El Gobierno volvió a subir el precio de los biocombustibles mientras el Congreso debate la ley para el sector
La Secretaría de Energía autorizó incrementos de hasta 4% para el biodiésel y de 1,7% para los bioetanoles destinados al corte obligatorio con naftas y gasoil.
La Secretaría de Energía dispuso este lunes una nueva actualización de los precios regulados de los biocombustibles destinados a la mezcla obligatoria con combustibles fósiles, en una decisión que vuelve a poner en evidencia la vigencia del actual esquema de intervención estatal justo cuando el Congreso discute una reforma integral de la actividad.
A través de las resoluciones 188 y 189/2026, publicadas en el Boletín Oficial, el Gobierno autorizó un incremento del 4% en el precio mínimo del biodiésel destinado al corte con gasoil, que pasó a ubicarse en $2.001.063 por tonelada para las operaciones de agosto.
En paralelo, elevó el precio mínimo del bioetanol elaborado a base de caña de azúcar un 1,74%, hasta $1.061,878 por litro, mientras que el bioetanol de maíz aumentó 1,75%, alcanzando los $973,244 por litro.
La actualización se suma al incremento parcial aplicado desde agosto sobre los impuestos a los combustibles líquidos y al dióxido de carbono, una combinación que podría ejercer presión sobre los costos de las refinadoras y eventualmente trasladarse a los surtidores.
En los considerandos de las resoluciones, la Secretaría de Energía recordó que está facultada para modificar periódicamente los precios cuando detecte desfasajes respecto de los costos de producción o cuando considere necesario evitar distorsiones en el precio final de los combustibles.
Un debate que busca cambiar las reglas
La actualización llega en un momento particularmente sensible para el sector. En el Congreso volvió a cobrar impulso la discusión para modificar la Ley 27.640, vigente hasta 2030, con iniciativas que proponen un nuevo marco para la industria de los biocombustibles. Entre ellas se encuentra el proyecto presentado por diputados de Provincias Unidas, que fue girado a las comisiones de Energía y Combustibles, Agricultura y Ganadería y Presupuesto y Hacienda.
El debate enfrenta, principalmente, a las provincias productoras de maíz, caña de azúcar y biodiésel —como Córdoba, Santa Fe, Tucumán y Jujuy— con el sector refinador, que advierte sobre el impacto que tendría un mayor porcentaje de mezclas obligatorias sobre el precio de los combustibles.
Uno de los principales cambios que impulsan los proyectos es elevar gradualmente los porcentajes de corte, actualmente fijados en 12% para el bioetanol —repartido en partes iguales entre caña y maíz— y 7,5% para el biodiésel.
Precios sin regulación
Pero quizá el punto más trascendente sea el mecanismo de formación de precios. Hoy los valores mínimos que deben pagar las petroleras son fijados periódicamente por la Secretaría de Energía, como volvió a ocurrir este lunes. Diversas iniciativas buscan reemplazar ese esquema por mecanismos de mercado, con menor intervención estatal y mayor competencia entre productores.
En ese sentido, la decisión oficial refleja una paradoja: mientras el Poder Legislativo discute un régimen orientado a brindar mayor previsibilidad y reducir la discrecionalidad regulatoria, el mercado continúa funcionando bajo un esquema en el que el Estado define tanto los porcentajes de mezcla como los precios mínimos de comercialización.
En paralelo, el Senado también retomó el tratamiento de distintos proyectos para modificar la legislación vigente, con reuniones informativas en las que participaron representantes de la industria, productores y especialistas del sector, reflejando el creciente interés político por una actividad considerada estratégica tanto para las economías regionales como para la transición energética.