El laberinto de los biocombustibles: entre la transición energética y la puja entre dos modelos de negocios

El Congreso ha vuelto a poner bajo la lupa un debate tan estratégico como postergado: la reformulación del marco normativo que rige a los biocombustibles en la Argentina. Tras el paso por las comisiones del Senado de funcionarios nacionales, cámaras pymes, petroleras, automotrices y representantes de la industria aceitera, quedó en evidencia que el Parlamento transita una encrucijada donde se cruzan la geopolítica energética, las cuentas fiscales, las economías regionales y, por sobre todas las cosas, la pulseada histórica entre distintos modelos de negocios.

Hagamos un poco de historia. En 2006, la sanción de la Ley 26.093 sentó las bases de un mercado interno inexistente hasta entonces, fijando un corte obligatorio inicial del 5% tanto para el biodiésel como para el bioetanol, porcentajes que con los años treparon al 10% y 12%, respectivamente. Aquella norma cumplió su ciclo y, en 2021, dio paso a la actual Ley 27.640, una legislación que, lejos de potenciar la matriz renovable, retuvo o redujo los márgenes de mezcla (llevando el biodiésel al 5% con piso del 3%), distanciando al país de las tendencias globales que priorizan las energías limpias.

Hoy, con cinco proyectos con estado parlamentario en danza —impulsados por el oficialismo a través de la iniciativa alineada con la Secretaría de Energía (respaldada por la senadora Patricia Bullrich), propuestas de la Liga Bioenergética de Provincias (con legisladores como Alejandra Vigo, Carlos Espínola y Carolina Moisés), además de los textos de Beatriz Ávila, Flavia Royón y los senadores santacruceños José María Carambia y Natalia Gadano—, el abanico de opciones oscila entre la desregulación total de la mano de la libre competencia y la defensa férrea de cupos y mercados protegidos.

Porcentajes y productores

Más allá de los matices técnicos sobre los porcentajes de aumento en los cortes obligatorios de naftas y gasoil, el nudo gordiano del debate parlamentario expone principalmente una colisión de intereses económicos bien delimitados. Por un lado, el porcentaje a aceptar en los surtidores y por el otro, aquellos que deben producir el biodiésel a base de soja: las empresas integradas frente a las no integradas (o pymes).

¿Quiénes son las integradas? Se trata de los grandes jugadores de la agroindustria que controlan desde la producción de la materia prima (soja) hasta la elaboración del aceite y su exportación. Históricamente, las normas han blindado el mercado interno de corte obligatorio para evitar que se monopolice el negocio, relegándolas mayoritariamente al mercado externo.

Las no integradas son las pequeñas y medianas empresas elaboradoras de biocombustibles desparramadas en el interior productivo (provincias como Córdoba, Santa Fe, Buenos Aires, La Pampa, Entre Ríos y San Luis). Su subsistencia depende exclusivamente de los cupos y de los precios regulados que el Estado les garantiza para abastecer las mezclas obligatorias.

El proyecto oficialista de desregulación propone eliminar paulatinamente el sistema de cupos y abrir la cancha hacia el 2031 bajo un esquema de mercado electrónico.

Competitividad vs empleo

Los defensores de la apertura argumentan que es momento de dejar atrás los subsidios y la dependencia de mercados cautivos, permitiendo que la eficiencia, la innovación y la escala decidan quién sobrevive. Sostienen que integrar a los grandes actores potenciará la competitividad e igualará a la Argentina con potencias como Brasil.

Desde el modelo pyme y regional, en la vereda opuesta, alertan que desregular sin red de contención equivale a un cheque en blanco para que las cerealeras deglutan el mercado interno. Advierten que una competencia directa dejaría fuera de juego a decenas de plantas regionales incapaces de competir con las economías de escala de los gigantes agroexportadores, destruyendo empleo genuino en el interior del país.

Más actores

A esto se suman las petroleras y automotrices. Las primeras deben ceder un porcentaje de sus ventas en surtidor y alertan una suba abrupta de los cortes por el impacto directo en los costos de los combustibles fósiles. Las segundas, en tanto, se ven en la necesidad de invertir en nuevos motores, ya que los actuales están diseñados y calibrados para funcionar exclusivamente con combustibles fósiles estándar.

Queda claro el fuerte trabajo de lobby de la industria de hidrocarburos que opera bajo una lógica de control estratégico: el férreo rechazo a que nuevos actores cambien la matriz energética. En un mercado concentrado, donde solo cuatro empresas representan el 95% de la participación, la soberanía ambiental queda subordinada al monopolio del surtidor. El verdadero conflicto es de carácter comercial y de integración vertical. Una resistencia corporativa que ocurre a contramano de un mundo que avanza con firmeza hacia la masificación de las bioenergías.

En definitiva, la discusión refleja una tensión que excede la mera aritmética de los porcentajes de mezcla. De un lado se esgrime la necesidad de una economía moderna, transparente y desregulada; del otro, la urgencia de proteger la agregación de valor local, la defensa del empleo y las inversiones. Será necesario también tener en cuenta la salud pública y la mitigación de gases de efecto invernadero. Definir qué modelo prevalecerá no es solo trazar una política energética, sino decidir qué estructura económica y federal es viable para el mercado interno argentino en los próximos años.