El Gobierno nacional congela la reforma de la Ley de Glaciares en medio de advertencias y reclamos
El oficialismo decidió postergar el tratamiento de la reforma a la Ley de Glaciares y priorizar la Reforma Laboral, en un contexto de rechazo social.
El Gobierno decidió no tratar por ahora la reforma de la Ley de Glaciares.
El Gobierno nacional resolvió retirar del centro de la agenda legislativa la modificación de la Ley de Glaciares y concentrar su capital político en la aprobación de la Reforma Laboral, una iniciativa que considera prioritaria para su programa económico. La decisión se formalizó tras una reunión con bloques aliados en el Congreso, donde se acordó avanzar con un temario acotado y postergar el debate ambiental.
Desde el oficialismo argumentan que se trata de una cuestión de tiempos parlamentarios, aunque el freno ocurre en un escenario de creciente tensión social y política en torno a la normativa ambiental.
En las semanas previas, distintas ciudades del país fueron escenario de marchas y movilizaciones en defensa de la Ley de Glaciares. Organizaciones ambientalistas, asambleas ciudadanas, sindicatos y sectores académicos se manifestaron contra la posibilidad de modificar una norma que consideran clave para la protección del agua dulce en la Cordillera.
Las protestas tuvieron especial intensidad en provincias cordilleranas y grandes centros urbanos, donde se denunció que la reforma podría habilitar actividades extractivas en zonas hoy protegidas, incrementando riesgos ambientales y conflictos hídricos.
La advertencia constitucional: un límite legal
A la presión social se sumó un fuerte cuestionamiento jurídico. Más de 85 constitucionalistas y académicos enviaron una carta formal al Congreso en la que advirtieron que el proyecto de reforma podría ser inconstitucional. Según el documento, la iniciativa vulnera el artículo 41 de la Constitución Nacional, que establece presupuestos mínimos de protección ambiental que las provincias no pueden reducir.
Los especialistas alertaron que modificar la ley implicaría un retroceso normativo, prohibido por la doctrina ambiental vigente, y sentaría un precedente peligroso para otras leyes de protección ambiental.
El núcleo del debate sigue siendo la redefinición del ambiente periglaciar, actualmente protegido como reserva estratégica de agua. La propuesta oficial busca restringir esa definición para liberar zonas donde podrían desarrollarse proyectos mineros o de infraestructura pesada.
Los constitucionalistas también señalaron que la reforma debilita el Inventario Nacional de Glaciares, una herramienta central para la planificación ambiental, y advirtieron que podría profundizar desigualdades territoriales y conflictos por el uso del agua.
Un escenario ambiental cada vez más delicado para el Gobierno Nacional
El debate se da en un contexto climático adverso: Argentina ya perdió alrededor del 17% de su superficie glaciar en las últimas décadas, según datos oficiales y estudios científicos. Para los sectores críticos, avanzar en una flexibilización normativa en este escenario representa un riesgo adicional para la seguridad hídrica futura.
Aunque el Gobierno decidió postergar el tratamiento legislativo, la discusión está lejos de cerrarse. Para las provincias mineras, la reforma es una herramienta clave para destrabar inversiones; para organizaciones sociales, académicos y ambientalistas, es una línea roja que no debe cruzarse.