Israel se despegó de la petrolera que operará en Malvinas y destacó su relación con Argentina
El canciller israelí Gideon Sa’ar deslindó responsabilidades respecto de Navitas Petroleum, una de las firmas detrás del proyecto offshore en el Atlántico Sur.
El presidente Javier Milei y el canciller de Israel, Gideon Sa'ar, durante un encuentro realizado en Buenos Aires.
PresidenciaEl anuncio de dos empresas petroleras extranjeras sobre el inicio de un proyecto de exploración y futura explotación offshore en las Islas Malvinas volvió a tensar el frente diplomático entre la Argentina y el Reino Unido, y sumó en las últimas horas un actor inesperado: Israel.
A dos semanas del fuerte reclamo del Gobierno nacional, la Cancillería israelí salió públicamente a tomar distancia de una de las compañías involucradas y a fijar una posición política que introduce un matiz nuevo en el escenario regional.
El proyecto cuestionado prevé comenzar la producción de petróleo hacia 2028 en la Cuenca Malvinas Norte. Entre las empresas que avanzan con la iniciativa figuran Rockhopper Exploration, de origen británico, y Navitas Petroleum, vinculada a capitales israelíes. La reacción oficial argentina fue inmediata y categórica, al considerar ilegales todas las actividades hidrocarburíferas que se desarrollen sin autorización nacional en un área sujeta a disputa de soberanía.
El pronunciamiento de Israel y un giro diplomático
En ese contexto, el canciller israelí Gideon Sa’ar utilizó sus redes sociales para deslindar responsabilidades del Estado de Israel respecto de Navitas Petroleum. El funcionario aclaró que se trata de una empresa privada que, además, opera a través de una filial británica, sin participación gubernamental israelí en sus proyectos.
“Israel mantiene una relación especial, sólida y estrecha con la Argentina bajo el liderazgo del presidente Dr. Javier Milei, que el pueblo de Israel aprecia de manera especial”, expresó Sa’ar, al tiempo que afirmó lamentar “el malestar que esta situación ha generado en la Argentina”.
El pronunciamiento no pasó inadvertido. Se trata de un gesto poco habitual en la política exterior israelí, históricamente alineada con el Reino Unido en foros internacionales. El llamado explícito al diálogo introduce una señal distinta en torno al conflicto del Atlántico Sur, justo cuando el Gobierno argentino redobló su estrategia diplomática para frenar los avances petroleros en la zona.
El reclamo argentino en Malvinas
La postura de la Argentina quedó plasmada en un comunicado oficial difundido por la Cancillería tras conocerse la “Decisión Final de Inversión” del proyecto Sea Lion. Allí se sostuvo textualmente que “la República Argentina expresa su más enérgico rechazo a la pretendida ‘Decisión Final de Inversión’ anunciada por las ilegítimas licenciatarias Rockhopper Exploration Plc y Navitas Petroleum para el desarrollo del yacimiento Sea Lion sin contar con los permisos de la autoridad competente argentina”.
El Palacio San Martín recordó que el país no reconoce validez alguna a las licencias otorgadas por las autoridades isleñas y fundamentó su rechazo en las resoluciones de la Asamblea General de las Naciones Unidas, que reconocen la existencia de una disputa de soberanía con el Reino Unido.
En particular, subrayó que “toda exploración y explotación unilateral de recursos naturales renovables y no renovables en las áreas sujetas a disputa de soberanía resulta contraria a lo dispuesto por la Resolución 2065 (XX) y concordantes”.
El Gobierno también advirtió que las empresas involucradas ya fueron sancionadas en el pasado por operar sin habilitación argentina y remarcó que cualquier actor que participe directa o indirectamente del proyecto podrá enfrentar medidas administrativas, legales y judiciales. Frente a la previsión de iniciar la producción en 2028, la Cancillería anticipó que profundizará su plan de acción para resguardar los derechos soberanos del país sobre las Islas Malvinas y los espacios marítimos circundantes.
En ese escenario, el mensaje de Israel agrega una nueva pieza a un conflicto de larga data, en el que la Argentina busca sumar respaldos políticos para frenar decisiones unilaterales que, según sostiene, vulneran el derecho internacional y su soberanía en el Atlántico Sur.