El Gobierno vuelve a dosificar el impuesto a los combustibles y busca contener otra suba en los surtidores
El Ejecutivo aplicó solo una parte de la actualización pendiente de los impuestos a las naftas y el gasoil y postergó el resto hasta septiembre.
El conflicto en Medio Oriente presiona sobre los precios en los surtidores.
Alf Ponce Mercado/MDZEl Gobierno volvió a recurrir a una herramienta que se convirtió en una constante durante el último año: postergar parte de la actualización de los impuestos que gravan a los combustibles para evitar un mayor impacto en los precios de los surtidores.
La decisión fue oficializada mediante el Decreto 693/2026, publicado este viernes en el Boletín Oficial. La norma establece que desde el 1° de agosto entrará en vigencia únicamente una porción de la actualización correspondiente al Impuesto sobre los Combustibles Líquidos (ICL) y al Impuesto al Dióxido de Carbono (IDC), mientras que el remanente volverá a diferirse hasta el 1° de septiembre.
La medida modifica el cronograma que el propio Ejecutivo había fijado meses atrás y que preveía una convergencia gradual hacia los valores que surgen de la actualización trimestral prevista por la Ley 23.966, calculada en función de la inflación medida por el Indec. Sin embargo, al igual que ocurrió durante 2025 y en los primeros meses de este año, el Gobierno optó por escalonar nuevamente el ajuste para evitar que el componente impositivo se traslade por completo al precio final de las naftas y el gasoil.
Impacto
Para agosto se aplicará una actualización parcial de los montos fijos. En el caso de las naftas, el incremento será de $10,572 por litro en concepto del Impuesto sobre los Combustibles Líquidos, más $0,648 correspondientes al Impuesto al Dióxido de Carbono. Para el gasoil, la actualización será de $9,511 por litro en el ICL, $1,084 por el gravamen ambiental y $5,150 vinculados al tratamiento diferencial que rige para determinadas zonas del país.
La decisión responde a un delicado equilibrio que intenta mantener el Ministerio de Economía. Por un lado, busca recomponer gradualmente una recaudación que se vio erosionada por años de postergaciones en la actualización de estos tributos. Por el otro, procura evitar que un ajuste pleno se traduzca en un salto en el precio de los combustibles que termine impactando sobre la inflación.
Política a medias
El atraso impositivo comenzó a corregirse durante 2024, pero el proceso nunca llegó a completarse. Desde entonces, el Gobierno viene dictando sucesivos decretos que habilitan aumentos parciales y trasladan el resto hacia adelante. El nuevo decreto mantiene esa lógica y vuelve a correr el horizonte un mes más.
De todos modos, el impuesto es solo uno de los factores que determinan el valor de las naftas y el gasoil. Las refinadoras también consideran la evolución del precio internacional del petróleo, el tipo de cambio, el costo de los biocombustibles y sus propios costos operativos antes de definir eventuales aumentos en los surtidores.
La decisión llega en un contexto particular para el mercado local. Durante julio, el precio internacional del Brent retrocedió respecto de los máximos alcanzados semanas atrás por las tensiones en Medio Oriente, mientras que el Gobierno continúa priorizando la desaceleración de la inflación como uno de los principales objetivos económicos. En ese escenario, volver a diferir parte de la carga tributaria aparece como una herramienta para evitar que los combustibles sumen presión sobre el índice de precios.
No obstante, el costo de esa estrategia es que el atraso acumulado en los impuestos sigue sin resolverse. Si en algún momento el Ejecutivo decide normalizar completamente el esquema previsto por la legislación vigente, el impacto sobre los precios será considerablemente mayor que el de las actualizaciones mensuales que viene aplicando hasta ahora.