Quintela sube la apuesta: exige participación de La Rioja en Josemaría y cuestiona acuerdos históricos
Ricardo Quintela pidió mayor presencia en empleo y servicios vinculados. Eso, luego que la justicia de su provincia bloqueara el acceso al proyecto Vicuña.
Ricardo Quintela reactivó el reclamo por la participación de La Rioja en el desarrollo de Josemaría (parte del proyecto Vicuña) y puso en discusión los límites con San Juan. El gobernador sostuvo que la provincia fue utilizada durante años como corredor logístico sin retorno económico y planteó la necesidad de revisar el esquema actual.
“Utilizaron durante 25 años el camino de La Rioja y nunca dejaron un peso”, afirmó, al referirse al vínculo con el proyecto ubicado en el límite interprovincial. En ese marco, propuso un esquema de participación que contemple empleo y servicios para la provincia, con una distribución que reconozca su aporte territorial.
Revisión de límites y traslado del conflicto al plano nacional
El planteo incluyó un cuestionamiento directo a los acuerdos firmados en 1968, al considerar que no cuentan con respaldo institucional vigente. A partir de esa posición, el gobernador solicitó que el Senado intervenga como instancia de definición sobre la soberanía en las zonas en disputa.
El reclamo no se limita a Josemaría. También incorpora a Ischigualasto, lo que amplía el conflicto hacia un área de peso turístico y patrimonial. La discusión combina así recursos mineros y control territorial, con impacto en la relación entre ambas provincias.
Presión judicial y modelo minero propio
En paralelo al planteo político, la disputa sumó un capítulo judicial. Una resolución ordenó la suspensión de actividades por un período determinado y restringió el uso de un acceso logístico desde territorio riojano, en el marco de cuestionamientos vinculados a aspectos ambientales y operativos.
En este contexto, Quintela defendió el esquema que impulsa La Rioja para el desarrollo minero, basado en la participación estatal en los proyectos. El objetivo es acceder a una porción de las utilidades sin inversión inicial directa y avanzar en la incorporación de empleo local y servicios asociados.
La combinación de reclamo territorial, presión institucional y definición de modelo productivo coloca el caso en un escenario que excede lo provincial y lo proyecta hacia una instancia de resolución nacional.