Chile refuerza el impacto territorial del royalty minero con nuevas transferencias
Más de (US$120 millones fueron distribuidos a 308 comunas de Chile en un esquema que complementa la estructura tributaria del sector.
El esquema de royalty minero en Chile continúa consolidando su impacto territorial: en abril de 2026, el Estado transfirió más de $113.268 millones (aprox. US$120 millones) a municipios de todo el país, en el marco de una nueva distribución de recursos prevista por la Ley 21.591, vigente desde 2024 y con aplicación plena desde 2025.
Se trata de fondos provenientes del gravamen a la actividad minera -principalmente la gran minería del cobre- que se canalizan a través del Fondo de Equidad Territorial (FET) y el Fondo de Comunas Mineras (FCMI), dos instrumentos que estructuran el reparto de la renta hacia los territorios. Mientras el FET apunta a reducir brechas entre municipios, el FCMI concentra recursos en zonas directamente vinculadas a la actividad extractiva.
Distribución territorial: alcance nacional y foco minero
El alcance del sistema es amplio: 308 comunas recibieron fondos en esta primera distribución de 2026, lo que confirma que el royalty en Chile no queda limitado a las regiones mineras, sino que forma parte del esquema de financiamiento municipal a nivel país.
Entre los municipios con mayores transferencias aparecen Puente Alto con $3.771 millones (US$4 millones), Calama con $2.263 millones (US$2,4 millones), Maipú con $1.949 millones (US$2,1 millones) y Copiapó con $1.492 millones (US$1,6 millones).
En el caso del Fondo de Comunas Mineras, las transferencias alcanzaron a 89 comunas, con fuerte presencia de distritos como Calama, Copiapó, Huasco o Tierra Amarilla, donde la minería tiene incidencia directa en la actividad económica y en la estructura productiva local.
A nivel regional, la distribución también evidencia una lógica amplia: la Región Metropolitana encabezó con $18.679 millones (US$19,8 millones), seguida por Valparaíso con $15.126 millones (US$16 millones) y O’Higgins con $10.385 millones (US$11 millones), mientras que regiones con fuerte perfil minero como Antofagasta recibieron $7.070 millones (US$7,5 millones).
Qué implica el royalty en Chile
El royalty minero funciona como un instrumento fiscal aplicado sobre la renta de la actividad extractiva que incorpora un componente explícito de redistribución territorial. A diferencia de esquemas más centralizados, parte de los ingresos generados por la minería retorna de manera directa a los municipios, ya sea por su vínculo con la actividad o por criterios de equidad.
En 2025, este sistema ya había canalizado $52.721 millones (US$56 millones) al Fondo de Comunas Mineras y $165.595 millones (US$175 millones) al Fondo de Equidad Territorial, dentro de un esquema de financiamiento municipal que en total superó los $2.932.726 millones (US$3.100 millones).
La normativa permitió una distribución preliminar en 2024 y comenzó a operar de manera definitiva en 2025, consolidando un mecanismo que vincula la generación de renta minera con la transferencia de recursos hacia los territorios.
El royalty dentro de la carga tributaria minera
El royalty no reemplaza otros tributos, sino que se suma como un componente adicional dentro del esquema fiscal que enfrentan las compañías mineras en Chile. Es decir, opera como un gravamen específico sobre la actividad -particularmente sobre la renta o las ventas operacionales de la gran minería- que se incorpora junto al impuesto a la renta corporativa, los gravámenes generales y otros aportes sectoriales.
En ese sentido, su diseño introduce una capa adicional de captura de valor sobre la explotación de recursos naturales no renovables, con un destino parcialmente asignado de forma directa a los territorios. La creación del FET y del FCMI institucionaliza ese flujo: no sólo se recauda más, sino que se establece un mecanismo claro de distribución periódica hacia municipios.
Los datos de transferencias reflejan esa lógica. Sólo en las dos primeras cuotas de 2026 se movilizaron más de $113.268 millones (US$120 millones), mientras que en 2025 los fondos asociados al royalty ya habían superado los $218.000 millones (más de US$230 millones) entre ambos instrumentos.
Así, el royalty se posiciona como un complemento dentro de la estructura tributaria minera chilena, con una particularidad: su impacto tiene una trazabilidad directa en el financiamiento de gobiernos locales a lo largo de todo el país.