La Justicia de San Juan garantiza la operación de Vicuña y limita la intervención de terceros
Una cautelar judicial define que solo la autoridad minera de San Juan puede frenar el proyecto, en medio de un conflicto con La Rioja por restricciones logísticas.
Un juzgado de primera instancia de la provincia de San Juan resolvió hacer lugar a una medida cautelar presentada por la empresa a cargo del Proyecto Vicuña, habilitando la continuidad de las operaciones en territorio sanjuanino. La decisión establece que la actividad puede desarrollarse sin interferencias externas, siempre bajo la órbita de la autoridad minera provincial.
El fallo introduce un punto central: solo las autoridades de San Juan tienen competencia para disponer eventuales restricciones o suspensiones sobre el proyecto, que cuenta con habilitación del Ministerio de Minería provincial.
Conflicto interprovincial: San Juan vs. La Rioja
La resolución judicial se inscribe en un conflicto abierto entre San Juan y La Rioja por la actividad en el área del proyecto. Desde territorio riojano se había dictado una medida que ordenaba la suspensión total de las actividades y restricciones de tránsito en rutas provinciales, lo que implicaba un bloqueo logístico para la operación.
Ante ese escenario, la empresa acudió a la justicia sanjuanina, que respondió con una cautelar que deja sin efecto cualquier intento de paralización que no provenga de autoridades con jurisdicción directa sobre el proyecto.
Jurisdicción minera y control operativo
El eje del fallo pasa por la delimitación de competencias. La justicia de San Juan reafirma que el control técnico y regulatorio corresponde a la provincia donde se emplaza el proyecto, respaldando su continuidad en función de permisos vigentes. Además, la medida prohíbe a terceros -públicos o privados- interferir en las operaciones, consolidando un criterio de autoridad provincial sobre la actividad minera en su territorio.
Uno de los puntos más sensibles del conflicto es la logística. Las restricciones de tránsito impulsadas desde La Rioja apuntaban a limitar el acceso al proyecto, afectando el movimiento de insumos, equipos y personal. Con la cautelar vigente, la operación mantiene su continuidad operativa, mientras el equipo legal de la empresa avanza en la revisión de las medidas dictadas en la provincia vecina.
La resolución de San Juan refuerza el principio de jurisdicción provincial sobre los recursos naturales, pero también deja planteado el desafío de coordinación entre distritos.
En términos operativos, el antecedente fija una referencia para proyectos ubicados en áreas de frontera interprovincial, donde la estabilidad de permisos, accesos y marcos regulatorios define la continuidad de las campañas de exploración y desarrollo.