La secretaría de Minería elimina ocho normas y programas como parte de la reorganización del Estado
La disposición de la secretaría de Minería derogó resoluciones dictadas entre 2008 y 2022 que regulaban programas, mesas de trabajo y mecanismos de asistencia.
El Gobierno nacional avanzó con una nueva depuración del marco normativo minero y dejó sin efecto ocho resoluciones dictadas entre 2008 y 2022, al considerar que algunas agotaron su objeto y que otras crearon programas o estructuras que perdieron operatividad o deben ser reemplazadas por mecanismos diferentes.
La decisión fue adoptada por la Secretaría de Minería y se inscribe en el proceso de reorganización de la administración pública impulsado por el Ejecutivo a partir de la Ley Bases y de las normas posteriores destinadas a simplificar procedimientos y eliminar estructuras consideradas innecesarias.
El paquete no tiene un efecto uniforme. Incluye desde disposiciones vinculadas con la emergencia por Covid-19 y prórrogas cuyos plazos ya vencieron hasta programas de planificación, monitoreo ambiental y articulación federal creados durante administraciones anteriores.
El Plan Estratégico Minero, entre las bajas
Uno de los principales instrumentos eliminados es el Plan Estratégico para el Desarrollo Minero Argentino, creado en 2020 con el objetivo de establecer una planificación de largo plazo para el sector y generar espacios de participación entre el Estado nacional, las provincias y distintos actores vinculados con la actividad.
La Secretaría consideró que las estructuras creadas bajo ese esquema perdieron operatividad y que sus funciones pueden ser absorbidas por nuevas instancias de coordinación.
También quedó eliminada la Mesa Técnica de Análisis para la revisión de operaciones de importación, otro instrumento creado en 2020 y asociado a un esquema de administración del comercio exterior que posteriormente fue modificado.
La resolución alcanza además a la Red Federal de Mujeres Mineras Argentinas, constituida en 2021 como ámbito de articulación entre Nación, provincias y organizaciones vinculadas con la actividad.
Cambios en un programa de monitoreo ambiental
Entre las derogaciones aparece también el Proyecto Federal de Fortalecimiento de Capacidades de Monitoreo de Variables Ambientales de la Minería, establecido en 2022.
El programa había sido diseñado como un mecanismo de cooperación técnica y financiera para fortalecer las capacidades de monitoreo ambiental vinculadas con la actividad minera.
En este caso, la resolución sostiene que el esquema debe ser reemplazado por mecanismos alternativos más eficientes, aunque no establece dentro de la misma norma cuáles serán esos instrumentos ni cómo se implementarán.
La decisión se produce en momentos en que el crecimiento de la cartera de proyectos de cobre, litio, oro y plata vuelve a colocar el monitoreo y control ambiental entre los desafíos asociados con una eventual expansión de la minería argentina.
Normas que habían quedado desactualizadas
Otra parte del paquete tiene un carácter esencialmente administrativo. Se derogaron dos resoluciones de 2008 que establecían mecanismos para la transferencia y rendición de fondos destinados a provincias y municipios.
También quedó sin efecto una disposición de 2020 que había adaptado procedimientos del Plan Nacional de Minería Social al contexto excepcional provocado por la pandemia de Covid-19.
A ellas se suma una resolución de 2022 que había otorgado una prórroga extraordinaria de 180 días para presentar rendiciones correspondientes a programas como el Plan Nacional de Minería Social y Huellas Mineras. Al tratarse de un plazo ya cumplido, el Gobierno consideró que la norma había agotado su objeto.
Qué pasa con los compromisos existentes
La derogación de las resoluciones no implica que desaparezcan las obligaciones generadas mientras estuvieron vigentes.
La Secretaría estableció que los convenios, proyectos, transferencias, rendiciones de cuentas y demás compromisos pendientes continuarán tramitándose bajo las condiciones correspondientes. Lo mismo ocurrirá con eventuales procedimientos destinados a recuperar fondos cuya utilización no haya sido debidamente acreditada.
De esta manera, la medida busca cerrar formalmente programas y estructuras anteriores sin interrumpir los expedientes o compromisos que todavía se encuentren pendientes.
La decisión se suma a otros cambios introducidos durante los últimos meses en la regulación minera, con los que el Gobierno busca reducir procedimientos administrativos y reorganizar los instrumentos de promoción y control del sector en momentos en que la actividad atraviesa una fuerte expansión de inversiones, principalmente alrededor del cobre y el litio.