El Súper RIGI, de Diputados al Senado: qué necesita el país para subirse a la ola de los data centers
El Súper RIGI pasó al Senado prometiendo mega inversiones en Inteligencia Artificial, pero Argentina parte de apenas 32 MW de data centers instalados.
El Senado en la sesión de este jueves.
N/ALa Cámara de Diputados le dio media sanción, en la madrugada del 25 de junio, al proyecto que crea el Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones en Nuevas Industrias, conocido en la jerga del mercado como Súper RIGI. Con 130 votos a favor, 106 en contra y 7 abstenciones, la iniciativa del Poder Ejecutivo quedó habilitada para pasar al Senado, donde el oficialismo espera conseguir sanción definitiva antes del receso de julio.
El Súper RIGI no es una simple prórroga del RIGI original que aprobó la Ley Bases en 2024. Es un régimen paralelo, pensado para sectores que hoy no tienen desarrollo comercial en el país: inteligencia artificial, semiconductores, biotecnología avanzada, infraestructura digital, baterías de litio, hidrógeno de bajas emisiones, pequeños reactores nucleares modulares, vehículos eléctricos y proyectos vinculados a la cadena de valor del uranio. Entre todos esos rubros, uno concentra la mayor expectativa empresaria y la mayor incertidumbre técnica al mismo tiempo: los centros de datos para IA.
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El umbral de entrada es alto: cada proyecto debe comprometer una inversión mínima de US$1.000 millones, con al menos el 20% de ese monto ejecutado en los primeros dos años. A cambio, el Estado ofrece una batería de beneficios más agresiva que la del RIGI vigente —alícuota de Ganancias del 15%, amortización acelerada, deducción de quebrantos sin límite temporal, exención total de aranceles de importación y exportación desde el día cero, liberación de divisas más veloz (20% al primer año, 40% al segundo, 100% al tercero) y un tope de 0,5% para Ingresos Brutos en las provincias adheridas—, todo con estabilidad normativa garantizada por 30 años.
Qué cambia respecto del RIGI original
La diferencia central no es solo de magnitud de beneficios: es de elegibilidad. El RIGI tradicional, que ya acumula 16 proyectos aprobados y otros 25 en evaluación, está pensado para ampliar o poner en marcha actividades que el país ya conoce —petróleo, gas, minería—. El Súper RIGI, en cambio, excluye expresamente la ampliación, modernización o reutilización de instalaciones preexistentes, y ningún proyecto que ya haya adherido al RIGI tradicional puede migrar al nuevo esquema. El mensaje que envió el Poder Ejecutivo es explícito en ese punto: se reserva el régimen para lo que la Argentina todavía no produce.
Esa definición técnica tiene una consecuencia directa para la batería del litio y el cobre electrolítico: una mina de litio que ya está operando no puede usar el Súper RIGI para construir, al lado, una planta de celdas. Pero una empresa que llegue a instalar esa planta desde cero —algo que hoy no existe en el país— sí entraría en la categoría de "nueva actividad económica". Lo mismo aplica a una refinería de cobre, un eslabón industrial que China controla en un 97% a nivel mundial y que replicar demanda, según estimaciones de Wood Mackenzie, unos US$3.000 a US$5.000 millones por planta.
El cuello de botella real: energía e infraestructura
El régimen fiscal puede estar listo antes de agosto. La infraestructura energética, no. Según un relevamiento de Cabase presentado en su Internet Day 2026, la Argentina tiene hoy 13 centros de datos operativos con una potencia instalada total de 32 megavatios, concentrados mayormente en el Área Metropolitana de Buenos Aires. La comparación con la escala que maneja la industria global resulta elocuente: los operadores tecnológicos de punta ya construyen campus de entre 1.000 y 2.000 megavatios.
La inversión necesaria para cerrar esa brecha no es menor. Según estimó a Infobae un ejecutivo de Schneider Electric, montar la infraestructura crítica de un data center —tableros, generadores, refrigeración, sin contar servidores ni racks— demanda unos US$2 millones por cada megavatio de potencia. Multiplicado por la escala que requiere competir con un hub regional, la cuenta entra directamente en el terreno de los US$1.000 millones que exige el Súper RIGI para calificar.
El otro problema es la red. Un data center de alta densidad no solo necesita energía abundante: necesita energía firme, sin cortes, las 24 horas. La Agencia Internacional de Energía proyectó que la demanda eléctrica global de los centros de datos creció 17% en 2025 y podría duplicarse hacia 2030, mientras que la de los centros dedicados específicamente a IA se triplicaría en el mismo período. Argentina cuenta con un argumento a favor —más de 6.000 megavatios de capacidad renovable instalada, según destacó el empresario Jorge Brito en el Foro de la OEA en Panamá— pero esa generación todavía no está necesariamente cerca de donde haría falta levantar un data center, ni la red de transporte está dimensionada para absorber una demanda de esa escala de manera súbita.
Qué viene en el Senado
El oficialismo confía en los números: la base de apoyo que garantizó la media sanción en Diputados —PRO, UCR, MID y bloques provinciales de San Juan, Tucumán, Salta y Santa Cruz— tiene capacidad de replicarse en la Cámara alta. Pero el debate no fue uniforme. El senador radical Martín Lousteau, que cruzó parte de la discusión en Diputados antes de pasar a su rol en el Senado, planteó la objeción de fondo: a diferencia del RIGI, que definió ocho sectores concretos al momento de aprobarse, el Súper RIGI deja la puerta abierta a actividades que las propias empresas deben "autopercibir" como nuevas, sin un parámetro objetivo claro de comparación.
Si el Senado aprueba el texto sin modificaciones, la ley queda lista para promulgación inmediata. Si introduce cambios, el proyecto vuelve a Diputados para una segunda vuelta, lo que corre los plazos que el Gobierno quiere cerrar antes del receso. Mientras esa pulseada legislativa avanza, la pregunta de fondo sigue sin resolverse en ningún articulado: ningún régimen de incentivos fiscales construye, por sí solo, una línea de alta tensión.