San Juan define hoy el acuerdo con Vicuña por US$250 millones para obras de infraestructura
La Cámara de Diputados fue convocada a una sesión especial. La oposición plantea reparos sobre controles, plazos y algunas cláusulas del acuerdo.
La Legislatura de San Juan tendrá este miércoles una de las sesiones de mayor impacto para el futuro desarrollo minero de la provincia. Desde las 11, la Cámara de Diputados tratará en sesión especial el acuerdo firmado entre el gobierno de Marcelo Orrego y Vicuña Argentina, por el cual la compañía realizará un aporte de US$250 millones destinado a financiar obras de infraestructura.
El convenio adquirió relevancia no solamente por el monto involucrado, sino porque inaugura un mecanismo mediante el cual parte de la infraestructura necesaria ante el crecimiento de la minería podrá comenzar a ejecutarse antes de que los grandes proyectos entren plenamente en producción.
El aporte fue definido como inicial, fijo y no compensable, y podrá aplicarse a infraestructura vial, hídrica y de saneamiento. La Provincia conservará la administración de los recursos y la definición de las obras.
La Ruta 40 Norte, primera prioridad
Aunque el convenio habilita un abanico más amplio de inversiones, el gobernador Orrego ya confirmó cuál será uno de sus primeros destinos: la reconstrucción integral de la Ruta Nacional 40 Norte, una obra largamente reclamada y estratégica para conectar la capital provincial con Jáchal y los departamentos vinculados al desarrollo minero.
Aquí aparece un segundo convenio que también forma parte de la discusión legislativa: el acuerdo entre San Juan y Vialidad Nacional que permite a la Provincia asumir la ejecución, conservación y mantenimiento de determinados tramos de rutas nacionales cuando consiga el financiamiento para las obras.
El esquema contempla que San Juan pueda hacerse cargo de esas trazas durante 20 años. Además de la Ruta 40, aparecen entre los corredores involucrados las rutas 20, 150, 149 y 153, varias de ellas determinantes para la logística minera y para otras actividades productivas.
De esta manera, los dos acuerdos están directamente relacionados: Vicuña aporta los recursos y el convenio con Nación le proporciona a la Provincia el instrumento para invertirlos en rutas que pertenecen a jurisdicción nacional.
El Gobierno defendió el acuerdo ante los diputados
La previa legislativa tuvo un capítulo importante el viernes pasado, cuando funcionarios del Ejecutivo concurrieron a la Cámara para explicar los detalles de los convenios.
Participaron el ministro de Minería, Juan Pablo Perea; el ministro de Producción, Gustavo Fernández; el secretario general de la Gobernación, Emilio Achem, y el vicegobernador Fabián Martín. Allí respondieron preguntas sobre el destino de los fondos, los mecanismos de control y las obligaciones que asumirá la Provincia.
Uno de los puntos sobre los que el Gobierno buscó despejar dudas fue el ambiental. Perea sostuvo que el acuerdo no supone flexibilizar las exigencias que debe cumplir Vicuña y aseguró que las obligaciones ambientales continúan vigentes.
La discusión también alcanzó al destino territorial de los recursos. Algunos sectores plantearon que los fondos vinculados con la actividad minera deberían concentrarse en los departamentos directamente involucrados, mientras que el Ejecutivo defiende una mirada provincial: obras como la Ruta 40 atraviesan distintas jurisdicciones y resultan necesarias para que la infraestructura acompañe el crecimiento de la actividad.
Los cuestionamientos de la oposición
El acuerdo llega al recinto con críticas, aunque buena parte de la discusión no está centrada en rechazar el ingreso de los US$250 millones sino en cómo serán administrados y controlados.
Desde el PJ, el diputado Mario Herrero cuestionó la velocidad del tratamiento y reclamó más tiempo para analizar la documentación. También surgieron objeciones jurídicas respecto de algunas cláusulas, entre ellas las vinculadas con fondos ambientales, compromisos futuros de la Provincia y mecanismos de arbitraje.
Orrego salió a defender el proyecto en la previa de la sesión y pidió que la votación no quede condicionada por las pertenencias partidarias. Para el Ejecutivo, el aporte permitirá atacar un déficit de infraestructura que se vuelve especialmente urgente ante la escala de inversiones mineras que se proyecta para San Juan.
Vicuña empieza a cambiar la escala de San Juan
El acuerdo aparece como una consecuencia directa de las dimensiones que adquirió el proyecto Vicuña, integrado por los depósitos Josemaría y Filo del Sol y controlado conjuntamente por BHP y Lundin Mining.
El proyecto ya obtuvo su aprobación dentro del RIGI con inversiones comprometidas por alrededor de US$9.700 millones, mientras avanza en paralelo con la infraestructura energética necesaria para su desarrollo.
A fines de julio, el ENReGE autorizó el acceso para una demanda inicial de 260 MW correspondiente a Josemaría y otorgó el Certificado de Conveniencia y Necesidad Pública para las obras eléctricas asociadas, entre ellas la nueva línea de 500 kV entre Rodeo y Chaparro, de unos 167 kilómetros.