El dilema de los grandes proyectos de minería y energía: financiarse ya o quedar expuestos a 2027
Como el Gobierno, inversiones por decenas de miles de millones de dólares se juegan buena parte de su futuro en los próximos meses.
Argenitna frente a dos modelos para financiar la expansión energética.
ShutterstockHay un reloj que comenzó a correr para las grandes inversiones de minería y energía de la Argentina. No es geológico, técnico ni regulatorio. Tampoco figura formalmente en los cronogramas de las compañías. Es el calendario electoral que desembocará en las presidenciales de 2027.
La diferencia puede resultar sustancial. No es lo mismo llegar al próximo año con una decisión final de inversión tomada, contratos firmados y miles de millones de dólares de financiamiento asegurados que tener que salir a buscarlos cuando los mercados ya estén incorporando en sus precios las probabilidades electorales, la continuidad del programa económico y el escenario que se abrirá en diciembre de 2027.
Eso no significa necesariamente que las compañías estén postergando inversiones por las elecciones. Cada proyecto tiene dificultades propias y, en algunos casos, cronogramas que desde el comienzo atravesaban el próximo ciclo político. Pero tampoco sería razonable considerar neutral un año presidencial para una economía como la argentina, particularmente sensible a los cambios en el riesgo país, el tipo de cambio y las expectativas sobre la continuidad de las reglas.
Y las cifras son enormes. Solamente Argentina LNG contempla inversiones por unos US$51.000 millones. Vicuña ingresó al RIGI con compromisos por US$9.737 millones. El Pachón proyecta US$9.500 millones en su primera fase y Los Azules necesita varios miles de millones para transformarse en mina. A ellos se agregan gasoductos, plantas industriales y proyectos de litio que configuran una cartera de inversiones inédita en décadas.
Los Azules encendió una señal
El último movimiento que puso el calendario nuevamente sobre la mesa ocurrió esta semana en San Juan.
McEwen Copper consiguió un préstamo por US$240 millones para continuar con la ingeniería y los trabajos tempranos de Los Azules. El crédito tiene cuatro años de plazo y una tasa del 12% anual. Sprott Natural Resource Investment Partners aportó US$112 millones y el propio Rob McEwen otros US$85 millones.
Es dinero suficiente para continuar desarrollando el proyecto, pero no para construir la mina. Los Azules deberá estructurar un financiamiento considerablemente mayor antes de dar ese paso.
La novedad apareció en el mismo anuncio: McEwen Copper informó que ahora espera adoptar la Decisión Final de Inversión (FID) y completar el financiamiento integral hacia mediados de 2027.
El movimiento llama la atención porque hasta pocos días antes la conducción del proyecto ubicaba esa instancia hacia fines de 2026. Y porque, al comunicar el nuevo préstamo, la propia compañía aseguró que los trabajos de ingeniería necesarios para alcanzar la FID se encuentran adelantados respecto del cronograma.
No hay elementos para afirmar que las elecciones expliquen el corrimiento. Pero el resultado es concreto: Los Azules pasó de proyectar su decisión antes del inicio del año electoral a tener que tomarla en pleno 2027.
Argentina LNG busca cruzar la línea antes
En la vereda opuesta aparece el mayor proyecto privado actualmente planteado en el país.
YPF, Eni y XRG mantienen como objetivo tomar antes de terminar 2026 la decisión final de inversión de Argentina LNG. Eni volvió a ratificar ese cronograma durante agosto, cuando el proyecto fue presentado para ingresar al RIGI.
La dimensión del desafío es difícil de comparar con cualquier otra inversión actualmente en carpeta. Argentina LNG contempla unos US$51.000 millones entre infraestructura y desarrollo del upstream, con una primera etapa que incluye dos buques flotantes capaces de producir conjuntamente 12 millones de toneladas anuales de GNL.
Para convertir ese diseño en obras será necesario estructurar uno de los mayores paquetes de financiamiento privado de la historia argentina.
Por eso el objetivo de llegar a la FID antes de terminar este año tiene una lectura adicional: permitiría que una parte sustancial de las condiciones económicas y financieras quede definida antes de ingresar en el calendario presidencial. Será importante para las m{ultiples miradas sobre la Argentina ver concretada esa previsión.
Vicuña también apunta a 2026
El cobre tiene otro gigante que todavía pretende llegar antes de esa frontera.
Vicuña, la sociedad controlada en partes iguales por BHP y Lundin Mining que integró los depósitos de Josemaría y Filo del Sol, continúa trabajando para estar en condiciones de adoptar una decisión de sanción tan pronto como a fines de 2026.
El proyecto acaba de recibir la aprobación para ingresar al RIGI con inversiones comprometidas por US$9.737 millones y avanzó también en su integración con Chile a través del Tratado de Integración y Complementación Minera.
Lundin informó que continúa trabajando sobre la ingeniería, los costos definitivos y la estructura de financiamiento de la primera etapa.
El caso será una prueba especialmente relevante porque Vicuña está llamado a convertirse en uno de los mayores desarrollos de cobre, oro y plata del mundo y necesitará comprometer capital durante décadas.
TGN: hay demanda, pero todavía falta cerrar la ecuación
La carrera contra el calendario tampoco es exclusiva de la minería ni del GNL.
Transportadora Gas del Norte trabaja para adoptar antes de terminar 2026 la decisión de inversión de un nuevo gasoducto entre Tratayén, en Neuquén, y La Carlota, en Córdoba, una obra estimada en alrededor de US$1.500 millones.
El proyecto permitiría sumar inicialmente al menos 13 millones de metros cúbicos diarios de capacidad y potenciar el transporte de gas de Vaca Muerta hacia el centro y norte argentino y, eventualmente, los mercados regionales.
En junio, el CEO de TGN, Horacio Pizarro, confirmó públicamente que la intención era tomar la decisión durante este año. El objetivo formal se mantiene, aunque el tiempo comienza a jugar.
En este caso, el problema no es la inexistencia de demanda. Los compradores están. Lo que todavía debe cerrarse son los precios y, aunque resulte paradójico frente a la magnitud de Vaca Muerta, tampoco está garantizada la oferta firme necesaria para respaldar el proyecto.
Para financiar una infraestructura de US$1.500 millones no alcanza con saber que Brasil quiere gas argentino o que existe demanda en el mercado interno. Se necesitan contratos de largo plazo a precios capaces de sostener la inversión.
Los productores, a su vez, necesitan esas señales económicas para comprometer durante años los volúmenes que circularán por el ducto y justificar las inversiones adicionales necesarias para producirlos.
TGN queda así en medio de una negociación de varias puntas: demanda, precio y oferta deben cerrarse simultáneamente para que el proyecto resulte bancable.
Si la ecuación no termina de resolverse antes de diciembre, otro de los grandes proyectos energéticos ingresará en 2027 sin una decisión definitiva. Tarde o temprano la obra se hará, pero los tiempos no son un detalle para el país.
Energía ya cruzó varias veces el Rubicón
No todos llegan a la frontera electoral en la misma situación.
El sector energético consiguió durante el último año cerrar decisiones que hasta hace poco parecían difíciles para la Argentina.
El caso paradigmático es Vaca Muerta Oil Sur (VMOS). El consorcio consiguió en 2025 un préstamo sindicado internacional por US$2.000 millones, equivalente aproximadamente al 70% de las necesidades de capital del oleoducto y la terminal exportadora de Punta Colorada.
La operación fue especialmente relevante porque significó el regreso de la Argentina al mercado internacional de project finance para una infraestructura de semejante dimensión. Hoy VMOS está en construcción y su financiamiento dejó de depender de lo que ocurra durante el año electoral.
TGS tomó en junio otra decisión importante. La compañía confirmó la ejecución de su proyecto para procesar líquidos del gas de Vaca Muerta, con una inversión estimada en US$3.000 millones, después de conseguir contratos con YPF, Pluspetrol y Chevron por más del 80% de la capacidad prevista.
Un mes después, Pampa Energía tomó la FID para construir su planta de urea en Bahía Blanca, un emprendimiento de alrededor de US$2.700 millones que utilizará gas de Vaca Muerta como materia prima.
Son decisiones que tienen algo en común: llegaron a 2027 con el casillero principal marcado.
El litio también aseguró fondos
La minería ofrece algunos ejemplos similares fuera del cobre.
Rio Tinto cerró en marzo un paquete de financiamiento por US$1.175 millones para Rincón, en Salta, donde desarrolla una inversión total cercana a US$2.500 millones.
Posco acaba de seguir un camino parecido. La compañía surcoreana consiguió una estructura de financiamiento de hasta US$700 millones de BID Invest para respaldar la operación y expansión de Sal de Oro, su proyecto ubicado entre Salta y Catamarca.
En ambos casos, una porción significativa de las necesidades financieras quedó asegurada antes de que el calendario político vuelva a ocupar el centro de la escena argentina.
El cobre llega con más interrogantes
El mapa es diferente cuando se observa el conjunto de los grandes proyectos cupríferos.
Además de Los Azules, MARA-Agua Rica, en Catamarca, tiene prevista su decisión final de inversión durante 2027. Glencore estima que desarrollar el depósito y aprovechar la infraestructura existente de Bajo La Alumbrera requerirá alrededor de US$4.000 millones.
Taca Taca, de First Quantum, continúa avanzando en Salta, pero todavía tiene por delante definiciones regulatorias y financieras antes de decidir la construcción de un proyecto cuya inversión se ubica en varios miles de millones de dólares.
PSJ Cobre Mendocino ingresó al RIGI con una inversión prevista de US$891 millones y proyecta iniciar la construcción durante 2027.
El Pachón se encuentra en una situación diferente. Glencore calcula aproximadamente US$9.500 millones para la primera fase, pero su cronograma ya contempla el comienzo de las principales inversiones hacia 2029 y producción alrededor de 2034. No puede hablarse allí de una postergación asociada a las próximas elecciones: simplemente es un proyecto que, por sus propios tiempos, atravesará más de un ciclo presidencial antes de producir.
La comparación muestra, sin embargo, una diferencia: mientras buena parte de las grandes inversiones energéticas ya tomó decisiones irreversibles o consiguió financiamiento, una porción sustancial de la futura industria argentina del cobre todavía debe hacerlo.
El RIGI protege, pero no puede controlar al mercado
El Gobierno construyó el RIGI precisamente para atacar uno de los problemas históricos que enfrentaban estas inversiones: comprometer capital por décadas en un país caracterizado por cambios recurrentes en sus reglas económicas.
Los proyectos aprobados obtienen estabilidad fiscal, aduanera y cambiaria durante 30 años, además de otros incentivos destinados a mejorar su competitividad.
Para una compañía que evalúa colocar US$5.000 millones o US$10.000 millones, esa protección puede resultar determinante.
Pero existe un riesgo que ninguna ley argentina puede eliminar: el precio que los mercados internacionales le asignen al país.
Un banco puede reconocer las garantías del RIGI y, simultáneamente, exigir una tasa mayor porque aumentó el riesgo soberano. Un inversor puede considerar atractivo un proyecto y esperar antes de comprometer capital hasta conocer el resultado electoral. Una empresa puede tener aprobaciones ambientales y fiscales pero encontrar más difícil estructurar deuda si aumenta la volatilidad financiera.
Por eso la discusión no pasa solamente por garantizar que las reglas de un proyecto no cambien después de una elección. También importa en qué condiciones financieras llega la Argentina a esa elección.
2027 comienza antes de 2027
El riesgo electoral tampoco empieza el día en que los argentinos concurran a votar.
Los mercados descuentan escenarios. A medida que avance el próximo año comenzarán a incorporarse a las valuaciones las encuestas, las probabilidades de continuidad o cambio del rumbo económico, las perspectivas fiscales, el tipo de cambio esperado y la capacidad futura del país para acceder al crédito.
En una economía estable, ese proceso puede producir variaciones relativamente acotadas. En la Argentina, donde las expectativas políticas han provocado históricamente movimientos bruscos en bonos, acciones, dólares y riesgo país, el efecto potencial es mayor.
Eso explica por qué cerrar un financiamiento en diciembre de 2026 no necesariamente será equivalente a intentar hacerlo seis u ocho meses después.
No significa que el dinero vaya a desaparecer. Puede incluso ocurrir lo contrario si el mercado considera favorable el escenario electoral. Pero las empresas que necesitan levantar miles de millones de dólares no suelen construir sus modelos financieros sobre esa apuesta.
Dos estrategias frente al mismo reloj
El mapa de las principales inversiones deja entonces dos grandes grupos.
VMOS, TGS, Pampa Energía, Rio Tinto y Posco ya tomaron decisiones relevantes o aseguraron buena parte de los recursos necesarios para avanzar.
Argentina LNG, Vicuña y TGN todavía tienen como objetivo cruzar esa frontera durante los próximos cuatro meses.
Los Azules ya desplazó su decisión a mediados de 2027. MARA también tiene una definición crítica prevista para ese año. Y otros desarrollos, como Taca Taca, PSJ o El Pachón, atravesarán inevitablemente el próximo ciclo electoral en distintas etapas de maduración.
Cada proyecto tiene sus razones. En TGN deben alinearse oferta, demanda y precio. En Argentina LNG hay que estructurar un financiamiento gigantesco. Los grandes proyectos de cobre deben completar ingeniería, permisos, infraestructura y esquemas financieros antes de comprometer capital.
Las elecciones no sustituyen ninguno de esos problemas.
Pero el reloj electoral corre mientras las compañías intentan resolverlos.
Y ahí reside el dilema que marcará los próximos meses: llegar a 2027 con miles de millones de dólares comprometidos y las decisiones tomadas, o tener que pedirle al mercado que financie las mayores inversiones de la Argentina en décadas cuando ese mismo mercado vuelva a ponerle precio al futuro político del país.