La Iglesia irrumpe en la discusión sobre la Ley de Glaciares y suma peso político al debate minero
En plena discusión legislativa, Marcelo Colombo, en representación de la Iglesia Católica, recibió a diputados que rechazan la reforma.
La Iglesia Católica volvió a intervenir en un debate con impacto directo sobre la actividad minera. En el marco de la asamblea de la Comisión Permanente de la Conferencia Episcopal Argentina, su presidente, Marcelo Colombo, desplegó una agenda que incluyó reuniones con el gobernador bonaerense Axel Kicillof y con diputados nacionales, en un escenario donde la modificación de la Ley de Glaciares se convirtió en uno de los puntos más sensibles de la discusión legislativa.
El encuentro con Kicillof estuvo centrado en la situación económica y social. Ambas partes intercambiaron miradas sobre el contexto actual y coincidieron en la necesidad de fortalecer políticas de inclusión para jóvenes y adolescentes. Sin embargo, el movimiento político más relevante en clave minera se produjo más tarde, cuando Colombo recibió a legisladores nacionales de distintos bloques opositores que trabajan para frenar en Diputados los cambios a la Ley de Glaciares ya aprobados por el Senado.
Según trascendió tras esa reunión, desde la Pastoral Social expresaron la necesidad de mantener vigente la normativa actual. La discusión no es menor: la Ley de Glaciares establece restricciones en zonas periglaciares y cuerpos de hielo que pueden condicionar o limitar desarrollos mineros en áreas cordilleranas. Cualquier modificación altera el equilibrio entre protección ambiental y viabilidad de proyectos extractivos en provincias con fuerte potencial metalífero.
Postura ante la minería
El posicionamiento del titular del Episcopado frente a este debate no aparece como un hecho aislado dentro de su trayectoria. Actualmente es arzobispo de Mendoza y en 2019 Colombo tuvo un rol público en la discusión por la modificación de la Ley 7722. En aquel momento, la Legislatura provincial avanzó con una reforma y apertura a la minería metalífera.
En ese contexto, Colombo sostuvo públicamente en contra de la reforma con argumentos centrados en la paz social y la necesidad de amplios consensos antes de modificar un marco regulatorio de alta sensibilidad ambiental. Su postura quedó alineada con quienes defendían el texto original de la norma, que finalmente fue restituido tras la derogación de la reforma impulsada por el Ejecutivo provincial.
En un momento en que el Gobierno nacional impulsa cambios estructurales en distintas áreas -incluyendo regulaciones ambientales-, la participación activa de la Conferencia Episcopal en el debate sobre la Ley de Glaciares introduce un actor con peso simbólico e institucional en una discusión que excede lo técnico y se instala en el plano político.