Energía renovable: Alerta por fin de ley clave y posible desaceleración de nuevos proyectos
La Ley 27.191, que impulsó inversiones por US$11.500 millones en energías renovables, finalizó su vigencia, generando preocupación entre los desarrolladores por la falta de un marco para nuevas inversiones.
Las energías renovables cubren el 40% de la demanda del país
El vencimiento de la Ley 27.191 dejó al sector de energías renovables ante un nuevo escenario. La norma, que durante una década impulsó inversiones en renovables con beneficios fiscales y mecanismos de financiamiento para proyectos eólicos, solares y de biomasa, dejó de estar vigente el 31 de diciembre de 2025.
El cambio genera preocupación entre los desarrolladores, que advierten que la falta de un marco específico para nuevas inversiones puede elevar los riesgos y dificultar el financiamiento de proyectos. El diagnóstico surge de un análisis de KPMG, que considera la finalización del régimen como un “punto de inflexión” para la industria.
La Ley 27.191 fue sancionada en 2015 y tuvo un papel central en la transformación de la matriz eléctrica argentina. Durante su vigencia, el sector movilizó alrededor de US$11.500 millones mediante 193 proyectos operativos y otros 44 en construcción, según datos citados en el informe.
El salto fue significativo. En 2015 las energías renovables representaban apenas el 1,9% de la demanda eléctrica nacional, mientras que en 2025 alcanzaron el 18,9%, muy cerca del objetivo del 20% establecido por la propia legislación. La potencia instalada renovable también creció con fuerza, con unos 7.200 MW adicionales, mientras que la generación de energía limpia se multiplicó por diez en una década.
El fin de los beneficios
El problema hacia adelante es que buena parte de las herramientas que hicieron posible ese crecimiento dejaron de estar disponibles para los nuevos proyectos. El régimen contemplaba beneficios como amortización acelerada del Impuesto a las Ganancias, devolución anticipada del IVA, ventajas aduaneras para la importación de equipamiento y certificados fiscales transferibles.
A esto se sumaba el Fondo para el Desarrollo de Energías Renovables (FODER), que funcionó como respaldo financiero para contratos de abastecimiento eléctrico del programa RenovAr y permitió reducir riesgos para los inversores.
Con el vencimiento de la ley, Argentina quedó sin nuevos objetivos oficiales de expansión renovable y sin un mecanismo equivalente que combine incentivos y garantías financieras para los desarrollos futuros. El impacto se produce además en un momento de creciente demanda mundial por energía limpia y de mayor volatilidad en los mercados energéticos internacionales.
Eólica y solar, los motores del crecimiento
La transformación de la matriz durante la última década estuvo liderada por la energía eólica y solar. Según el análisis, cerca del 70% de la generación renovable actual proviene de parques eólicos, mientras que otro 19% corresponde a instalaciones solares.
Sin embargo, el crecimiento enfrenta otro límite: la infraestructura de transmisión. Las restricciones para transportar electricidad desde las zonas con mayor disponibilidad de recursos renovables hacia los centros de consumo ya afectan el desarrollo de nuevos proyectos y la capacidad de despacho de algunas centrales.
En ese contexto, el sector privado reclama no solo incentivos económicos, sino también nuevas inversiones en redes eléctricas y reglas estables que permitan proyectar contratos y recuperar el capital invertido a largo plazo.
El RIGI no alcanza para todos
El Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI) aparece como una de las alternativas disponibles para proyectos de gran escala. El esquema ofrece beneficios fiscales y cambiarios y ya fue utilizado para iniciativas vinculadas con la generación renovable.
Uno de los casos mencionados es el de YPF Luz, que obtuvo la aprobación para desarrollar un parque solar de 305 MW en Mendoza, con una inversión estimada en US$211 millones.
El problema, según el diagnóstico sectorial, es que el RIGI no necesariamente resuelve las necesidades de proyectos medianos y pequeños, que pueden quedar fuera por no alcanzar los parámetros de inversión exigidos.
La discusión que se abre es, por lo tanto, más amplia que la continuidad de un beneficio fiscal. Para la industria, Argentina necesita definir si el fuerte crecimiento registrado entre 2015 y 2025 fue producto de un ciclo excepcional de incentivos o si constituye la base de una política energética de largo plazo.
El desafío será establecer un nuevo marco que combine seguridad jurídica, previsibilidad fiscal, acceso al financiamiento y expansión de la red eléctrica. Sin esas condiciones, advierte el sector, el impulso que convirtió a las renovables en una parte relevante de la matriz argentina podría perder velocidad justo cuando la transición energética vuelve a ganar protagonismo a nivel global.