Avanza un proyecto petrolero en las Islas Malvinas y el anuncio generó el rechazo del Gobierno
Dos empresas informaron la decisión final de inversión para el desarrollo de un yacimiento offshore. Cancillería advirtió sobre la ilegalidad de la actividad.
El proyecto petrolero offshore anunciado al norte de las Islas Malvinas generó un nuevo cruce diplomático.
El Gobierno nacional rechazó el avance del proyecto petrolero Sea Lion en la Cuenca Malvinas Norte, luego de que las empresas Rockhopper Exploration y Navitas Petroleum anunciaran la llamada “Decisión Final de Inversión” para iniciar el desarrollo del yacimiento offshore sin autorización argentina.
La reacción oficial quedó plasmada en un comunicado de la Cancillería, que advirtió sobre la ilegalidad de cualquier actividad hidrocarburífera unilateral en un área sujeta a disputa de soberanía.
Desde el Palacio San Martín se cuestionó de forma directa el anuncio difundido por las compañías —con sede en el Reino Unido e Israel— y se recordó que la Argentina no reconoce validez alguna a licencias otorgadas por las autoridades isleñas.
En ese marco, el comunicado expresó que “la República Argentina expresa su más enérgico rechazo a la pretendida ‘Decisión Final de Inversión’ anunciada por las ilegítimas licenciatarias Rockhopper Exploration Plc y Navitas Petroleum para el desarrollo del yacimiento Sea Lion sin contar con los permisos de la autoridad competente argentina”.
La posición del Gobierno sobre la explotación de petróleo en Malvinas
La Cancillería fundamentó su posición en las resoluciones de Naciones Unidas que reconocen la existencia de una disputa de soberanía entre la Argentina y el Reino Unido por las Islas Malvinas y los espacios marítimos circundantes.
En particular, subrayó que “toda exploración y explotación unilateral de recursos naturales renovables y no renovables en las áreas sujetas a disputa de soberanía resulta contraria a lo dispuesto por la Resolución 2065 (XX) y concordantes de la Asamblea General de las Naciones Unidas”, que instan a ambas partes a abstenerse de adoptar decisiones unilaterales mientras no exista una solución negociada.
El pronunciamiento oficial no se limitó al anuncio de inversión, sino que extendió el rechazo a todos los actos vinculados al pasaje a la fase productiva del proyecto, como la adopción de normativa local por parte de las autoridades isleñas, la contratación de proveedores y la ejecución de obras.
Según Cancillería, se trata de actividades incompatibles con el ordenamiento jurídico argentino y con las leyes 26.659 y 26.915, que prohíben operar en la plataforma continental sin autorización nacional.
Sanciones contra las empresas
El Gobierno también recordó que Rockhopper y Navitas ya fueron objeto de sanciones administrativas. La primera fue declarada clandestina y suspendida por 20 años a través de resoluciones dictadas en 2012 y 2013, mientras que la segunda recibió sanciones similares en 2022 por realizar tareas sin habilitación argentina.
El comunicado advirtió que los anuncios empresariales constituyen “un nuevo acto unilateral de efectos futuros potencialmente irreversibles”, dado que involucran la explotación de recursos naturales no renovables. En esa línea, se dejó asentado que toda persona física o jurídica que participe directa o indirectamente en estos emprendimientos podrá quedar expuesta a medidas administrativas, legales y judiciales, tanto en el país como en el ámbito internacional.
La reacción oficial se produjo luego de que trascendiera que las compañías prevén alcanzar la primera producción de petróleo hacia 2028, tras más de una década de trabajos exploratorios en la zona. Frente a ese escenario, la Cancillería aseguró que la Argentina “profundizará su plan de acción con el fin de adoptar todas las medidas adicionales que considere necesarias para salvaguardar sus derechos e intereses soberanos” y reiteró su reclamo permanente sobre las Islas Malvinas, Georgias del Sur, Sandwich del Sur y los espacios marítimos circundantes.