La Justicia frena la nueva Ley de Glaciares en Santa Cruz y abre un frente nacional
Una medida cautelar suspendió la aplicación de la reforma en la provincia y reaviva el debate sobre el alcance de los cambios y el rol de Nación y provincias.
La Justicia Federal frenó la aplicación de la reforma de la Ley de Glaciares en Santa Cruz y volvió a poner en discusión el alcance real de los cambios impulsados a nivel nacional. La medida cautelar, dictada por el Juzgado Federal de Río Gallegos, ordena suspender los efectos de la Ley 27.804 en la provincia y prohíbe al Estado avanzar con autorizaciones o actividades en zonas glaciales y periglaciares hasta que se resuelva el fondo de la cuestión.
El fallo responde a una acción de amparo ambiental que cuestiona la constitucionalidad de la reforma, bajo el argumento de que podría implicar una reducción en los estándares de protección establecidos por la Ley 26.639. En esa línea, el juez consideró que existe verosimilitud en el planteo y riesgo de daño irreparable, especialmente por tratarse de ecosistemas de alta fragilidad y reservas estratégicas de agua dulce.
Alcance limitado
La decisión tiene un alcance territorial acotado -se limita a Santa Cruz-, pero introduce un elemento de peso en la discusión nacional: la validez de los cambios que redefinen el esquema de protección de glaciares y ambiente periglacial. En particular, el planteo judicial apunta a la posibilidad de que la nueva norma habilite una reinterpretación de las áreas protegidas y otorgue mayor margen de decisión a las provincias, un punto que ya había generado controversia en el debate previo a su sanción .
Desde el punto de vista regulatorio, el fallo se apoya en principios estructurales del derecho ambiental -precautorio, preventivo y de no regresión- y sostiene que cualquier modificación del régimen vigente debe ser analizada con especial rigor cuando están en juego recursos naturales estratégicos. Bajo ese criterio, la suspensión busca evitar que, durante el proceso judicial, se habiliten actividades con potencial impacto sobre glaciares o geoformas periglaciares.
Discusión abierta
La cautelar reabre la discusión sobre el equilibrio entre presupuestos mínimos nacionales y competencias provinciales en materia ambiental, en un contexto donde la reforma introdujo cambios en la forma de delimitar y evaluar las áreas protegidas. Al mismo tiempo, vuelve a poner en el centro del debate el vínculo entre desarrollo productivo -incluida la minería- y los límites regulatorios en zonas de alta sensibilidad ambiental.
Con la aplicación de la ley suspendida en Santa Cruz, el proceso judicial seguirá su curso mientras se define si la reforma se ajusta al marco constitucional. Hasta entonces, cualquier intervención en áreas alcanzadas por la normativa queda en pausa en una de las provincias con mayor presencia de sistemas glaciares del país.