Golpe a Sea Lion: la Justicia ordenó frenar el proyecto petrolero en Malvinas
Una jueza federal de Río Grande dictó una medida cautelar contra Rockhopper y Navitas y ordenó detener perforaciones, infraestructura submarina y el inicio de la explotación.
Empresas afectadas: La medida alcanza a Rockhopper Exploration y Navitas Petroleum Development and Production Limited.
shutterstockLa Justicia Federal de Río Grande ordenó suspender el avance del proyecto petrolero Sea Lion, ubicado al norte de las Islas Malvinas. La jueza federal Mariel Borruto hizo lugar a una medida cautelar y dispuso que las empresas Rockhopper Exploration y Navitas Petroleum Development and Production Limited se abstengan de iniciar o continuar obras vinculadas con el emprendimiento.
La decisión alcanza a las perforaciones, instalaciones submarinas, tendido de conductos, infraestructura de producción y el comienzo de la extracción comercial. También contempla obras terrestres y portuarias destinadas a brindar apoyo al proyecto.
El fallo establece que la suspensión se mantendrá hasta que se realice el procedimiento de evaluación de impacto ambiental ante la autoridad argentina competente y se adopte una decisión al respecto, salvo que el propio juzgado disponga posteriormente otra medida.
La presentación judicial fue impulsada por el Centro de Ex Combatientes Islas Malvinas La Plata (CECIM) y la Asociación Civil de Abogados, Abogadas y Profesionales Ambientalistas.
Qué frenó la Justicia
La resolución ordena a las compañías, “en cuanto de ellas dependa”, abstenerse de ejecutar o hacer ejecutar actos materiales destinados al desarrollo de Sea Lion, incluidas sus eventuales ampliaciones y los pozos e instalaciones funcionalmente vinculados.
La medida comprende la perforación del lecho y subsuelo marino para la exploración o explotación de hidrocarburos, la instalación permanente de infraestructura submarina y el tendido de líneas de flujo, conductos y sistemas de control.
También quedaron alcanzadas las unidades flotantes de producción, almacenamiento y descarga, el inicio de la extracción comercial y distintas obras de apoyo en tierra.
Entre ellas aparecen ampliaciones portuarias, bases logísticas, plantas para preparar lodos de perforación y cemento, depósitos de productos químicos, infraestructura habitacional e instalaciones de apoyo aeronáutico.
También hay restricciones financieras
La cautelar no se limita a las obras físicas. El fallo contempla restricciones sobre determinadas operaciones financieras destinadas a sostener el proyecto.
Entre los pedidos planteados en el expediente figuran la prohibición de celebrar nuevos contratos de financiación, recibir desembolsos, efectuar pagos o transferencias, realizar aportes de capital, otorgar préstamos entre sociedades vinculadas y constituir garantías o afectar activos para financiar el emprendimiento.
Además, las compañías deberán informar al juzgado distintos aspectos del proyecto dentro de los 10 días de ser notificadas.
Deberán presentar documentación sobre el cronograma de construcción y perforación, la cantidad y ubicación de los pozos, los equipos contratados, contratistas y subcontratistas, la estructura societaria, el financiamiento, las aseguradoras y los estudios ambientales.
Qué pidió informar la Argentina
La jueza también requirió información a organismos del Estado nacional. La Cancillería deberá informar si Rockhopper y Navitas cuentan o contaron con algún permiso, autorización o consentimiento de una autoridad argentina para realizar actividades de exploración o explotación de hidrocarburos en las Malvinas o en espacios marítimos correspondientes a la Plataforma Continental Argentina.
A su vez, la Dirección de Evaluación de Impacto Ambiental de la Subsecretaría de Ambiente deberá informar si existe algún procedimiento de evaluación ambiental relacionado con Sea Lion o sus eventuales ampliaciones y si se emitió alguna declaración de impacto ambiental, certificado de aptitud ambiental o instrumento equivalente.
Una medida cautelar, no una sentencia definitiva
La propia resolución aclara que se trata de una medida cautelar. Por lo tanto, la decisión no representa todavía un pronunciamiento definitivo sobre la responsabilidad de las empresas ni sobre el fondo de la controversia.
En paralelo, existe otra causa en Comodoro Py relacionada con actividades hidrocarburíferas en áreas próximas a Malvinas. Ese expediente tiene carácter penal y busca determinar si hubo exploración o explotación sin autorización argentina.
Se trata de procesos diferentes: mientras el expediente de Río Grande tiene un eje civil y ambiental preventivo, la investigación de Comodoro Py apunta a determinar la posible comisión de delitos vinculados con actividades hidrocarburíferas.