Tarifas al rojo vivo: cuestionan a EDEA por los cortes de luz a los usuarios de la Costa

La polémica por las facturas de electricidad extraordinarias en el Partido de la Costa sumó un nuevo capítulo: especialistas y referentes del sector cuestionaron la respuesta de EDEA frente al salto en los consumos y reclamaron a la distribuidora una estrategia más activa para evitar que hogares con ingresos limitados queden al borde del corte del suministro.

El eje de las críticas está puesto en un punto concreto: el período de gracia de 15 días anunciado para evitar interrupciones del servicio. Para Walter Martello, exinterventor del Ente Nacional Regulador de la Electricidad (ENRE) y actual defensor del pueblo adjunto de la provincia de Buenos Aires, ese plazo no alcanza frente a casos de usuarios que recibieron facturas muy superiores a sus ingresos habituales.

Martello sostuvo que la empresa podría haber acompañado el recambio de medidores con una política de información y asistencia destinada a los usuarios. En particular, mencionó la necesidad de promover la inscripción en el Registro de Acceso a los Subsidios a la Energía (RASE), brindar información sobre los niveles de consumo de los electrodomésticos y orientar a los hogares sobre medidas de eficiencia energética.

“Un argumento extendido es que los nuevos medidores son más fieles al consumo real”, señaló Martello. A su entender, si esa es la razón del incremento observado en algunos casos, el proceso debería haber estado acompañado por una política de concientización de los usuarios.

La discusión se produce en un contexto particularmente sensible para las localidades de la Costa Atlántica bonaerense, donde una combinación de factores puede disparar el gasto energético durante el invierno.

Frío, electricidad y tarifas: la combinación que encendió la alarma

El Partido de la Costa tiene una elevada demanda residencial de electricidad durante los meses de bajas temperaturas y una cobertura de gas de red que, según los especialistas consultados, no alcanza para reemplazar completamente a la electricidad como fuente de calefacción en numerosos hogares.

A eso se sumaron los incrementos tarifarios aplicados durante los últimos períodos y un escenario de temperaturas bajas que elevó el consumo de los hogares. El problema adquiere una dimensión adicional entre los usuarios que no están incorporados a los esquemas de subsidios o que no realizaron los trámites correspondientes para acceder a ellos.

Para Martello, la distribuidora podría haber tenido un papel más activo en ese proceso. La crítica apunta a que no alcanza con medir y facturar el consumo cuando existe un universo de usuarios que puede enfrentar dificultades para comprender los cambios tarifarios o gestionar los mecanismos disponibles para reducir el impacto de las boletas.

Uno de los puntos que más cuestionan los especialistas es el plazo otorgado para evitar la interrupción del servicio. Martello consideró que la empresa debería ampliar los mecanismos de asistencia y explorar alternativas de financiamiento para quienes no pueden afrontar una factura extraordinaria de una sola vez.

“Sería lógico que otorguen más tiempo buscando una solución”, planteó, y señaló que el nivel de incobrabilidad del sistema eléctrico es relativamente bajo.

Plan de cuotas, como alternativa

El planteo apunta a una discusión más amplia: qué responsabilidad deben asumir las distribuidoras frente a los usuarios cuando un salto abrupto del consumo se traduce en una factura que una familia no puede pagar en término. Entre las alternativas mencionadas aparece la posibilidad de implementar planes de cuotas específicos para los usuarios afectados.

Según Martello, la distribuidora cuenta con información suficiente sobre sus clientes como para identificar situaciones de mayor vulnerabilidad y ofrecer mecanismos de pago antes de llegar a la instancia del corte.

La magnitud del problema también puede observarse en las cuentas de los municipios de la Costa. Martello señaló que en las facturas de Alumbrado, Barrido y Limpieza (ABL) del Partido de la Costa, una proporción significativa del monto está vinculada al servicio eléctrico. Ese peso muestra hasta qué punto el costo de la energía impacta no solamente sobre los hogares sino también sobre las finanzas locales.

La discusión, por lo tanto, excede la relación entre una empresa y sus clientes. El precio de la energía tiene efectos sobre el comercio, los municipios, las empresas y el costo de vida de una región que además enfrenta una fuerte estacionalidad.

En medio de la controversia tarifaria, algunos especialistas cuestionaron el enfoque empresarial de las distribuidoras y reclamaron una mayor sensibilidad frente a los usuarios que atraviesan dificultades para pagar sus facturas.

MINERGY

La lupa sobre EDEA y el Grupo DESA

Las críticas también volvieron a poner bajo la lupa a EDEA y al Grupo DESA, holding que controla distintas distribuidoras eléctricas en la provincia de Buenos Aires y tiene presencia además en el sector eléctrico de otras provincias.

Rogelio Pagano es el principal accionista y presidente del Grupo DESA. La compañía controla, entre otras distribuidoras, EDEA, Edelap, EDEN y EDES en territorio bonaerense, además de EDESA en Salta.

En medio de la controversia tarifaria, algunos especialistas cuestionaron el enfoque empresarial de las distribuidoras y reclamaron una mayor sensibilidad frente a los usuarios que atraviesan dificultades para pagar sus facturas.

No obstante, esos cuestionamientos forman parte del debate público sobre la gestión de las distribuidoras y no implican por sí mismos una prueba de incumplimientos o irregularidades empresariales.

El punto central de la discusión es otro: cómo compatibilizar la necesidad de las empresas de cobrar por la energía que distribuyen con la capacidad de pago de los usuarios frente a aumentos fuertes del consumo.

El otro frente: el futuro del régimen de Zona Fría

A la discusión por las facturas eléctricas se suma otro factor que podría impactar sobre el bolsillo de los habitantes de la Costa Atlántica: el futuro del Régimen de Zona Fría.

Esta semana, el secretario coordinador de Energía y Minería, Daniel González, cuestionó duramente ese esquema durante un evento de la Cámara de Comercio de Estados Unidos en Argentina (AmCham), al calificarlo de “ridiculez” y “aberración”.

El régimen contempla beneficios tarifarios para usuarios residenciales de determinadas zonas del país, entre ellas localidades bonaerenses incorporadas mediante la ampliación aprobada en 2021.

Un eventual cambio en ese esquema tendría consecuencias especialmente sensibles para los hogares de la Costa que utilizan gas para calefaccionarse. Si se redujera el beneficio, esos usuarios enfrentarían un incremento en el costo del gas justo durante los meses de mayor demanda. El escenario podría complicarse aún más para quienes dependen de la electricidad para calefaccionarse y ya recibieron facturas elevadas.

Una discusión que recién empieza

El caso de las facturas extraordinarias de EDEA expone una tensión que atraviesa al sistema energético argentino: cómo avanzar hacia tarifas que reflejen los costos reales sin dejar sin respuesta a los hogares que no pueden afrontar saltos abruptos en sus boletas.

Para los especialistas críticos de la distribuidora, la solución no debería limitarse a extender por 15 días el plazo antes de un eventual corte. Reclaman más información, mayor promoción de los subsidios disponibles y mecanismos de financiación que permitan distribuir el impacto de las facturas en el tiempo.

Mientras tanto, el debate por las tarifas de la Costa queda atravesado por dos variables que pueden volver a tensionar el bolsillo durante los próximos inviernos: el costo de la energía y el futuro de los beneficios de Zona Fría.

En un escenario de mayor consumo residencial, la pregunta ya no es solamente cuánto cuesta la electricidad, sino quién puede pagarla y qué mecanismos existen para evitar que una factura impagable termine convirtiéndose en un corte de servicio.