Biocombustibles dio el primer gran paso: el Senado aprobó mayores cortes de bioetanol y biodiésel
La reforma recibió 41 votos a favor y 25 en contra y ahora deberá superar el examen de Diputados. Sistema escalonado hacia la libre competencia.
La votación apenas se apartó de la disciplina partidaria.
NADespués de meses de negociaciones, diferencias entre productores y cambios sobre el texto original, el Senado dio media sanción al nuevo régimen de biocombustibles, una reforma que busca ampliar la escala de una industria con fuerte presencia en las economías regionales y, al mismo tiempo, modificar progresivamente las reglas con las que funciona el mercado.
El proyecto fue aprobado por 41 votos contra 25 y pasó a la Cámara de Diputados. El principal cambio para los consumidores y productores será el aumento de los cortes obligatorios: el bioetanol utilizado en las naftas pasará del actual 12% al 15%, mientras que el biodiésel incorporado al gasoil llegará al 10%. Ambos porcentajes comenzarán a regir un año después de la eventual sanción definitiva.
La iniciativa consiguió reunir a La Libertad Avanza con el PRO, buena parte de la UCR y distintos bloques provinciales. El rechazo también atravesó las fronteras partidarias: El rechazo quedó concentrado principalmente en el bloque Justicialista, al que se sumaron los santacruceños José María Carambia y Natalia Gadano, de Movere por Santa Cruz, y el radical Maximiliano Abad. El tucumano Juan Manzur, en cambio, acompañó la iniciativa por el impacto esperado sobre la industria azucarera de su provincia.
Royón: una industria que necesita ganar escala
La presidenta de la Comisión de Minería, Energía y Combustibles, Flavia Royón, tuvo un papel central en la construcción del dictamen y fue la miembro informante durante el debate. La senadora salteña puso el foco precisamente en el cambio de escala que pretende generar la reforma.
“Esta iniciativa busca agregar valor en el interior del país, potenciar cadenas de valor, atraer inversiones y desarrollar fuentes de trabajo”, sostuvo Royón, quien planteó que no se trata de una modificación aislada sino de establecer nuevas reglas para una industria que ya desarrolló capacidad productiva y necesita crecer.
La reforma tiene, además, otra transformación de fondo. El objetivo es avanzar desde un esquema en el que el Estado tiene una fuerte intervención sobre productores, cantidades y precios hacia otro con mayor competencia entre las empresas.
Royón sostuvo que esa apertura debe realizarse sin poner en riesgo las inversiones ya realizadas. Según explicó durante el debate, el dictamen busca preservar las capacidades productivas existentes mientras se avanza hacia un marco “más competitivo, más transparente y abierto a nuevas tecnologías”.
Bioetanol: del 12% al 15%
En el caso del bioetanol, el esquema actual continuará durante el primer año posterior a la sanción. Cumplido ese plazo, el porcentaje obligatorio en las naftas aumentará del 12% al 15%.
El proyecto mantiene además una protección para las dos cadenas que actualmente abastecen el mercado: 6% quedará reservado al bioetanol producido a partir de caña de azúcar y otro 6% al elaborado con maíz.
La novedad estará en los tres puntos adicionales necesarios para alcanzar el 15%. Esa porción quedará abierta a competencia entre los productos habilitados, permitiendo también el ingreso de nuevas materias primas.
El esquema resulta particularmente importante para las provincias productoras. Tucumán y el resto del NOA concentran buena parte de la industria vinculada a la caña de azúcar, mientras Córdoba ocupa una posición central en la producción de etanol de maíz.
Biodiésel: el acuerdo que destrabó la votación
La negociación más difícil estuvo en el biodiésel. Allí chocaron los intereses de las grandes empresas integradas de la industria aceitera con los de las plantas no integradas, principalmente pymes que reclamaban mantener una participación asegurada en el mercado.
El texto finalmente aprobado eleva el corte al 10% y establece una transición hasta 2036. Cuando entre en vigencia el nuevo porcentaje, las empresas no integradas tendrán inicialmente reservado el 6,5% del mercado. Esa participación descenderá al 5,5% en 2029, al 5% en 2030 y finalmente al 4% desde 2031 hasta 2036.
Ese último piso fue una de las concesiones decisivas para alcanzar el acuerdo. Versiones anteriores contemplaban una reducción progresiva que terminaba eliminando la participación reservada para las empresas no integradas.
“En el caso del biodiésel se establece un período de transición hasta el año 2036, y eso asegura que la apertura no va a ser abrupta”, explicó Royón al defender el mecanismo.
También habrá excepciones
La reforma mantiene excepciones al corte obligatorio de biodiésel para determinados usos en los que existen razones operativas o técnicas.
Entre ellos aparecen la minería, las embarcaciones fluviales y marítimas, el gasoil antártico, los combustibles de primer llenado, la formulación de lodos utilizados en perforaciones de yacimientos, las centrales eléctricas y las zonas frías patagónicas.
La autoridad de aplicación también podrá modificar excepcionalmente los porcentajes cuando existan problemas comprobados de abastecimiento o razones técnicas y de calidad que lo justifiquen.
El próximo desafío será Diputados
La media sanción representa el avance legislativo más importante conseguido hasta ahora por una reforma que durante meses enfrentó posiciones diferentes entre provincias productoras, pymes, grandes aceiteras y el propio Gobierno.
La discusión tampoco terminó con el aumento de los cortes. El proyecto redefine quién abastecerá ese mercado, bajo qué condiciones y cuánto espacio conservarán los actuales productores frente a una competencia creciente. De allí el extenso período de transición previsto hasta 2036.
Royón sintetizó durante el debate la apuesta detrás del cambio: pasar gradualmente hacia un esquema de mayor competencia, pero sin desarmar una capacidad industrial que ya existe en las provincias.
Con la votación del Senado, el primer escollo quedó superado. Ahora la discusión se traslada a Diputados, donde todavía no existe un cronograma definido para su tratamiento y donde volverán a cruzarse los intereses de las provincias productoras y de los distintos segmentos de la industria.