7 claves para explicar el Súper Rigi, el nuevo régimen que impulsa la Nación
El Súper RIGI apunta a sectores como inteligencia artificial, hidrógeno, GNL, biotecnología y semiconductores, bajo un esquema de incentivos.
Luis Caputo.
Prensa Gobierno de MendozaEl Gobierno nacional envió al Congreso el proyecto de ley para crear el denominado “Súper RIGI”, un nuevo esquema de promoción orientado a captar inversiones de gran escala vinculadas a industrias tecnológicas, energéticas e industriales consideradas estratégicas para el desarrollo económico argentino.
La iniciativa, denominada oficialmente “Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones en Nuevas Industrias”, propone beneficios fiscales, cambiarios, regulatorios y aduaneros para proyectos que superen los US$1.000 millones de inversión y contempla estabilidad por 30 años para las empresas adheridas.
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Estas son las siete claves centrales del nuevo esquema impulsado por la Nación.
1. Proyectos de más de US$1.000 millones
El régimen apunta exclusivamente a inversiones de gran escala. El proyecto establece un piso mínimo de US$1.000 millones para acceder a los beneficios y además obliga a ejecutar al menos el 20% de esa inversión durante los primeros dos años desde la adhesión.
La intención oficial es concentrar el esquema en desarrollos con alta demanda de capital y fuerte impacto económico.
2. El foco en industrias consideradas estratégicas
El Gobierno busca impulsar actividades que actualmente tienen bajo desarrollo en Argentina o permanecen en etapa experimental o piloto.
Entre los sectores incluidos aparecen inteligencia artificial, semiconductores, biotecnología avanzada, infraestructura digital estratégica, hidrógeno, GNL, reactores nucleares pequeños, baterías de litio y manufacturas tecnológicas.
El texto también aclara que no podrán adherirse ampliaciones o reconversiones de actividades ya existentes.
3. Beneficios fiscales y aduaneros de largo plazo
Uno de los principales ejes del proyecto es la reducción de la carga tributaria para las empresas adheridas.
Entre los beneficios incluidos aparecen una alícuota reducida del Impuesto a las Ganancias del 15%, amortización acelerada de inversiones, quebrantos impositivos sin límite temporal, reducción sobre dividendos y devolución de IVA mediante certificados fiscales.
A eso se suma la exención de derechos de importación y exportación para proyectos alcanzados por el régimen.
4. Habilita acceso progresivo a las divisas
El proyecto también incorpora beneficios cambiarios vinculados a las exportaciones generadas por las inversiones adheridas.
Las empresas podrán disponer libremente del 20% de las divisas después del primer año desde la primera exportación, del 40% luego del segundo y del 100% a partir del tercer año.
El objetivo oficial es mejorar las condiciones de repago y financiamiento de proyectos de gran escala.
5. Estabilidad por 30 años
La iniciativa contempla estabilidad tributaria, aduanera, cambiaria y regulatoria durante tres décadas.
Ese punto aparece como uno de los principales argumentos del Ejecutivo para intentar atraer inversiones de largo plazo en sectores de alta complejidad tecnológica e industrial.
En los fundamentos del proyecto, el Gobierno sostiene que Argentina perdió competitividad durante años por la inestabilidad normativa y las restricciones económicas.
6. Provincias y municipios deberán adherir
Para que los proyectos puedan acceder a los beneficios, las provincias y municipios tendrán que adherir formalmente al régimen.
El texto además establece que cualquier norma provincial o municipal que limite o afecte los beneficios otorgados será considerada “nula de nulidad absoluta”.
Ese punto aparece como uno de los aspectos con potencial de mayor discusión política dentro del tratamiento legislativo.
7. Inversión deberá estructurarse mediante un vehículo exclusivo
Los proyectos deberán canalizarse a través de Vehículos de Proyecto Único (VPU), sociedades creadas exclusivamente para desarrollar cada iniciativa adherida.
El plazo inicial para ingresar al régimen será de cinco años, con posibilidad de extenderlo por un año adicional.
Según el Gobierno, el objetivo es acelerar inversiones estratégicas, ampliar exportaciones y generar desarrollo de proveedores locales vinculados a industrias de alta escala.