Mendoza apuesta a innovar en financiamiento minero ante la falta de capital exploratorio
La herramienta, aún en aprobación ante la CNV, apunta a proyectos con aval ambiental que no consiguen recursos para avanzar en el sur de Mendoza.
La delegación mendocina en la PDAC 2026. La vicegobernadora Hebe Casado; la ministra de Energía y Ambiente, Jimena Latorre; el director de Minería, Jerónimo Shantal; y el CEO de Impulsa Mendoza, Sebastián Piña.
Prensa Gobierno de Mendoza.En la PDAC 2026 en Toronto, Mendoza anunció que está estructurando un Fondo Cerrado de Oferta Pública con el objetivo de financiar proyectos mineros que, pese a contar con Declaración de Impacto Ambiental, no logran avanzar por falta de capital.
La provincia logró en los últimos dos años algo que durante más de una década parecía inviable: aprobar en la Legislatura 67 proyectos dentro de Malargüe Distrito Minero Occidental (en el sur mendocino) y poner en evaluación otros 71. El marco normativo, la línea de base ambiental y el ordenamiento distrital avanzaron con rapidez. Sin embargo, el movimiento real en campo no acompañó ese ritmo.
Hoy solo uno de esos proyectos registra perforación activa: El Perdido, impulsado por la canadiense Kobrea, que incluso proyecta ampliar su campaña. El resto permanece sin avances relevantes. El contraste es evidente, porque se esperan más de 130 iniciativas habilitadas a mitad de año, pero escasa actividad exploratoria efectiva.
El propio gobernador Alfredo Cornejo planteó públicamente la preocupación por la lentitud en el desarrollo del distrito. En ese contexto, el anuncio del fondo en Canadá aparece como un intento de intervenir allí donde el mercado no está respondiendo.
El cuello de botella
La mayoría de los proyectos aprobados en Malargüe son iniciativas de exploración temprana. No se trata de desarrollos listos para construcción ni de activos clase mundial con respaldo de grandes compañías internacionales.
El desafío está en otra franja: proyectos que requieren montos intermedios -en muchos casos cercanos a los US$ 20 millones- para profundizar campañas y avanzar hacia una perforación.
Son iniciativas que cuentan con aval ambiental y cierta reducción del riesgo técnico, pero que no logran acceder a financiamiento bancario tradicional ni tienen aún la escala suficiente para salir a mercados como la TSX de Canadá. Ese es el espacio que Mendoza intenta cubrir con el nuevo instrumento.
Cómo funcionaría el fondo
El Fondo Cerrado de Oferta Pública, aún pendiente de aprobación ante la Comisión Nacional de Valores, estaría liderado por la empresa provincial Impulsa y buscaría captar capital privado regulado para invertir en proyectos que ya tienen Declaración de Impacto Ambiental.
En términos simples, un fondo cerrado de oferta pública funciona como un vehículo colectivo de inversión con plazo determinado. Inversores -personas, empresas o instituciones- aportan capital a cambio de cuotapartes y ese dinero se destina a activos específicos, en este caso proyectos mineros. Si los proyectos avanzan y aumentan su valor, los inversores obtienen rentabilidad en proporción a su participación. Si no prosperan, el riesgo lo asume quien invirtió, pudiendo perder parte o la totalidad del capital. El Estado no garantiza ganancias ni cubre pérdidas, pero interviene reduciendo incertidumbre a través de información geológica y ambiental previa y mediante la estructuración institucional del vehículo.
Según lo expuesto en la gira canadiense, el Banco Comafi actuaría como sociedad depositaria del fondo, es decir, como custodio de los activos dentro del esquema regulado, sin que ello implique financiamiento propio ni administración directa de los proyectos.
En el plano nacional, el instrumento no tiene un antecedente directo. Si bien existen fideicomisos vinculados a infraestructura o esquemas de participación provincial en proyectos mineros, ninguna jurisdicción anunció hasta ahora un Fondo Cerrado de Oferta Pública específicamente orientado a financiar exploración minera distrital con intervención estructural del Estado en su diseño. En ese sentido, Mendoza busca posicionarse con una herramienta financiera que, al menos en su concepción, no tiene un equivalente exacto en el país.
Más que un fondo, una señal
Más allá del diseño técnico, el instrumento cumple una función política y estratégica. Mendoza busca mostrar que no solo genera marcos regulatorios y aprueba proyectos, sino que intenta construir herramientas financieras propias para acelerar la exploración.
El planteo oficial reconoce, en los hechos, que el mercado por sí solo no está canalizando el capital necesario para activar el distrito. En un contexto internacional donde los fondos mineros privilegian proyectos de gran escala y bajo riesgo, las iniciativas intermedias quedan atrapadas en un “valle financiero” demasiado grandes para financiarse con capital propio, demasiado pequeñas o tempranas para captar grandes fondos globales.
El desafío de fondo
Si el fondo consigue activar varias campañas exploratorias y generar masa crítica en campo, podría consolidar a Malargüe como distrito en funcionamiento y no solo como listado de expedientes aprobados. Si no alcanza volumen suficiente, corre el riesgo de convertirse en una herramienta testimonial.
En términos nacionales, el movimiento de Mendoza introduce un elemento novedoso en el debate sobre el desarrollo minero: no alcanza con aprobar proyectos y ordenar el territorio, también es necesario construir puentes financieros que conecten esos activos con el capital dispuesto a asumir riesgo exploratorio.
El fondo, aún en etapa de diseño, será una prueba concreta de hasta qué punto las provincias pueden innovar en materia financiera para sostener el crecimiento de la minería argentina más allá de los grandes proyectos consolidados.