La ONU advierte que la minería deberá traducir inversiones en desarrollo local para ganar legitimidad
“La ciudadanía ya no acepta que las empresas simplemente digan que hacen las cosas bien", advirtió Flavio Fuertes, de Pacto Global de la ONU.
La minería argentina atraviesa un momento de expansión, con nuevos proyectos de litio, cobre, oro y plata, además de un creciente interés de inversores internacionales. Sin embargo, el desafío ya no pasa únicamente por atraer capitales o acelerar permisos, sino por demostrar que esa inversión puede traducirse en desarrollo local, empleo, proveedores regionales y beneficios concretos para las comunidades.
Especialistas vinculados al Pacto Global de Naciones Unidas advirtieron que la actividad minera necesita fortalecer su legitimidad social si pretende consolidarse como uno de los motores productivos del país. La advertencia llega en un contexto en el que la Argentina busca posicionarse como proveedor global de minerales críticos, pero todavía enfrenta tensiones históricas en torno al impacto ambiental, el uso del agua y la distribución de los beneficios económicos.
Flavio Fuertes, director ejecutivo de Pacto Global Argentina, sostuvo que “si la minería no genera desarrollo local, no va a tener legitimidad”. En ese sentido, planteó que la actividad tiene una oportunidad concreta para convertirse en una herramienta de desarrollo, pero que para eso debe involucrar a proveedores locales, crear empleo de calidad y abrir canales de diálogo sostenidos con la sociedad.
La discusión apunta a un punto sensible del modelo minero argentino: cómo lograr que las grandes inversiones, muchas veces anunciadas en montos millonarios, tengan un impacto más directo en las economías provinciales y municipales. En esa agenda aparecen temas como capacitación laboral, compras locales, infraestructura compartida, transparencia en la información ambiental y participación temprana de las comunidades.
La licencia social, en el centro del debate
Los especialistas remarcaron que la licencia social no puede construirse sólo con campañas de comunicación ni con anuncios de inversión. Requiere procesos de consulta, información clara, monitoreo ambiental, cumplimiento normativo y una relación más abierta entre empresas, Estado y ciudadanía.
En declaraciones a Dieario Huarpe, Fuertes advirtió que “la ciudadanía ya no acepta que las empresas simplemente digan que hacen las cosas bien; quiere evidencia, participación y resultados concretos”. La frase resume uno de los principales cambios que enfrenta la industria: la necesidad de pasar de la promesa de inversión a una demostración verificable de impacto positivo.
En provincias con fuerte potencial minero, como San Juan, Salta, Catamarca, Jujuy, Mendoza y Santa Cruz, el debate adquiere especial relevancia. Allí conviven proyectos estratégicos para la generación de divisas con demandas sociales cada vez más exigentes sobre el uso de recursos naturales, la protección ambiental y la participación de las comunidades en las decisiones.
La minería tiene a favor un escenario internacional que impulsa la demanda de minerales necesarios para la transición energética y la electrificación. Pero ese contexto también eleva los estándares exigidos por compradores, financistas y organismos internacionales, que cada vez miran con más atención la trazabilidad, los derechos humanos, la gestión del agua, las emisiones y el vínculo con las comunidades.
Desarrollo local y proveedores
Uno de los principales desafíos es fortalecer las cadenas de valor locales. La expansión minera puede generar una demanda creciente de transporte, construcción, energía, servicios industriales, tecnología, alimentación, alojamiento, mantenimiento y capacitación. Sin embargo, para que ese impacto quede en los territorios, las empresas proveedoras locales necesitan escala, financiamiento, certificaciones y previsibilidad.
En ese punto, la advertencia de la ONU se cruza con una discusión que ya atraviesa a varias provincias mineras: cómo aumentar la participación de trabajadores y empresas locales sin afectar la competitividad de los proyectos. San Juan, por ejemplo, viene impulsando una ley de desarrollo local minero que busca ordenar esa relación entre grandes compañías, proveedores provinciales y empleo regional.
La clave, según los especialistas, es evitar que la minería funcione como una economía de enclave, donde el grueso de los beneficios se concentra fuera del territorio. Para eso, los proyectos deben integrarse a las comunidades, generar capacidades permanentes y dejar infraestructura y conocimiento más allá del ciclo de vida de cada yacimiento.
Transparencia y estándares sostenibles
El Pacto Global también puso el foco en la necesidad de adoptar estándares internacionales de sostenibilidad. Esto incluye no sólo el cumplimiento de la normativa ambiental local, sino también buenas prácticas en materia de derechos humanos, integridad empresarial, información pública, compras responsables y gestión de impactos.
Fuertes remarcó que “los estándares internacionales ya no son optativos; son una condición para acceder a financiamiento, mercados y confianza social”. La advertencia es especialmente relevante para la Argentina porque buena parte del capital que necesita la minería proviene de mercados internacionales.
Los fondos, bancos y compradores globales exigen cada vez más evidencia concreta de desempeño ambiental, social y de gobernanza. En ese marco, la competitividad de un proyecto no dependerá únicamente de la calidad del recurso geológico o del régimen fiscal, sino también de su capacidad para demostrar sostenibilidad.
La agenda también interpela al Estado. Las provincias tienen la responsabilidad de controlar, fiscalizar, comunicar información confiable y ordenar el vínculo entre empresas y comunidades. Sin instituciones fuertes, la promesa de una minería sostenible pierde credibilidad y la conflictividad puede crecer incluso en proyectos con alto potencial económico.