Con metas más que cupos, San Juan debate una Ley Desarrollo Minero
El gobierno de Marcelo Orrego envió a la Legislatura de San Juan el proyecto que defiende proveedores y mano de obra local.
Expo San Juan Minera 2026.
Milagros Lostes / MDZEn momentos en que la provincia se prepara para recibir inversiones mineras por decenas de miles de millones de dólares, el Gobierno de San Juan envió a la Legislatura un proyecto de Ley de Desarrollo Local Minero que apunta a garantizar que el impacto económico del boom del cobre llegue efectivamente a las empresas, trabajadores y comunidades sanjuaninas. La iniciativa es el resultado de más de un año de negociaciones entre el Ejecutivo, las cámaras empresarias, proveedores y compañías mineras, y busca establecer reglas de largo plazo para maximizar el derrame de una actividad que promete transformar la economía provincial.
El proyecto llega en un momento clave. San Juan concentra algunos de los mayores desarrollos cupríferos del mundo, entre ellos los proyectos Josemaría, Filo del Sol, Los Azules y El Pachón. Sólo el distrito Vicuña, impulsado por Lundin Mining y BHP, prevé inversiones multimillonarias y miles de puestos de trabajo durante las etapas de construcción y operación. Frente a esa perspectiva, la provincia busca evitar que buena parte de los contratos y compras terminen en empresas radicadas fuera de San Juan o incluso del país.
Metas progresivas más que cupos
La norma establece la creación de un marco regulatorio específico para promover la contratación de mano de obra local, el fortalecimiento de proveedores sanjuaninos y la incorporación de bienes y servicios producidos en la provincia. A diferencia de iniciativas anteriores, no plantea cupos rígidos de cumplimiento obligatorio, sino metas progresivas y mecanismos de planificación que deberán presentar las empresas mineras y sus contratistas.
Entre los puntos centrales figura la obligación de elaborar planes de desarrollo de empleo y de proveedores locales, donde cada compañía deberá informar cómo prevé incrementar la participación de trabajadores y empresas sanjuaninas a medida que avance el proyecto. El esquema contempla además mecanismos de monitoreo, auditoría y evaluación periódica de resultados.
Registros de proveedores y contratistas
Otro de los aspectos relevantes es la creación de registros específicos de proveedores y contratistas, con distinciones entre empresas radicadas en las comunidades cercanas a los emprendimientos y aquellas establecidas en el resto de la provincia. El objetivo es contar con información precisa sobre la oferta local disponible y facilitar la vinculación con las compañías mineras.
El proyecto también define con precisión quién podrá ser considerado trabajador local. Según los borradores que circularon durante la etapa de discusión, se exigirá acreditar residencia efectiva en San Juan y una antigüedad mínima de domicilio en la provincia, buscando evitar radicaciones temporarias realizadas únicamente para acceder a los beneficios de contratación.
Uno de los debates más intensos durante la elaboración de la ley estuvo relacionado con los porcentajes de participación local. Las versiones iniciales hablaban de objetivos de hasta 80% de empleo sanjuanino y 60% de contratación de proveedores provinciales, aunque siempre condicionados a la existencia de oferta competitiva y capacidad técnica disponible. Finalmente, el Gobierno optó por un esquema más flexible, basado en metas y planes de mejora continua, para evitar conflictos con la legislación nacional y con los compromisos asumidos por las empresas ante inversores internacionales.
Normativa integral
La iniciativa refleja además una preocupación creciente en las provincias mineras. La llegada de grandes proyectos internacionales está generando oportunidades inéditas, pero también el riesgo de que buena parte de los bienes, servicios especializados y mano de obra calificada provengan de otros mercados. La discusión se profundizó en las últimas semanas tras conocerse que parte de la infraestructura habitacional del proyecto Vicuña será fabricada en China y trasladada a San Juan, un caso que reavivó el debate sobre cuánto valor agregado quedará efectivamente en la economía local.
Para el gobierno de Marcelo Orrego, la nueva ley busca justamente anticiparse a ese escenario. La apuesta es que el ciclo de inversiones que se abre con el cobre no sólo incremente las exportaciones y la recaudación provincial, sino que permita desarrollar una red de proveedores competitivos capaces de insertarse en la cadena de valor minera durante las próximas décadas. Si el proyecto avanza en la Legislatura, San Juan podría convertirse en una de las primeras provincias argentinas en contar con una normativa integral de desarrollo local específicamente diseñada para la minería de gran escala.