El Gobierno busca modificar la ley de glaciares: las claves de la reforma y cómo puede impactar en la minería

El Gobierno nacional decidió avanzar con una reforma integral de la Ley de Glaciares y ya envió el proyecto al Congreso para su tratamiento. La iniciativa apunta a redefinir criterios técnicos de protección ambiental y a despejar, según el Ejecutivo, una serie de ambigüedades que en los últimos años frenaron inversiones, especialmente en la minería.

Desde la Casa Rosada sostienen que, a más de una década de su sanción, la norma vigente generó inseguridad jurídica y conflictos de competencia entre Nación y provincias. La reforma propone compatibilizar la preservación de los recursos hídricos con el desarrollo productivo, reforzando el rol de las jurisdicciones provinciales en la toma de decisiones.

El debate no es menor: la ley actual establece fuertes restricciones a actividades como la minería y los hidrocarburos en zonas glaciares y periglaciares, lo que impactó de lleno en proyectos de cobre, litio y oro en la cordillera. El nuevo texto busca introducir evaluaciones más precisas y caso por caso.

Ley de Glaciares: qué cambia el proyecto del Gobierno

Uno de los ejes centrales de la reforma es la redefinición del alcance del ambiente periglacial. La ley vigente incluye amplias áreas con suelos congelados o saturados de hielo, aun cuando no esté probada su función hídrica. El proyecto oficial propone limitar la protección estricta a glaciares y geoformas que cumplan efectivamente un rol como reserva o regulador de agua.

En esa línea, el Inventario Nacional de Glaciares dejaría de ser una barrera automática. Seguirá siendo una referencia obligatoria, pero se habilita a que las autoridades ambientales provinciales determinen si una geoforma mantiene o no funciones hídricas estratégicas. Hasta que eso se verifique, regirá el principio precautorio, aunque la protección no será indefinida si no se comprueba ese rol.

Más protagonismo provincial y evaluaciones técnicas

Otro cambio relevante es el fortalecimiento del federalismo ambiental. El proyecto subraya que la protección de glaciares debe interpretarse en consonancia con la Constitución, que reconoce a las provincias el dominio originario de los recursos naturales. En la práctica, serán las jurisdicciones las que definan qué actividades pueden autorizarse, a partir de evaluaciones de impacto ambiental.

La prohibición absoluta de la minería en áreas protegidas se reemplaza por un esquema más flexible: seguirán vedadas las actividades que generen una “alteración relevante”, pero esa condición deberá ser determinada mediante estudios técnicos y no por una presunción general.

También se refuerzan los mecanismos de participación ciudadana y las evaluaciones ambientales estratégicas para proyectos de gran escala.

El impacto potencial en la minería y el debate abierto

Para el Gobierno y varios gobernadores cordilleranos —especialmente de Mendoza, San Juan, Catamarca y Jujuy— la reforma es clave para destrabar inversiones mineras de gran porte. Argumentan que la actual definición del ambiente periglacial es demasiado amplia y permitió judicializar proyectos incluso en zonas sin glaciares identificados.

Del otro lado, organizaciones ambientales y parte de la comunidad científica advierten que modificar la ley puede implicar un retroceso en la protección del agua dulce. Señalan que, en contextos de sequía, los glaciares de escombros y suelos congelados pueden aportar hasta un tercio del caudal de ríos cordilleranos.

El Congreso será ahora el escenario donde se dirima una discusión de fondo: cómo equilibrar la protección de un recurso estratégico como el agua con la necesidad de impulsar actividades productivas que generen divisas. El resultado de esa pulseada definirá buena parte del futuro minero del país.