Sorpresa en Nueva York: Manzano vincula al RIGI el mayor proyecto potásico del país

El empresario afirmó en Nueva York que Potasio Río Colorado irá bajo el régimen de grandes inversiones en un momento sensible para su ejecución contractual.

El proyecto Potasio Río Colorado se detuvo en 2011.

El proyecto Potasio Río Colorado se detuvo en 2011.

Prensa Gobierno de Mendoza

La afirmación pasó casi como una línea más dentro de una entrevista económica, pero en el contexto actual de Potasio Río Colorado tiene peso propio. Durante Argentina Week en Nueva York, el empresario José Luis Manzano sostuvo que “el proyecto de potasio es con RIGI”, en referencia al Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones y al proyecto que maneja su compañía en Mendoza.

La declaración fue realizada en diálogo con Forbes Argentina y se dio en un momento particularmente sensible para el mayor activo potásico del país: el proyecto mendocino atraviesa una revisión por demoras en hitos contractuales clave vinculados a la planta piloto de cloruro de potasio y a la resolución de su histórica restricción logística. Por ahora en el Gobierno de Mendoza analizan qué pasos seguir, por lo que sorprendió la declaración del empresario.

Potasio Río Colorado es uno de los yacimientos de potasio más relevantes a escala global por volumen de reservas. Tras la salida de Vale en 2013, la Provincia de Mendoza recuperó el activo y, en 2023, transfirió el 88% de las acciones a Compañía Minera Aguilar Potasio S.A., controlada por Manzano, conservando el 12% a través de su empresa estatal. El acuerdo estableció un plan de inversión superior a los US$1.000 millones para alcanzar una producción proyectada de 1,4 millones de toneladas anuales de KCl.

Se trata de un yacimiento cuya viabilidad está atada históricamente al desarrollo de la infraestructura en una zona extrema de Mendoza. Sin energía y sin un tren, los especialistas consideran que se trata de un proyecto sin posibilidad de desarrollo real.

Incumplimientos en Mendoza

Sin embargo, la ejecución enfrenta tensiones. El contrato prevé multas diarias ante incumplimientos de cronograma y contempla garantías económicas significativas en caso de una omisión total del plan de inversión. A esto se suma la condición estructural que definió el destino del proyecto en el pasado: la logística ferroviaria hacia puerto, clave para su viabilidad comercial.

En ese marco, la mención al RIGI introduce una variable política y financiera relevante. El régimen nacional ofrece estabilidad fiscal, beneficios impositivos y un esquema cambiario especial para grandes inversiones, elementos que pueden resultar determinantes para mejorar la bancabilidad de un proyecto con alto CAPEX y fuerte dependencia de infraestructura.

Desde una perspectiva nacional, el episodio combina tres dimensiones: el desafío de reactivar uno de los activos mineros más emblemáticos del país, la necesidad de encuadrarlo dentro del nuevo marco de incentivos promovido por el Gobierno y el momento contractual delicado que atraviesa su ejecución.

La incógnita ahora es si la referencia pública al RIGI anticipa una reformulación financiera para sostener el proyecto, una señal hacia inversores en el exterior o una estrategia para ganar tiempo frente a las exigencias contractuales vigentes.

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