de habitantes y 500.000 usuarios.
También deben demostrar un patrimonio neto consolidado mínimo de US$300 millones. Para fondos de inversión o determinados consorcios, la exigencia asciende a US$1.000 millones en activos bajo administración.
Superado ese filtro, la adjudicación se resolverá por la mayor oferta económica expresada en dólares.
La mayor empresa sanitaria del país
La dimensión de AySA explica la complejidad del proceso. La compañía abastece de agua potable y servicios cloacales a aproximadamente 14 millones de personas en la Ciudad de Buenos Aires y 26 municipios del conurbano bonaerense.
El Estado nacional posee actualmente el 90% del capital y los trabajadores conservan el 10% restante mediante el Programa de Propiedad Participada. Esa participación laboral no forma parte de la venta.
La privatización fue autorizada por la Ley Bases y posteriormente reglamentada mediante el Decreto 494/2025. En mayo de este año, Economía lanzó formalmente la licitación pública nacional e internacional para transferir todo el paquete estatal a un único operador estratégico.
La apertura estaba prevista inicialmente para el 27 de agosto, pero Economía prorrogó el cronograma hasta el 15 de septiembre después de recibir pedidos de empresas interesadas que reclamaron más tiempo para preparar sus presentaciones.
Sin subsidios y con metas de expansión
El nuevo esquema contempla además un cambio estructural en la relación entre AySA y el Estado: el futuro concesionario deberá mantener el equilibrio económico-financiero de la operación sin subsidios del Tesoro.
Entre los objetivos previstos para los primeros diez años aparece aumentar la cobertura de agua potable, actualmente cercana al 75%, y la de cloacas, que ronda el 64%. El plan contempla además instalar 100.000 medidores por año, renovar alrededor de 500 kilómetros anuales de redes de agua y otros 125 kilómetros de redes cloacales.
La ecuación tarifaria será, por eso, uno de los aspectos centrales de la futura concesión. El desafío será financiar las inversiones y mantener el equilibrio de la compañía sin asistencia presupuestaria, dentro del marco regulatorio que determine la evolución de las tarifas.