El Gobierno respaldó a Vicuña en la disputa por la línea eléctrica y fijó un precedente
El ENREGE rechazó las objeciones de San Juan, La Rioja y empresas mineras y confirmó que Vicuña tendrá prioridad sobre el 90% de la capacidad de la nueva línea de alta tensión.
Campamento de Vicuña.
vicuña.comEl Gobierno nacional resolvió una de las disputas más relevantes que enfrentaba el desarrollo de la infraestructura eléctrica para la minería argentina. Mediante la Resolución 330/2026, el Ente Nacional Regulador del Gas y la Electricidad (ENREGE) otorgó el Certificado de Conveniencia y Necesidad Pública (CCyNP) para las obras de abastecimiento eléctrico del proyecto Josemaría, operado por Vicuña Argentina, y rechazó todas las impugnaciones presentadas por provincias y otras compañías mineras.
La decisión habilita la construcción de un conjunto de obras que incluyen la adecuación de la Estación Transformadora Nueva San Juan, una nueva estación en Rodeo, una línea de extra alta tensión de 500 kV entre Rodeo y Chaparro de aproximadamente 167 kilómetros, y la nueva Estación Transformadora Chaparro, desde donde se abastecerán los 260 MW que demandará inicialmente el proyecto de cobre ubicado en Iglesia, San Juan.
Prioridad
Pero el aspecto más trascendente de la resolución no pasa por la autorización de la obra, sino por el criterio adoptado respecto de la capacidad de transporte. El ENREGE confirmó que Vicuña tendrá prioridad sobre el 90% de la capacidad remanente e incremental que genere la nueva infraestructura durante 25 años, un plazo equivalente a la vida útil estimada de la mina.
El organismo fundamentó la decisión en el principio de que quien realiza la inversión debe poder asegurar el uso de la infraestructura que financia. Según la resolución, la empresa asumirá íntegramente el costo de construcción y el riesgo financiero del proyecto, sin trasladar esa inversión al Estado ni a los usuarios del sistema eléctrico. En ese marco, sostuvo que reconocer un derecho preferencial de utilización constituye un incentivo para desarrollar obras que difícilmente se ejecutarían bajo un esquema de financiamiento exclusivamente público.
Las objeciones
La decisión había generado fuertes cuestionamientos durante la audiencia pública realizada en junio. El EPRE de San Juan y la Secretaría de Energía de La Rioja plantearon que la prioridad otorgada a Vicuña podía afectar la planificación energética regional y limitar el acceso futuro de otros usuarios a la infraestructura.
Por su parte, empresas como Andes Corporación Minera, desarrolladora de Los Azules, y Golden Mining, vinculada al proyecto Hualilán, sostuvieron que reservar el 90% de la capacidad equivalía, en los hechos, a bloquear el ingreso de futuros emprendimientos mineros que también necesitarán conectarse al Sistema Argentino de Interconexión (SADI).
El ENREGE rechazó ambos planteos. En el caso de las provincias, recordó que el transporte de energía en alta tensión constituye una competencia federal, por lo que los gobiernos provinciales no poseen facultades para vetar obras dentro del sistema nacional.
Respecto de las objeciones empresarias, sostuvo que la nueva línea no reduce la capacidad disponible sino que la crea, fortaleciendo el sistema eléctrico de toda la región. Además, señaló que el 10% de capacidad libre remanente permitirá atender nuevas demandas mientras futuras ampliaciones acompañen el crecimiento del distrito minero.
Un precedente para la minería
Más allá del caso puntual de Josemaría, la resolución marca un antecedente para los numerosos proyectos de cobre que buscan avanzar en la cordillera argentina.
El principal cuello de botella para varios de ellos ya no es geológico ni financiero, sino de infraestructura. Además de caminos y puertos, la disponibilidad de energía eléctrica de alta tensión aparece como uno de los factores críticos para el desarrollo de minas que demandarán cientos de megavatios de potencia de manera continua.
Con esta decisión, el Gobierno fija una señal clara hacia los inversores: las empresas que financien nuevas líneas de transporte podrán obtener un derecho prioritario de utilización durante un período determinado. El criterio apunta a acelerar inversiones privadas en infraestructura estratégica, evitando que el costo recaiga sobre el Estado y reduciendo los tiempos de ejecución de obras indispensables para el desarrollo productivo.
La resolución también anticipa un debate que probablemente vuelva a repetirse en los próximos años. A medida que avancen los grandes proyectos de cobre en San Juan, Catamarca y Salta, la necesidad de ampliar la red de transporte eléctrico crecerá con rapidez. El desafío será encontrar un equilibrio entre brindar previsibilidad a quienes financian las obras y garantizar que esa infraestructura pueda acompañar el desarrollo de nuevos emprendimientos que también buscarán conectarse al sistema nacional.