Privatizaciones de energía bajo la lupa: sospechas sobre cómo se tasaron Transener, Nucleoeléctrica y las represas del Comahue
El Tribunal de Tasaciones se apartó de la valuación de activos energéticos clave para privatizar y una unidad especial del BICE quedó a cargo de fijar los precios.
El plan de privatizaciones que el Gobierno nacional anunció en 2024 sobre seis empresas públicas —Nucleoeléctrica, Intercargo, Transener, AySA, Belgrano Cargas y las cuatro centrales hidroeléctricas del Comahue— avanzó con un mecanismo que hoy está bajo escrutinio judicial. El paso siguiente a cada anuncio debía ser la tasación oficial a cargo del Tribunal de Tasaciones de la Nación (TTN), el organismo creado por ley para fijar el valor de los bienes del Estado antes de cualquier venta. Sin embargo, el presidente del Tribunal, Roberto Julio Villamonte, decidió de manera unilateral que el TTN no participara en ninguna de esas tasaciones, sin someter la decisión al resto de los integrantes del cuerpo colegiado.
Con el Tribunal apartado, la valuación de los activos quedó en manos del Banco de Inversión y Comercio Exterior (BICE), que depende de la órbita del ministro de Economía, Luis Caputo. En julio de 2025, a pedido del propio Caputo, el banco creó una Unidad de Valuaciones —un área que no existía previamente con ese fin específico y que aparece documentada en su Memoria 2025— para asumir la tarea que normalmente le correspondía al TTN. Entre las tres empresas del sector energético afectadas por este mecanismo, los resultados y el estado de avance son hoy completamente distintos: Transener y las hidroeléctricas del Comahue ya fueron vendidas, mientras que Nucleoeléctrica sigue empantanada.
Villamonte expuso por escrito su justificación recién el 9 de junio pasado, en respuesta a un pedido de acceso a la información pública. Allí sostuvo que el reglamento interno del organismo le "asigna la representación del Organismo" para tomar ese tipo de decisiones sin necesidad de consultar al cuerpo colegiado. El problema es que el texto completo de la norma que cita —el inciso 6 del artículo 6° de la Resolución 72/2023— dice algo distinto: que el presidente representa al Tribunal ante terceros, pero que en los asuntos "de especial importancia" debe requerir "el previo acuerdo del Cuerpo Colegiado". Si la privatización de seis empresas estratégicas no encuadra en esa categoría, el Tribunal no ha explicado públicamente cuál sí lo haría.
Transener: la sospecha no es el precio, es el procedimiento
El caso de Transener tiene una particularidad que lo distingue del resto: el Estado no vendió barato. El precio base fijado por el BICE para el 50% de las acciones de Citelec —la sociedad controlante de la transportista eléctrica de alta tensión— fue de US$206 millones. La oferta ganadora, presentada por el consorcio Edison Transmisión-Genneia, terminó en US$356 millones, bien por encima de lo que el propio fisco esperaba recaudar.
La sospecha, en este caso, no apunta a una subvaluación sino a una irregularidad en el procedimiento de adjudicación. El 28 de abril, durante la apertura de los sobres económicos, una falla en la plataforma oficial CONTRAT.AR retrasó una hora la publicación de la oferta ganadora. A las 10, hora prevista para que se conocieran simultáneamente las tres propuestas, solo aparecieron las de Central Puerto (US$301 millones) y Edenor (US$230 millones); la de Edison-Genneia recién se hizo visible después. El hecho generó cuestionamientos sobre la "prolijidad" del proceso, aunque no hay, hasta el momento, ninguna determinación judicial que establezca manipulación deliberada.
Lo que sí está documentado es quién integra el consorcio ganador: los hermanos Patricio y Juan Neuss —vinculados al asesor presidencial Santiago Caputo—, el fondo Inverlat (con Carlos Giovanelli, Damián Pozzoli, Guillermo Stanley y Federico Salvai), el Grupo Newsan de Rubén Cherñajovsky y Luis Galli, y Genneia, la generadora de renovables que preside el banquero Jorge Brito. Para ese mismo grupo empresario, Transener fue la tercera adquisición de activos energéticos públicos en poco más de un año: antes se habían quedado con la distribuidora tucumana EDET, la jujeña Ejesa, la transportista Litsa, la hidroeléctrica mendocina Potrerillos y, como se detalla más abajo, dos de las cuatro represas del Comahue. La compañía que adquirieron no es un activo menor: en 2025, Transener facturó $573.145 millones (+28% interanual) con un EBITDA de $341.355 millones (+71,5%), cifras que confirman su perfil de empresa superavitaria y atractiva para cualquier inversor.
Las hidroeléctricas del Comahue: ¿vendidas sin tasación oficial?
Las cuatro centrales hidroeléctricas del Comahue —Alicurá, El Chocón, Piedra del Águila y Cerros Colorados— fueron privatizadas en conjunto, con el anuncio formalizado el 29 de diciembre de 2025 en el Boletín Oficial. El Gobierno informó que la operación completa ingresó cerca de US$700 millones al fisco. De ese total, Alicurá y Cerros Colorados fueron adquiridas puntualmente por el mismo consorcio que después se quedaría con Transener —Edison, junto a Genneia y el Grupo Newsan— por US$226 millones.
Acá la denuncia es más directa que en el caso anterior. La Fundación Soberanía, con sede en Neuquén, presentó una demanda ante la Justicia federal de General Roca alegando que las represas fueron transferidas sin que mediara una tasación oficial del Tribunal de Tasaciones, en los mismos términos en que Villamonte se excusó de intervenir en el resto de las operaciones. El juez a cargo de la causa, Hugo Greca, todavía no solicitó el contrato de la operación, que hasta el momento permanece sin acceso público.
Nucleoeléctrica, el caso más sensible y el único sin resolver
De las tres privatizaciones energéticas, Nucleoeléctrica es la única que no logró avanzar. La empresa que opera las centrales Atucha I, Atucha II y Embalse —con un 79% del capital en manos del Ministerio de Economía, un 20% de la CNEA y el 1% restante de Energía Argentina (Enarsa)— atraviesa un proceso de privatización parcial que prevé que el Estado conserve el 51% del paquete accionario.
En su respuesta de junio, Villamonte sostuvo que el Tribunal había solicitado información a la propia empresa para avanzar con la tasación, y que esa información no fue entregada, lo cual "impidió avanzar en el análisis técnico correspondiente". Es la única de las tres compañías energéticas donde el TTN atribuye la demora a la empresa y no a una decisión unilateral propia. Circula en el sector una estimación de valuación de entre US$10.000 y US$11.000 millones, aunque esa cifra proviene de fuentes no identificadas y no constituye, por el momento, un dato oficial confirmado por ningún organismo.
El proceso, además, quedó marcado por un episodio ajeno a la discusión sobre tasaciones pero que explica buena parte de la cautela actual: en febrero pasado, Demian Reidel —entonces presidente de la empresa y hasta poco antes jefe del Consejo de Asesores del presidente Javier Milei— renunció en medio de denuncias internas por sobreprecios en contrataciones, entre ellas un servicio de limpieza para las centrales nucleares con un sobreprecio del 140% según la Sindicatura General de la Nación, y una contratación de software con una diferencia denunciada del 1.066%. El directorio se renovó casi por completo tras esa salida, y la conducción de la empresa pasó de la órbita de la Secretaría de Energía a la de la Secretaría de Asuntos Nucleares.
El mismo patrón en otras empresas no energéticas
El mecanismo de apartamiento del TTN no se limitó al sector energético: corrió en paralelo para AySA, Intercargo y Belgrano Cargas. En el caso de Intercargo, la Asociación del Personal Aeronáutico presentó una denuncia penal contra el presidente Milei, el ministro Caputo y el expresidente del BICE, Maximiliano Voss, por presunta defraudación y falsedad ideológica en la fijación del precio base —US$45,1 millones para una empresa con más de US$55 millones en activos corrientes—. La causa quedó radicada en el Juzgado Criminal y Correccional Federal N°3, que además ordenó al Ministerio de Economía entregar toda la documentación vinculada a esa tasación. En AySA, un juez de La Plata suspendió la privatización por motivos ambientales, en un fallo que también menciona el antecedente de Nucleoeléctrica como parte del mismo modus operandi.
Con tres frentes judiciales abiertos en jurisdicciones distintas —Comisión Federal N°3 de la Capital, juzgado federal de General Roca y fuero contencioso administrativo de La Plata— y el Tribunal de Tasaciones todavía sin explicar por qué seis privatizaciones estratégicas no calificaron como "de especial importancia", el expediente que más va a definir el futuro del resto del plan privatizador no es ninguno de los pliegos de licitación. Es la pregunta que ningún funcionario respondió todavía.