Litio y cobre chocan con un límite que no está en el subsuelo: la red eléctrica
Un informe de Aggreko sobre la minería argentina advierte que el crecimiento del litio y el cobre choca con un límite crítico: el acceso a la energía.
El acceso a la capacidad de transporte eléctrico requerido por el proyecto Vicuña generó debate en San Juan.
Generada con IALa minería argentina cerró 2025 con exportaciones récord: cerca de US$ 6.000 millones, según datos de la Cámara Argentina de Empresas Mineras (CAEM), con un crecimiento interanual del 30%. Litio, cobre, oro y plata explican ese salto, y las proyecciones para 2026 son todavía más ambiciosas: la propia CAEM estima que las ventas externas del sector podrían acercarse a los US$9.000 millones este año. Son números que consolidan a la minería como uno de los principales motores de generación de divisas del país, en un momento en que la macroeconomía necesita exactamente eso.
Pero detrás de ese crecimiento aparece un cuello de botella que no tiene que ver con la geología, ni con el precio internacional de los metales, ni con la burocracia regulatoria: tiene que ver con la energía. Un informe de la consultora especializada en soluciones energéticas Aggreko, centrado en las perspectivas de la industria minera latinoamericana, identificó a la infraestructura eléctrica como el principal desafío estructural para sostener la expansión del sector en Argentina.
El problema tiene una explicación geográfica simple. Los yacimientos de litio y cobre que hoy motorizan el crecimiento minero están ubicados en zonas cordilleranas, alejadas de los grandes centros urbanos y, en muchos casos, fuera del alcance del Sistema Argentino de Interconexión (SADI), la red que conecta a los grandes generadores con la demanda del país. Eso obliga a las empresas mineras a desarrollar sus propias soluciones de generación eléctrica —desde plantas térmicas propias hasta esquemas híbridos con renovables— o a financiar directamente las obras de conexión a la red, con el costo y los tiempos que eso implica para un proyecto de inversión.
Altura, temperatura y aislamiento
La ecuación se complica todavía más por las condiciones operativas propias de la alta montaña. Los principales proyectos de litio y cobre del país —desde los salares del norte hasta los pórfidos cupríferos de la cordillera sanjuanina— operan a más de 3.000 y hasta 4.000 metros de altura, con temperaturas extremas que exigen mayor potencia instalada para sostener procesos productivos que no pueden darse el lujo de interrupciones. Un corte de suministro en una planta de procesamiento de litio o en una operación de bombeo minero no es solo una pérdida de producción: puede comprometer equipos y afectar directamente la seguridad de las operaciones.
Desde el sector energético señalan que el futuro de buena parte de la cartera minera argentina va a depender, en los próximos años, de la capacidad del país para resolver ese desacople entre dónde está el recurso natural y dónde está la red eléctrica. No es un problema exclusivamente argentino —la brecha entre expansión minera y disponibilidad energética se repite en otros países de la región—, pero adquiere una dimensión particular en un país donde la matriz energética viene de una crisis de inversión de más de una década y donde recién ahora empiezan a ejecutarse obras de transporte de gran escala vinculadas al boom de Vaca Muerta.
La paradoja es evidente: Argentina exporta cada vez más energía gracias a Vaca Muerta, mientras al mismo tiempo buena parte de sus proyectos mineros no logra acceder de manera confiable a esa misma energía dentro de sus propias fronteras. El desarrollo de la cuenca neuquina y el desarrollo del arco minero cordillerano —de Catamarca a San Juan, pasando por Jujuy y Salta— avanzan como dos historias de éxito que, sin embargo, todavía no terminan de conectarse entre sí en términos de infraestructura.
Quién paga la solución
El esquema que se impone, ante la falta de una extensión rápida del SADI hacia estas zonas, es el de la generación distribuida a cargo de las propias empresas mineras: contratos de suministro con compañías especializadas en energía modular, generación térmica de respaldo y, cada vez con mayor frecuencia, proyectos híbridos que combinan generación solar o eólica con almacenamiento y respaldo a gas o diésel. Es una solución que funciona, pero que encarece la estructura de costos de cada proyecto y que traslada al sector minero una inversión que, en otras geografías mineras del mundo, suele correr por cuenta del Estado o de los operadores de la red.
El propio marco del Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI) contempla beneficios fiscales para la importación de bienes de capital, entre ellos equipos de generación energética, lo que en los hechos funcionó como un paliativo parcial para que los grandes proyectos de litio y cobre puedan financiar su propia infraestructura eléctrica sin que el costo tributario se vuelva prohibitivo. Pero un incentivo fiscal no reemplaza a una red de transporte: resuelve el costo de comprar el generador, no el problema estructural de fondo.
Con siete proyectos de cobre en danza para entrar en etapa de construcción en los próximos años —varios de ellos de escala mundial— y con el litio consolidando su curva de producción, la pregunta de la infraestructura energética dejó de ser un tecnicismo de ingeniería para convertirse en una variable central de la ecuación de inversión. Ningún RIGI, por generoso que sea en materia impositiva o cambiaria, puede compensar por sí solo la ausencia de una línea de alta tensión donde hace falta.
La minería argentina tiene el recurso, tiene la demanda internacional y, cada vez más, tiene el capital dispuesto a apostar por el país. Lo que todavía no tiene, en buena parte del territorio donde se juega su próxima década, es el cable.