Un gran proyecto de potasio, un poderoso empresario mendocino como nuevo dueño y un futuro que sigue siendo incierto
Tras la salida de Vale y el traspaso a Mendoza, Potasio Río Colorado intentó activarse con Minera Aguilar operando, pero no ha cumplido los hitos previstos.
El proyecto Potasio Río Colorado está ubicado en Malargüe, Provincia de Mendoza.
Prensa Gobierno de MendozaJosé Luis Manzano aseguró durante una intervención en el Atlantic Council realizado la semana pasada, que el proyecto Potasio Río Colorado (PRC) en Malargüe, provincia de Mendoza, avanza con la construcción de una planta piloto para producir cloruro de potasio para ir a la producción, aunque reconoció que “todavía no está resuelta la logística”.
La definición sintetiza el momento actual del yacimiento: un desarrollo enunciado en etapa inicial, atravesado por un problema estructural que ya condicionó su historia, una historia que lo tenía como un proyecto de clase mundial que nunca pudo dar el paso definitivo.
A nivel local, en Mendoza, el planteo convive con un escenario especial. La empresa a cargo del proyecto, Minera Aguilar, no cumplió con los hitos establecidos en el contrato firmado con la provincia, lo que abrió un proceso de evaluación sobre posibles sanciones y alternativas para el futuro del activo. Sin embargo, y a pesar de eso, el titular de Integra Capital no hace referencia a estos puntos.
Un proyecto de escala global que no se concretó
Potasio Río Colorado fue diseñado como uno de los proyectos mineros más grandes del mundo. En su etapa original hacia la construcción, bajo control de la gigante brasileña Vale, proyectaba inversiones de entre US$6.000 millones y US$11.000 millones y una capacidad de producción de hasta 4 millones de toneladas anuales de cloruro de potasio.
Al momento de su paralización en 2013, el proyecto ya acumulaba una inversión cercana a los US$2.600 millones en infraestructura, con un complejo industrial avanzado, campamentos, pista de aterrizaje y obras asociadas en Malargüe. Ese despliegue reflejaba el nivel de avance que había alcanzado una iniciativa concebida para operar a escala global.
El desarrollo incluía la construcción de infraestructura clave, en particular una traza ferroviaria que debía conectar Malargüe con el puerto de Bahía Blanca para exportar el mineral. Esa obra no era complementaria: definía la viabilidad económica del proyecto. A medida que el trazado avanzaba por distintas provincias, los costos se incrementaban y las condiciones se complejizaban, incorporando nuevas exigencias y negociaciones en cada tramo, lo que terminó impactando en la ecuación general del proyecto.
Las obras se paralizaron en 2013, luego de una combinación de factores que incluyeron la caída del precio del potasio, el aumento de costos y un contexto local marcado por demoras administrativas y cambios en las condiciones económicas del proyecto.
Factores políticos y económicos que impactaron en el desarrollo
Durante la etapa de construcción, el proyecto atravesó demoras en la aprobación de la Declaración de Impacto Ambiental (DIA) por parte del Gobierno de Mendoza, bajo el mandato del gobernador Celso Jaque y la gestión de un secretario de Ambiente, Guillermo Carmona, que luego celebraría el archivo del proyecto San Jorge en 2011. Esa demora se extendió cerca de dos años pese a contar con dictámenes técnicos favorables. A esto se sumaron nuevas exigencias económicas por parte del Estado provincial, como la creación de un fondo con aportes sobre la facturación del proyecto, inicialmente planteado en un 3% y luego fijado en 1%.
Estos cambios impactaron en la estructura de costos y en los tiempos de ejecución. En paralelo, el proyecto incrementó su escala productiva para sostener su rentabilidad en un contexto de caída del precio internacional del potasio, lo que elevó el CAPEX total hasta niveles cercanos a los US$11.000 millones.
A esto se sumaron decisiones políticas que demoraron etapas clave del desarrollo. La aprobación de la DIA, que dependía de la provincia, se postergó en un momento en que el proyecto ya contaba con condiciones técnicas para avanzar, alterando la planificación original y desplazando el inicio de la construcción en un contexto de volatilidad de precios y costos. Con el paso del tiempo, distintos análisis del sector coincidieron en que la combinación de demoras, cambios en las reglas y nuevas exigencias terminó por afectar la competitividad del proyecto.
Del freno a la transferencia: años de indefinición
Tras la paralización de 2013, el proyecto ingresó en una etapa prolongada de estancamiento, con intentos fallidos de reactivación y negociaciones que se extendieron durante varios años entre la empresa Vale y el Gobierno de Mendoza. Durante ese período, el activo permaneció sin avances, mientras se evaluaban alternativas que incluían la búsqueda de socios, la reformulación del proyecto a menor escala o incluso su desmantelamiento parcial.
Luego de ese proceso, en 2019 se alcanzó un acuerdo para la transferencia del proyecto a la provincia. La operación se concretó finalmente en 2020, cuando Mendoza tomó el control del yacimiento tras la salida de la compañía brasileña. Como parte de ese entendimiento, Vale no solo cedió los activos multimillonarios, sino que además dejó un monto cercano a los US$30 millones destinados al mantenimiento de la infraestructura existente, un complejo industrial que había quedado inactivo en el sur mendocino tras la paralización de las obras .
Ese traspaso marcó el inicio de una nueva etapa para PRC, aunque sin resolver las condiciones estructurales que habían condicionado su desarrollo original.
El traspaso a Mendoza y un nuevo esquema de desarrollo
Tras la salida de Vale, el proyecto pasó a la órbita de Mendoza en 2020 y comenzó la búsqueda de un socio para reactivar la mina. Aunque la gestión del entonces gobernador Rodolfo Suarez generaba altas expectativas y reiteraba en numerosas declaraciones que grandes compañías del mundo estaban interesadas en el yacimiento, la realidad es que el proceso para el que se contrató al banco Suizo UBS, sólo logró tener tres interesados concretos, todos capitales nacionales.
Así, en septiembre de 2023 la provincia transfirió el 88% de las acciones a Compañía Minera Aguilar Potasio S.A. (CMAP), en un acuerdo ratificado por la Legislatura en octubre de ese año. Así la firma de José Luis Manzano se quedó con el yacimiento, superando a la Corporación América de Eduardo Eurnekian, que era otro de los interesados.
El contrato estableció que debe realizarse un plan de inversión de US$1.039,1 millones a cinco años para alcanzar una capacidad de producción de 1,4 millones de toneladas anuales de KCl, junto con un esquema de garantías que incluye penalidades de hasta US$150 millones por incumplimiento total del plan. Como parte de ese esquema, se definieron hitos específicos para la construcción de una planta piloto. Entre ellos, el inicio de obra y un avance del 50% de la planta de separación de KCl debían cumplirse el 6 de junio de 2025, junto con el precomisionado de la instalación.
Esos hitos no fueron alcanzados en los plazos establecidos. La falta de cumplimiento de los objetivos de la Fase 1 colocó al proyecto bajo el régimen de sanciones previsto en el contrato, que contempla multas diarias de US$7.000 durante los primeros dos años desde el cierre del acuerdo.
La situación obligó al Gobierno de Mendoza a evaluar el camino a seguir, un proceso que está en desarrollo, en un contexto donde busca evitar un nuevo conflicto que pueda derivar en la paralización del proyecto o en un proceso judicial. El escenario vuelve a ubicar al yacimiento en una instancia de revisión, con un desarrollo que no logra consolidar avances sostenidos.
La demora en la negociación para negociar la salida de Vale era evitar una judicialización que habría sepultado el proyecto definitivamente o por lo menos por una década, por eso el panorama de este nuevo freno vuelve a poner en una situación incómoda al Ejecutivo porque lo pone en un escenario ya vivido, pero con otros protagonistas.
La logística, un condicionante histórico, y el mensaje de Manzano
Más allá de los cambios de operador y de esquema contractual, la logística se mantiene como el principal factor que define la viabilidad de PRC. El propio plan de inversión que se firmó entre Aguilar y Mendoza establece como condición crítica la disponibilidad de infraestructura de transporte, incluyendo acuerdos con el sistema ferroviario, puertos y compradores para garantizar la salida del mineral.
Este punto atraviesa toda la historia del proyecto. Desde su concepción, la necesidad de conectar Malargüe con un puerto de exportación fue el eje central del modelo económico. Sin esa infraestructura, el desarrollo pierde competitividad frente a otros productores globales.
En este escenario, las nuevas declaraciones de Manzano incorporan dos definiciones que condensan la situación actual. Por un lado, la construcción de una planta piloto como señal de avance. Por otro, el reconocimiento de que la logística aún no está resuelta y sin eso resuelto, el proyecto no es viable y -dada la experiencia de Vale- no se volverá a enterrar dinero hasta que eso quede claramente resuelto. Eso, sin mencionar los movimientos del mercado, con un precio que mejoró, pero que está lejos del que existía hace dos décadas, y grandes actores mundiales ad portas de arrancar con grandes proyectos, como BHP con Jansen en Canadá.
Entre ambos puntos se ubica el estado actual de PRC: un activo de escala global, con un nuevo esquema de inversión en marcha, pero atravesado por incumplimientos contractuales y por un problema estructural que continúa sin resolverse. La secuencia se repite a lo largo del tiempo: avances parciales seguidos de frenos vinculados a decisiones políticas, condiciones económicas o limitaciones de infraestructura, en un proyecto que, hasta ahora, no logra consolidar un desarrollo sostenido.