La desregulación asimétrica del biodiésel: concentración de mercado y el fin del federalismo pyme
El Senado irá al recinto a pesar de que el consenso que permitió el dictamen está explotado. Agroexportadores y petroleras dejan afuera del negocio a las no integradas.
La producción de biodiésel argentino se exporta casi en exclusividad a la UE
Creada por IALos biocombustibles siguen a la deriva. La falta de consenso entre los distintos actores de la cadena productiva dificulta un acuerdo que contemple a todos los sectores. El núcleo del conflicto radica en el biodiésel.
Días atrás, el Senado avanzó en lo que perfilaba como una reforma clave del mercado energético: el plenario de las comisiones de Minería, Energía y Combustibles, junto a la de Presupuesto y Hacienda, avaló un dictamen de mayoría para un nuevo marco regulatorio de biocombustibles. Esta iniciativa no solo plantea elevar el corte obligatorio de biodiésel y bioetanol, sino también modernizar el esquema vigente hacia un modelo que priorice la libre competencia y la inversión privada.
Un acuerdo que no prosperó
La unificación de siete proyectos de ley —con firmas que van desde Patricia Bullrich hasta el bloque justicialista— refleja el complejo entramado de acuerdos regionales que demandó la norma. Sin embargo, muchos legisladores que inicialmente habían firmado por la positiva —entre ellos, senadores del oficialismo— luego se opusieron al proyecto debido a la forma en que este liberaba el mercado de biodiésel en favor de las empresas no integradas. El cambio de postura evidenció su alineamiento con las grandes industrias integradas de sus provincias, que rechazan la continuidad de las pymes. Por su parte, el radicalismo asumió una posición unificada de no votar hasta que se resuelva este punto. Esta falta de apoyos impidió reunir los votos necesarios la semana pasada, lo que obligó a retirar el proyecto del temario para buscar un nuevo acercamiento.
El nuevo marco regulatorio redefine el negocio de los combustibles al acelerar los porcentajes de mezcla obligatoria. Mientras el gasoil mantendrá en el inicio el 7,5% de biodiésel establecido en 2022, la propuesta activará un incremento automático al 10% al cabo de un año. En simultáneo, las naftas elevarán el corte de bioetanol del 12% al 15% tras la sanción de la ley. El diseño de este último incremento revela un delicado equilibrio regional: se preservó un 6% para el sector sucroalcoholero (caña) y un 6% para el industrial (maíz), abriendo a la libre competencia un 3% flotante sin asignación específica.
En el caso del biodiésel, se fija una transición más pausada para proteger a la industria local. En una primera fase, el corte vigente del 7,5% quedará reservado únicamente para las pymes que no fabrican aceites ni harinas vegetales a gran escala (no integradas). No obstante, una vez que el corte global ascienda al 10% tras el primer año, el esquema cambiará: las pymes conservarán un 6,5% blindado, en tanto que el 3,5% restante se disputará en un segmento abierto a la libre competencia entre grandes aceiteras y pequeñas empresas.
Golpe de gracia
La letra chica del proyecto desnuda la verdadera puja de poder y el pragmatismo de los gobernadores involucrados. El repliegue del Estado sobre el negocio pyme se dará de forma programada pero drástica. El cronograma estipula que en 2029 las pymes no integradas pasen a un 5,5% de participación fija, liberando un 4,5% a la oferta y la demanda; una paridad que llegará al 5% exacto en 2030.
Sin embargo, el golpe de gracia institucional tiene fecha: el 1° de enero de 2031. Desde ese día y por cuatro años, el espacio reservado para los pequeños productores se reducirá a apenas 3 puntos, dejando los 7 puntos restantes del corte obligatorio del 10% en manos del segmento de mayor competencia. Una pirueta regulatoria que disfraza de "transición ordenada" lo que llanamente es el avance definitivo de las grandes agroexportadoras sobre el mercado energético local.
Otro problema complejo es la brecha entre las propias plantas no integradas. Aquellas que se encuentran alejadas compiten en total desventaja frente a las ubicadas cerca de las plantas integradas, sus proveedoras clave de aceite. La geografía manda: en la Argentina del transporte en camión, los costos logísticos definen quién sobrevive y quién quiebra.
Cupo y distancia son las mayores tensiones parlamentarias. Los legisladores del interior tomaron nota del riesgo de un tendal de persianas bajas en sus provincias. La solución de compromiso fue acotar al 10% el límite máximo de participación por empresa dentro del cupo pyme, una maniobra que busca equilibrar artificialmente la oferta para estirar la agonía —o la reconversión— de las plantas periféricas. Se agregaron tres puntos de corte que se retendrán hasta fines de 2035, otorgándoles una oportunidad de sostenerse. Pero no nos engañemos: esta red de contención tiene fecha de vencimiento. El 1° de enero de 2036 se apagará el respirador artificial de la transición y las reglas del juego serán absolutas.
Ya no es cupo, es asignación del mercado
El foco de la controversia no está en el aumento de los cortes obligatorios, sino en la asignación del mercado de biodiésel. El debate central gira en torno a la participación de las pymes elaboradoras frente a las grandes compañías con integración vertical, que dominan la totalidad de la cadena de valor.
En ese marco, las negociaciones contrarreloj apuntan a encontrar una fórmula que permita destrabar el capítulo referido al biodiésel sin poner en riesgo los avances logrados para el bioetanol. El éxito para conseguir el quorum depende de estos retoques que el propio Gobierno está dispuesto a convalidar: aunque el proyecto original estipula un 3% por diez años, los gobernadores exigen que se eleve al 4% o que, por lo menos, se extienda el plazo temporal de los beneficios. Asimismo, se introducirán modificaciones en el proyecto para establecer que algunas firmas, léase Buenos Aires, sean consideradas grupo económico y tipificadas como empresa integrada, lo que las ubica con las grandes. Este cambio técnico permitiría que las plantas de San Luis, Santa Fe y Entre Ríos queden resguardadas y beneficiadas dentro de la categoría de no integradas, asegurándole al oficialismo la mayoría en el recinto. Una situación que no hace más que dividir a las pymes en desmedro de otras. El debate legislativo está fuertemente condicionado por el lobby del complejo agroexportador. Gigantes de la industria presionan para congelar el proyecto y perpetuar su posición dominante, lo que desmantelaría el negocio de las pymes no integradas. La paradoja es que esta presión se monta sobre un sector que ya cuenta con un blindaje extraordinario: el esquema de derechos de exportación deprime artificialmente los precios de las oleaginosas en el mercado interno, otorgándole a la gran industria de molienda una protección fenomenal que profundiza la asimetría regulatoria.
El desenlace de esta disputa parlamentaria no solo reconfigurará el mapa del agro, sino que terminará de alinear los intereses de los eslabones más concentrados de la economía argentina. En esta encrucijada, las pymes no integradas enfrentan un frente de pinzas inesperado: al histórico lobby agroexportador se le suma ahora la presión silenciosa de las grandes compañías petroleras. Para las refinadoras de combustible, el subsidio cruzado implícito y el cupo garantizado a los pequeños productores locales representan una distorsión en sus estructuras de costos que no están dispuestas a tolerar. Al igual que las grandes aceiteras, el sector petrolero presiona para acelerar la desregulación, prefiriendo negociar volúmenes masivos con un puñado de corporaciones integradas antes que lidiar con un mercado atomizado de pymes del interior. Así, el destino de las plantas regionales parece sellado no solo por la geografía, sino por una alianza de facto entre el campo concentrado y el negocio del crudo, uniendo a viejos rivales con el único objetivo de imponer las reglas del libre mercado sobre el federalismo productivo.