Energía en San Juan: cómo sigue la disputa por la línea de 500 kV y qué está en juego
Empresas, municipios y reguladores cuestionan la prioridad otorgada a Vicuña en un esquema de energía que se definirá en audiencia pública.
La ampliación de la línea de extra alta tensión Nueva San Juan-Rodeo avanzó desde una iniciativa técnica vinculada al desarrollo minero a convertirse en uno de los principales focos de tensión entre Nación, provincias, municipios y empresas del sector. El proyecto, que prevé reconvertir el tendido actual de 132 kV a 500 kV para elevar su capacidad de transporte a unos 854 MVA, está directamente asociado a la demanda energética del distrito Vicuña, donde se integran los proyectos Josemaría y Filo del Sol.
La posición del Gobierno nacional
En el Informe presentado ante la Cámara de Diputados, la Jefatura de Gabinete expuso el enfoque del Gobierno nacional para este tipo de desarrollos: la ampliación del sistema eléctrico debe sostenerse sobre inversión privada y no sobre financiamiento público. En ese marco, se estableció que la obra será financiada en su totalidad por Vicuña Argentina S.A., sin impacto en tarifas ni utilización de recursos estatales. El mismo criterio se extiende al acceso: en caso de no existir capacidad disponible en la red, el actor interesado deberá realizar las inversiones necesarias para su conexión, bajo un esquema que busca asegurar el funcionamiento del sistema sin intervención directa del Estado.
Ese planteo se complementa con la posibilidad de asignar prioridad de uso sobre la capacidad de transporte. Evaluaciones de CAMMESA consideran factible otorgar al proyecto Vicuña el 71% de la capacidad total de la línea una vez operativa en 500 kV, dentro de un esquema que también contempla la posibilidad de ceder parte de esa capacidad a terceros. A su vez, el Gobierno nacional fundamentó la obra como de interés público, al señalar que permitiría expandir el sistema eléctrico, mejorar la interconexión en el norte de San Juan y habilitar vínculos con La Rioja. En términos regulatorios, sostuvo que el transporte en alta tensión es de jurisdicción federal, por lo que la definición sobre ampliaciones y acceso corresponde al Poder Ejecutivo Nacional.
El origen del conflicto
El conflicto se activó a partir de la Resolución ENRE 79/2026, que otorgó a Vicuña prioridad de uso por 25 años sobre hasta el 90% de la capacidad de transporte excedente de la línea. A partir de esa decisión, se consolidó un frente de oposición que reúne a actores con intereses distintos, pero con una preocupación común: las condiciones de acceso a una infraestructura considerada estratégica para el desarrollo minero e industrial de San Juan.
Las presentaciones formales incluyen al ente regulador provincial EPRE, la Secretaría de Energía de La Rioja, los municipios de Jáchal, Iglesia y Calingasta, y las empresas mineras Los Azules, Hualilán y Casposo. Este alineamiento transversal, poco habitual en el sector, refleja el peso que adquiere la discusión en torno a la disponibilidad de energía en un escenario de expansión de proyectos de cobre en la provincia.
Los puntos en discusión
Entre los cuestionamientos aparece, en primer lugar, la discusión sobre la capacidad real del sistema. Mientras el cálculo oficial proyecta 854 MVA, algunas empresas sostienen que la capacidad efectiva podría ser menor, lo que implicaría que la prioridad asignada a Vicuña concentraría una porción significativamente mayor del total disponible. A esto se suma el planteo de que el tramo Nueva San Juan-Rodeo no constituye una obra completamente nueva, sino infraestructura preexistente desarrollada con fondos públicos, por lo que no correspondería aplicar un esquema de prioridad como si se tratara de una ampliación desde cero.
En esa línea, el EPRE y otros actores sostienen que Vicuña debería ser considerada como “beneficiario no iniciador”, lo que implicaría la obligación de adquirir derechos financieros sobre la infraestructura existente antes de acceder a la capacidad. También se cuestiona la ausencia de cláusulas que obliguen a liberar capacidad no utilizada, en un contexto donde distintos proyectos advierten que la asignación de prioridad podría limitar su desarrollo futuro o restringir el acceso de nuevos actores al sistema.
Los planteos incluyen además la necesidad de garantizar condiciones de acceso abiertas, transparentes y no discriminatorias, así como la preservación de reservas de capacidad ya definidas para determinados emprendimientos. A nivel interprovincial, la Secretaría de Energía de La Rioja condicionó su aval al desarrollo de obras que permitan su futura conexión al sistema de 500 kV, incorporando una dimensión regional al debate.
La audiencia pública como punto de inflexión
Frente a este escenario, el ENRE convocó a una audiencia pública para el 3 de junio, donde se analizarán las solicitudes de acceso y ampliación vinculadas al proyecto Josemaría, junto con las objeciones presentadas por los distintos actores. La instancia buscará ordenar el proceso y evaluar los argumentos técnicos, regulatorios y económicos antes de una definición final.
El desenlace de este proceso no sólo definirá el esquema de abastecimiento eléctrico para Vicuña, sino también las condiciones de acceso a la red para el conjunto de los proyectos mineros en San Juan, en un contexto donde la disponibilidad de infraestructura energética comienza a ocupar un lugar central en la viabilidad de las inversiones.