El Gobierno amplía el RIGI a los trenes justo antes de la licitación del Belgrano Cargas
El decreto habilita renovación y ampliación de infraestructura ferroviaria existente, no solo obra nueva.
La privatización del Belgrano Cargas.
El Gobierno nacional amplió el alcance del Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI) para incluir de manera expresa a la infraestructura ferroviaria. La medida quedó formalizada a través del decreto 748/2026, publicado en el Boletín Oficial, que modifica la reglamentación del régimen y establece que, en materia de trenes, no solo se considerará construcción a la realización de infraestructura nueva, sino también a la renovación, sustitución, transformación o desarrollo de infraestructura existente, siempre que no se limite a tareas de conservación o mantenimiento.
Para que una inversión sobre infraestructura preexistente sea considerada una ampliación habilitada para el RIGI, el decreto exige que genere un aumento verificable de la capacidad de transporte. El texto también incorpora infraestructura vinculada de forma directa con la logística del transporte ferroviario de cargas: nodos logísticos, puertos secos, centros de desconsolidación y transferencia de cargas, y playas de maniobra, intercambio y clasificación.
La medida se conoce antes de que avance la licitación del Belgrano Cargas, aunque el decreto no menciona específicamente a ese ferrocarril. El proceso de privatización, iniciado el año pasado, apunta a concesionar por 50 años la operación ferroviaria de cargas, con un esquema dividido por líneas —Belgrano, San Martín y Urquiza— y por unidades de negocio, habilitando ofertas independientes para infraestructura, operación ferroviaria y talleres bajo un modelo de acceso abierto.
El antecedente de Grupo México
El cambio normativo coincide con una condición que Grupo México Transportes había planteado públicamente para participar del proceso. La compañía, que opera más de 11.000 kilómetros de vías en México y el sur de Estados Unidos a través de firmas como Ferromex y Ferrosur, manifestó en diciembre pasado su disposición a invertir al menos US$ 3.000 millones a cambio de obtener la concesión de vías, talleres y material rodante, pero reclamó que esas inversiones pudieran acceder a los beneficios fiscales, aduaneros y cambiarios del RIGI. El interés de la firma se concentra particularmente en el corredor del norte argentino, clave para la producción y las exportaciones de provincias como Tucumán, Salta, Jujuy y Santiago del Estero, y para el transporte de granos hacia los puertos del Gran Rosario.
Entre los otros interesados en el proceso aparece un consorcio de cerealeras integrado por Aceitera General Deheza, Bunge, Cargill, Louis Dreyfus y la Asociación de Cooperativas Argentinas, además de Grupo Roggio y Techint. El sistema ferroviario argentino permanece declarado en emergencia hasta mediados de 2028, un dato que el Gobierno utiliza para justificar la urgencia de atraer capital privado a una red que arrastra un fuerte deterioro de infraestructura.